• La Comisión de Descentralización del Congreso decidió inhibirse de observar el proyecto de ley de la bancada de Fuerza Popular, el cual pretendía modificar la Ley PIACI.

 

Con 12 votos a favor, la Comisión de Descentralización del Congreso de la República se inhibió de observar el Proyecto de Ley 3518/2022-CR, el pasado 23 de junio. De esta manera, quedó archivada esta propuesta presentada por el congresista fujimorista Jorge Morante, la cual pretendía modificar la Ley PIACI para quitar funciones al Ministerio de Cultura (Mincul) y pasarlas a los gobiernos regionales, y apuntaba, incluso, a anular la creación de algunas reservas indígenas que tomaron años en ser reconocidas.

Como se recuerda, días antes, la Comisión de Pueblos Indígenas también debatió sobre el mencionado proyecto, y esta decidió archivarlo porque implicaba, según señalaron, “un grave retroceso del Estado peruano en cuanto a garantizar derechos de los pueblos aislados”. Además, señalaron que lo estipulado en la propuesta legislativa de Morante era inconstitucional y de aprobarse vulneraría obligaciones internacionales del Perú.

El proyecto de ley archivado fue presentado por en noviembre de 2022, poco tiempo después de que un grupo de empresarios loretanos, acompañados del entonces gobernador regional de Loreto, Elisbán Ochoa, iniciaron una campaña en contra de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial (PIACI), considerados los más vulnerables del país.

Este grupo sostenía que los PIACI no existían, que no había ni estudios ni evidencias científicas que lo demostraran, y que estos pueblos eran un invento de las organizaciones defensoras de derechos humanos para obtener supuestos beneficios económicos de la protección de la Amazonía. Con este mismo argumento, Jorge Morante defendía su propuesta legislativa.

“¿Y quién se va a quedar con la plata de los bonos de carbono? Porque, según ellos [Orpio], como los PIACI no pueden hablar porque están aislados, ellos hablan en su representación. Supongo que como los PIACI tampoco tienen cuenta bancaria ni billetera, también se van a quedar ellos con la platita de los bonos de carbono”, afirmó el congresista en un evento público que organizó en Iquitos para presentar su proyecto legislativo.

La lucha de las organizaciones indígenas

Frente a esta amenaza al derecho a la vida de los pueblos indígenas aislados, las organizaciones indígenas y defensoras de derechos humanos también iniciaron una campaña. En este caso, por la defensa de la vida de los PIACI. Los líderes indígenas realizaron foros informativos, plantones y recolectaron firmas para pedir que el Perú no retroceda lo avanzado en garantizar los derechos de los pueblos indígenas aislados.

“No es fácil para nosotros poner estos temas sobre la mesa, sufrimos persecución, incluso nos denuncian. Sin embargo, eso no nos amilana, vamos a continuar con esta exigencia de que en el Perú se respeten los derechos, se aplique la normativa y no se retroceda, porque si no, habría un genocidio de los pueblos indígenas en aislamiento”, afirmó el dirigente indígena de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Julio Cusurichi, en una entrevista a Actualidad Ambiental a comienzos de este año.

Con pruebas y estudios científicos, las organizaciones indígenas desmentían las afirmaciones de Morante y empresarios loretanos. Además, personajes reconocidos a nivel mundial como el actor Mark Ruffalo -quien interpreta a Hulk en la saga Avengers- y Greta Thunberg, activista ambientalista, se unieron a esta lucha por salvar la vida de los PIACI, y enviaron contundentes mensajes en los que pedían al Estado y sociedad en Perú defender a estos peruanos que habitan en la Amazonía. Asimismo, más de medio millón de personas firmaron una petición en la plataforma Avaaz con el mismo pedido.

“El archivamiento del Proyecto de Ley 3518 es una buena noticia en la lucha por los derechos de los PIACI. Pero, de ninguna manera puede llevarnos a bajar la guardia. En primer lugar, el hecho de que dos comisiones se hayan inhibido en vez de pronunciarse con claridad sobre los temas de fondo demuestra el poco conocimiento sobre la materia. En segundo lugar, cualquier congresista puede presentar una propuesta similar en la siguiente legislatura”, explica Melissa Sánchez, especialista legal de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).

Los pueblos aislados

Los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial, conocidos como PIACI, se mantienen separados del resto del mundo de manera voluntaria en respuesta a eventos traumáticos en la historia de los pueblos indígenas.

Se trata de un conjunto de peruanos que viven de forma nómada en la Amazonía, y por su condición de aislados no han desarrollado defensas para enfermedades comunes para el resto de las personas en nuestra sociedad, por lo que una simple gripe podría acabar con sus vidas. Además, al no tener vínculos con la sociedad, dependen total y únicamente de los recursos que encuentran en el bosque. Todo esto, los hace extremadamente vulnerables.

En Perú se estima que viven aproximadamente 7500 indígenas aislados distribuidos en al menos 20 pueblos indígenas, y para ellos el Estado peruano ha creado siete reservas indígenas y territoriales, en donde se aseguran territorios intangibles para estos pueblos, es decir, espacios donde no se puede desarrollar ningún tipo de actividad y no se permite el ingreso de otras personas. Todo esto está detallado en la actual Ley PIACI.

El proyecto de Ley archivado

La propuesta legislativa de la bancada fujimorista era una amenaza directa a la vida de los pueblos aislados porque proponía la modificación de la mencionada Ley PIACI, para que, por ejemplo, la creación de las reservas indígenas deje de ser una función del Ejecutivo, a través del Mincul, y pasara a estar en manos de los gobiernos regionales. Estos últimos podrían evaluar si continuar, revocar o extinguir las reservas ya creadas.

Esto, además de ser inconstitucional ponía en riesgo la continuidad de las reservas y la posibilidad de que se establecieran las que se encuentran en propuesta, porque muchos de los gobiernos regionales han manifestado desconocimiento en la materia, y en algunos casos se han pronunciado en contra de la existencia de los PIACI.

“Teniendo en cuenta que el Mincul es la autoridad competente para adoptar medidas necesarias para garantizar el ejercicio del derecho a la vida, identidad étnica y cultural de los PIACI, asegurando así una política estatal de carácter uniforme, y que los gobiernos regionales no tienen ninguna competencia vinculada con la protección de estos pueblos, el proyecto legislativo en cuestión rompe con los principios de unidad y competencia que rigen el Estado y, en consecuencia, resulta inconstitucional”, indica Melissa Sánchez, de la SPDA.

Por su parte, María Amelia Trigoso, titular de la Dirección de Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (DACI), del Mincul, señaló -en su intervención en la sesión de debate del proyecto legislativo 3518 en la Comisión de Descentralización- que de aprobar una modificación a la Ley PIACI como la propuesta por Morante, el Estado peruano rompería “compromisos internacionales”.

La funcionaria también advirtió que este tipo de modificación “quitaría derechos humanos a peruanos que de manera voluntaria y por hechos traumáticos decidieron vivir aislados” y que es falso que el desarrollo económico y la protección de los PIACI son cosas opuestas e incompatibles.

Amenazas e intereses en conflicto

La lucha por asegurar el derecho a la vida de los pueblos indígenas aislados no termina con el archivamiento de la propuesta legislativa de Jorge Morante. Existen otras amenazas que se mantienen. En Loreto, donde actualmente hay tres pedidos de creación de reservas indígenas, el gobierno regional ha otorgado concesiones de manera ilegal en territorios donde viven indígenas aislados, según indicaron organizaciones indígenas y el Mincul.

Por otro lado, hay intereses económicos en estos territorios por la actividad de hidrocarburos y forestal. Por ejemplo, la empresa Perenco Perú tiene en concesión el Lote 67 dentro del territorio solicitado para la Reserva Indígena Napo Tigre y Afluentes. Esta empresa presentó en junio de 2022 una acción de amparo contra el Mincul para que anule la calificación favorable para la creación de la reserva, unos meses después desistió de continuar con este proceso. Días después de esto, el congresista Jorge Morante presentó el proyecto de ley recientemente archivado.

“Es necesario tener presente que la campaña contra los PIACI sigue muy presente, por lo que es necesario continuar informando sobre la vulnerabilidad de estos pueblos y los impactos que aprobar proyectos como tendrían  para su vida”, concluye Melissa Sánchez.