• La brecha entre los grupos dominantes del recurso hídrico y los sectores menos beneficiados de este evidencian una gran problemática en la zona metropolitana de la capital. ¿Existen propuestas para cambiar esta realidad?

Hace unos días, la Revista Ambiente y Urbanización del IIED América Latina de Argentina publicó el artículo “Configuración de la gobernanza del agua: actores, redes, territorialidades y resultados en Lima, Perú” de autoría de Liliana Paredes, directora del Foro Ciudades para la Vida, red que agrupa 57 instituciones (gobiernos locales, universidades, etc.) que promueve viviendas y barrios ecoeficientes, saludables y con una mejor calidad ambiental.

Orientado a la provisión del agua en la ciudad de Lima Metropolitana, más que nada al consumo del agua potable, el artículo identifica cuatro redes, entre las que figuran grupos dominantes que controlan la demanda (SEDAPAL, Ejecutivo con ministerios, Congreso, ProInversión), y otros sectores que, incluso, no cuentan con el suministro de agua (municipalidades, comunidades, sociedad civil, etc.), lo que genera una gran desigualdad y conflictos sociales.

Entre las conclusiones para frenar los niveles de desigualdad, vulnerabilidad y fragmentación de comunidades, usuarios y sociedad civil frente a las coaliciones dominantes y poderosas, el artículo recomienda trabajar con un enfoque que combine cuestiones socioambientales y permita la construcción de nuevas alianzas hídricas. ¿Pero será posible lograrlo?

Para Liliana Miranda, este escenario es muy complicado, pues requiere de una red de actores que ponga el tema en agenda logre el suficiente poder para equilibrar las gestiones de las redes dominantes y se eviten acciones que muchas veces son pagadas por usuarios residenciales y no por inversionistas importantes como mineras, pese a que son del grupo que consume y contamina más.

Un caso concreto también guarda relación con las redes de cuenca, las cuales no cuentan con el poder suficiente y están constituidas sobre la base del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego del Perú (Midagri) y no cuentan con el apoyo necesario de los gobiernos regionales por un tema de desconocimiento y solo toman acciones ante el riesgo de quedarse sin agua por un proyecto del grupo dominante, que “no reconoce ningún pago por servicio ambiental a pobladores y campesinos pobres”.

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Miranda considera que el gobierno no es consciente del poder que tiene para restablecer esta situación y desde el Midagri se mantiene la tendencia de concentrar las labores en temas de tecnología y fertilizantes y la publicitada Segunda Reforma Agraria no toma en cuenta esta redistribución más equitativa del agua.

“El tema de cuánta agua recibe cada uno y de qué calidad no es una pregunta que esté siendo atendida hasta el momento. Es un tema de gobernanza del agua que tiene que reconfigurarse sobre otras premisas y principios para que el agua más sucia no le llegue a los más pobres y encima que la mayor cantidad vaya a otros sectores y no hacia ellos. Y lo peor de todo, que no se considere el grave desafío que va a significar cuando nos agarre la sequía”, precisa la experta en urbanismo con enfoque ambiental.

Precisamente, sobre el documento aprobado sobre la Segunda Reforma Agraria, si bien Liliana Miranda considera que menciona conceptos claros referidos a seguridad hídrica, este podría mejorar con un texto más claro sobre la redistribución y descontaminación del agua, además de mencionar a los grupos poderosos que se apropian de esta.

Otro punto clave para la directora de Foro Ciudades para la Vida es que al medir el consumo de agua en términos multisectoriales, no prevalece el consumo humano ni agrícola, sino lo que generan las centrales hidroeléctricas, el sector industrial y minero. Luego, se toma en cuenta el consumo humano y la producción agrícola familiar, que suele ser la más perjudicada. Ante este escenario, ¿qué soluciones existen?

“La solución que le dan (a productores familiares) es generar agua a través de tecnologías ancestrales como siembra y cosecha de agua, micro reservorios y el riego tecnificado, pero todavía es insuficiente. Lo que se necesario desde el sector de agua y saneamiento, desde el Ministerio de Vivienda, es que exista algún tipo de cambio de política. Es desde ahí donde necesitamos una lógica de por ejemplo de reciclaje, reusó y repotabilización de agua para evitar caer en escasez y racionamiento en ciudades muy grandes como Lima”, finaliza Miranda.

Propuestas en gobernanza hídrica

Desde hace unos años, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) impulsa la creación e implementación de mecanismos que permitan una mejor gestión del recurso hídrico, así como en el incremento de actividades que permitan optimizar la conservación de cuenca y, a su vez, mejorar la redistribución por servicios ecosistémicos hidrológicos.

La Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (Ley N° 30215) y su Reglamento (Decreto Supremo N° 009-2016-MINAM), así como normas de SUNASS respecto de mejora del uso de fondos provenientes de las tarifas de agua, son algunas de las propuestas trabajadas por la SPDA y que esperan contribuir a una gobernanza más eficiente, transparente y oportuna.