Nueve heridos, 18 detenidos y un bus incendiado es hasta el momento el saldo que deja la protesta contra el proyecto minero Tía María, en la localidad de Chucarapi, provincia de Islay (Arequipa), según el diario El Comercio.

El medio informa que cerca de 800 manifestantes pertenecientes al Frente de Defensa del Valle del Tambo, intentaron bloquear el km 1049 de la Panamericana Sur, enfrentándose a la Policía Nacional.

Durante la reyerta se produjo el incendio de un vehículo de la empresa Jacanbus, que había transportado a un grupo de policías. Asimismo, un centro de capacitación perteneciente a la minera fue saqueado y destruido parcialmente.

Los dirigentes del Frente de Defensa se oponen al proyecto minero promovido por Southern Perú, debido a la contaminación que produciría en el distrito de Cocachacra, y que repercutiría en todo el valle del Tambo. Asimismo, demandan al Estado más impulso a la agricultura y que se respete la decisión de los que viven en los territorios involucrados.

NO A LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA

Pese a que Southern Perú anunció que ya no pretende usar el agua del río Tambo para trabajos mineros (sino agua desalinizada), los pobladores se oponen al proyecto y quieren que dicha empresa se retire de la zona.

En declaraciones al diario El Comercio, Jorge Gutiérrez, presidente del Frente de Defensa, manifestó que ellos no quieren que les expliquen “de dónde sacarán el agua, tampoco la tecnología que usarán para evitar la contaminación, solo queremos que se vayan del valle y nos dejen vivir tranquilos”.

El dirigente propuso como única alternativa de solución, a la huelga indefinida, que el Gobierno designe una comisión de alto nivel que viaje hasta Tambo y ponga fecha a la consulta popular que permita a la población decidir si acepta la minería o la rechaza.

LOS VAIVENES DE TÍA MARÍA

El proyecto minero proyecta obtener 120 mil toneladas de cobre al año. Según Southern Perú, generaría 600 empleos directos y 3500 indirectamente, además beneficiaría a la región a través del canon. Sin embargo, los impactos ambientales y sociales que también generaría, han creado un intenso debate entre pobladores, el gobierno central y la propia minera.

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Foto cortesía El Comercio