Líder shipibo-konibo viene denunciando amenazas a los territorios indígenas. Foto: composición Actualidad Ambiental.

• Apu Miguel Guimaraes, vicepresidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), sufrió el ataque de su vivienda en Yarinacocha (Ucayali).
• Sujetos no identificados dejaron un mensaje amenazante en la pared del domicilio del líder del pueblo shipibo-konibo, quien viene denunciando el avance de actividades ilegales en territorios indígenas.

Miguel Guimaraes Vásquez, vicepresidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y destacado representante del pueblo shipibo-konibo, sufrió el ataque de su vivienda, la noche del último 24 de abril, en Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo (Ucayali). Los sujetos que perpetraron el ataque escribieron “no vivirá” en una de las paredes del hogar del apu.

Estas personas, aún sin identificar, quemaron ventanas, forzaron las puertas y robaron las pertenencias del líder indígena.

Al momento del ataque, Guimaraes se encontraba retornando al Perú, luego de participar en la Tercera Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú (COP3 de Escazú), desarrollada del 22 al 24 de abril, en Santiago de Chile. Ninguno de sus familiares estaba presente en el domicilio durante el incidente.

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Sobre el ataque a la vivienda del dirigente indígena, Aidesep, mediante un pronunciamiento difundido en redes sociales, exigió al Ministerio Público iniciar una investigación inmediata “con celeridad para recopilar los medios probatorios que permitan identificar a los responsables de este terrible hecho”.

Asimismo, exhortaron al Ministerio del Interior a implementar medidas de seguridad personales idóneas, oportunas y efectivas para garantizar la vida e integridad del apu y su familia.

En esa línea, pidieron al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que active el mecanismo intersectorial para la protección de personas defensoras de derechos humanos, “garantizando la articulación multinivel con las entidades estatales competentes y coordinando con las organizaciones indígenas”.

“Es obligación del Estado que las medidas de protección sean efectivas para evitar nuevos atentados”, se lee en el pronunciamiento.

La principal organización indígena de la Amazonía peruana denunció que el ataque al apu no es un hecho aislado, “sino que se da en un contexto de violencia sistemática, amenazas y atentados contra los defensores indígenas, quienes luchan por defender los derechos colectivos y los territorios ancestrales ante el avance de actividades ilícitas”.

En tanto, Silvana Baldovino, directora del programa Biodiversidad y Pueblo Indígenas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), hizo un llamado al Gobierno central para garantizar la vida del líder shipibo-konibo: “Frente a esta situación resulta urgente implementar las medidas necesarias para su protección, y corresponde al Poder Ejecutivo la adecuada implementación del Mecanismo Intersectorial de Protección de Personas Defensoras”

Efectivos policiales constataron el ataque a la vivienda de Guimaraes. Foto: Difusión

Al momento del incidente no se encontraba ningún familiar del apu en la vivienda. Foto: Difusión

Sujetos desconocidos escribieron «no vivirá» en la pared del domicilio violentado. Foto: Difusión.

Miguel Guimaraes denunció amenaza a territorios indígenas

A inicios de este mes,  Guimaraes ofreció una entrevista al portal Inforegión. En línea con el pronunciamiento de varias organizaciones indígenas en defensa de los derechos de la comunidad nativa Santa Clara de Uchunya, denunció que las autoridades «son cómplices» de la empresa Ocho Sur, dedicada a la palma aceitera en Ucayali.

De acuerdo con el vicepresidente de Aidesep, esta empresa viene siendo denunciada desde hace diez años en diferentes espacios en los que las organizaciones indígenas participan. Ocho Sur ha deforestado “más de 7 mil hectáreas de bosques primarios para sembrar palma a vista y paciencia de las autoridades”.

Foto: Ideele Radio.

“Ya no confiamos en las autoridades porque la Fiscalía también está involucrada en esta situación. Esperamos que las autoridades competentes puedan tomar acciones correctivas para fortalecer la relación con la comunidad”, declaró a Inforegión.