- Con este nuevo crimen se eleva a 14 los defensores ambientales asesinados durante la pandemia según datos recogidos por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).
Este último domingo, Juan Julio Fernández Hanco (59), defensor ambiental y hermano de Germán Fernández, uno de los coordinadores del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata (Madre de Dios) y teniente gobernador del centro poblado Nueva Arequipa, fue hallado sin vida dentro de la vivienda de su hermano tras recibir dos impactos de bala en el cuerpo.
Con el crimen de Juan Fernández, ya son 14 los defensores ambientales asesinados desde el inicio de la pandemia. Esta cifra reúne los casos reportados por las organizaciones indígenas y el Estado peruano.
En declaraciones al Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica, la hermana de Germán Fernández señaló que hace dos semanas también fue secuestrada por personas vinculadas a la minería ilegal cuando se encontraba en la chacra de su familia. Por ello, Germán como su padre cuentan con garantías para su vida; sin embargo, su hermano Juan no tenía esta protección.
«A mí todos los días me amenazan. Vienen a la puerta de mi casa y mandan disparos al aire. (…) Siempre he luchado contra la minería ilegal en toda la zona de amortiguamiento, pero allí no hay control. Hay policías que no trabajan, y es por eso que no los pueden sacar de allí», agregó.
De acuerdo a información de Víctor Zambrano, presidente del Comité de Gestión, el crimen pudo tener como objetivo a Germán Fernández, por su labor en la defensa del territorio y los bosques frente a actividades ilegales como es la invasión de terrenos y tala ilegal. Como se recuerda, Madre de Dios tiene un historial de asesinatos a defensores ambientales.
El penúltimo crimen se registró en setiembre de 2020, con el asesinato del hijo del ambientalista Demetrio Pacheco. El cuerpo de Roberto Carlos Pacheco fue hallado por su padre cerca a la comunidad de San Juan, colindante con la concesión que tenía a cargo. Dos balas, una en la cabeza y otra en la cadera, acabaron con la vida de Roberto Carlos, quien fue buscado por horas por su padre tras no regresar luego de sus labores diarias.
En su momento, el presidente del comité lamentó la falta de atención oportuna frente a estos casos. “Habían denunciado desde un año atrás. Ninguna autoridad hizo algo para protegerlos. Pidieron las garantías correspondientes y no se las quisieron dar”, lamentó el reconocido defensor ambiental en una reciente presentación.
Así como él, en noviembre de 2015, Alfredo Ernesto Vracko Neuenschwander fue asesinado tras recibir reiteradas amenazas de parte de mineros ilegales que continuaban invadiendo concesiones forestales en La Pampa, ubicada en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata.
La labor del Comité de Gestión tiene como primera acción la prevención y atención de conflictos socio ambientales, recepción de alertas y diálogo permanente con sus coordinadores. Actualmente cuenta con 38 coordinadores divididos por sectores geográficos, que hacen vigilancia y control de actividades ilegales en la reserva y su zona de amortiguamiento. Esta iniciativa ciudadana es liderada por el ambientalista Víctor Zambrano.
¿Qué medidas se dan a favor de los defensores?
En abril de 2021 se creó el Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos, una herramienta legal que busca garantizar la prevención, protección y acceso a la justicia de las personas defensoras de derechos humanos frente a las situaciones de riesgo, a través del trabajo coordinado entre ocho ministerios.
Asimismo, a inicios de año, el partido político Alianza para el Progreso presentó el Proyecto de Ley 01106/2021-CR que busca modificar los artículos 108-A y 121 del Código Penal a fin de incorporar en los tipos penales de “homicidio calificado” y de “lesiones graves” un agravante cuando se trate de una persona que tenga la condición de guardaparque, líder o defensor ambiental.
«Lo preocupante de esta situación es que Juan Julio es la tercera persona defensora ambiental víctima de asesinato en Madre de Dios mientras que los casos de los dos defensores ambientales antes asesinados continúan sin encontrar justicia. La impunidad con la que actúan los ilegales en Tambopata continúa generando un contexto retador y mortal para quienes buscan defender sus tierras y bosques porque son sus medios de vida, por eso su lucha nunca va a parar», señaló Luisa Ríos, coordinadora regional de la SPDA en Madre de Dios.
«Es urgente y necesario que el Estado tome cartas en el asunto y cumpla su rol de asegurar la protección de las y los defensores ambientales, y que se continúen y mejoren las acciones para detener la minería y tala ilegal en Madre de Dios», agregó la especialista.
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