Esta mañana representantes de la Defensoría del Pueblo asistieron a la reunión de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAAE), del Congreso de la República. La razón: reafirmar su opinión contraria frente a la Ley 30723, que declara de interés nacional la construcción de carreteras en el departamento de Ucayali y en zonas de frontera. A pesar de la exposición de los representantes del organismo, los parlamentarios, en su mayoría fujimoristas, rechazaron las ideas mostradas.

“En principio, la Defensoría observó el proyecto de ley 1123, que dio origen a la Ley 30723. Se dijo claramente que se estaban afectando las reservas indígenas y a los pueblos originarios. Cuando se convirtió en norma, se alcanzó a la ministra de Ambiente nuestro punto de vista, exigiendo que se cumplan las obligaciones que el Estado tiene”, dijo Percy Castillo, representante de la Defensoría del Pueblo.

Por su lado, la jefa del Programa de Comunidades Nativas del mismo organismo, Nelly Aedo Rueda, resaltó que esta ley vulnera los derechos de las personas que viven en este lugar. “La construcción de carreteras vulnera el régimen de intangibilidad que tienen estas poblaciones en aislamiento. Se pone en riesgo las condiciones que aseguran la integridad de estos pueblos. (…) Además, recordemos que en Ucayali, tenemos tres reservas indígenas: Murunahua, Isconahua y Mashco Piro. Además de los parques nacionales Alto Purús y Sierra del Divisor. Por esas razones esta ley es incompatible con el marco jurídico”, señaló Aedo Rueda.

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“Es preciso señalar que los indígenas en contacto inicial son los más vulnerables y sobre ellos prima la condición de no contacto. La construcción de cualquier vía terrestre podría poner en grave riesgo su existencia misma. La Defensoría alertó al Congreso sobre esta situación con oficios en setiembre y diciembre. Rechazamos categóricamente la construcción de carreteras que afecten poblaciones indígenas y áreas naturales protegidas”, dijo Aedo Rueda dejando clara la posición de la Defensoría.

La votación

Apenas los representantes de la Defensoría del Pueblo terminaron su exposición, fueron invitados a dejar la sala para el inicio del debate para aprobar o desaprobar los proyectos de ley 2354 y 2360, que buscaban la derogatoria de la Ley 30723.

En primer lugar tomó la palabra el congresista Carlos Tubino, uno de los más interesados defensores de esta ley. Su principal fundamento es que en Perú “destruimos la vida humana con la falta de conectividad”. Mientras tanto, el también congresista de Fuerza Popular, Glider Ushñahua pedía votar de una vez cada vez que intervenía.

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Por su lado, Marco Arana y María Elena Foronda, ambos del Frente Amplio, desestimaron lo dicho por Tubino. “La gente no muere por falta de conectividad. Se muere porque el Estado no prioriza la salud, porque no tenemos los recursos en el personal y porque no estamos haciendo lo necesario en materia de salud básica asistencial”, intervino Arana.

Tras unos minutos de debate, decidieron votar. Por la mayoría fujimorista se decidió archivar el dictamen sobre los proyectos de ley que proponían la derogatoria de dicha ley.

“Vamos a seguir luchando en contra de esta ley que vulnera los derechos de nuestros territorios y de nuestros hermanos en aislamiento. Se tienen que dar alternativas a la destrucción de la Amazonía”, puntualizó Julio Cusurichi, presidente de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad).

Hay que señalar que la Ley 30723 ha recibido la desaprobación del Minam, Minjus, Sernanp, Mincul y todas las organizaciones indígenas. Además, de la CIDH y de la ONU.