Foto: Diego Pérez / SPDA
- A un año del mayor desastre ambiental en el mar peruano, la Defensoría recuerda que está pendiente la limpieza de las zonas contaminadas y la compensación a los afectados.
Doce meses después del derrame de unos 12 mil barriles de petróleo en una estación de la Refinería La Pampilla, operada por Repsol, la Defensoría del Pueblo pidió al Estado “una acción articulada y continua”, para concluir la limpieza de las zonas afectadas por este desastre ambiental y compensar a los más de 10 mil afectados.
El organismo también resaltó que, en octubre pasado, se venció la declaratoria de emergencia ambiental y a la fecha no se cuenta “con un plan de manejo de mediano y largo plazo que permita dar continuidad a las labores en forma planificada y articulada entre las distintas entidades, considerando que en dicho mes el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) determinó que 71 de los 97 sitios impactados por el derrame continuaban afectados por hidrocarburos”.
Lissette Vásquez, adjunta para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría señaló que “se requieren realizar monitoreos y estudios permanentes a las zonas afectadas, lo cual permitirá adoptar medidas inmediatas para proteger el ambiente y la salud, más aún cuando estamos en temporada de verano y de oleajes anómalos”.
Asimismo, recordó que se encuentra pendiente que la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa) realice evaluaciones sanitarias que consideren estándares internacionales de hidrocarburos para playas de uso recreacional, teniendo en cuenta que 25 playas de este tipo fueron afectadas.
Según Vásquez, es importante concluir los estudios que permitan conocer los reales impactos y riesgos respecto a la actividad pesquera y a los recursos hidrobiológicos, que permitan al Ministerio de la Producción y al Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes) evaluar y, de ser el caso, disponer las medidas que correspondan para proteger el derecho a la salud de la población.
Foto: Jaime Tranca / SPDA
Compensación a los afectados
La Defensoría también se refirió a las más de 10 mil personas que trabajaban en actividades relacionadas con el mar pero fueron afectadas por este desastre ambiental. Según el organismo, aún están pendientes las “compensaciones justas”. Al respecto, señaló que se deben acelerar las negociaciones.
Finalmente, la institución afirmó que, desde hace seis años, viene alertando a las autoridades sobre “la necesidad de mejorar el marco normativo para una adecuada atención de los impactos sociales producidos en el contexto de emergencias ambientales”, pero estas recomendaciones aún se encuentran pendientes de atención.
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