Luego de cinco días de paro indefinido en la provincia de Islay contra el proyecto minero Tía María, el Ministerio de Defensa autorizó la intervención de las Fuerzas Armadas para brindar apoyo a la Policía Nacional con el fin de detener los actos de violencia que se registran desde el último miércoles.
Según informa Andina, esta medida fue establecida por la resolución suprema 113-2011 que rige del 27 de marzo al 10 de abril, fecha en que se realizará las elecciones presidenciales. Los efectivos enviados se encargarán de resguardar el orden interno y los servicios públicos como agua, luz, aeropuertos, carreteras, entre otros.
La medida fue establecida a través de la resolución suprema Nº 113-2011/DE, publicada hoy en las Normas Legales del El Peruano.
ISLAY NO QUIERE TÍA MARÍA
Cabe resaltar que esta nueva manifestación, impulsada por el Frente Amplio de Defensa del Valle del Tambo, se generó luego de que el Ministerio de Energía y Minas le diera 90 días a la empresa Southern Perú Copper Corporation para subsanar las observaciones al Estudio de Impacto Ambiental sobre el proyecto cuprífero.
Como en la anterior manifestación ocurrida en noviembre de 2010, los dirigentes se oponen al proyecto minero, debido a la contaminación que produciría la minera que busca instalarse en la cabecera del río Tambo.
Para detener el conflicto, los dirigentes han solicitado una reunión con el Ejecutivo en el distrito de Cocachacra, donde el único tema a tratar será el retiro del proyecto minero. Sin embargo, hasta el momento la respuesta del Gobierno ha sido solo el envío de las Fuerzas Armadas.
El proyecto minero proyecta obtener 120 mil toneladas de cobre al año. Según Southern Perú, generaría 600 empleos directos y 3500 indirectamente, además beneficiaría a la región a través del canon. Sin embargo, los impactos ambientales y sociales que también generaría, han creado un intenso debate entre pobladores, el gobierno central y la propia minera.
ELECCIONES SERÍAN AFECTADAS
Según el presidente del Frente de Defensa del Valle del Tambo, Jaime de la Cruz, si la manifestación en Islay continúa, existe la posibilidad de que aproximadamente el 50% de la población no acuda a los locales de votación este 10 de abril, afectando el normal desarrollo de las elecciones generales. Los principales afectados serían los pobladores de La Punta de Bombón, Dean Valdivia y Cocachacra, que suman casi 30 mil.
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Foto: El Comercio
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