Foto: SPDA

El pasado sábado 27 de abril, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) aprobó el “Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos en el Perú”, una herramienta que establece acciones, procedimientos y medidas de articulación orientadas a generar un ambiente adecuado para el desempeño de las actividades de promoción, protección y defensa de estos ciudadanos.

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Según el ministerio, este documento -aprobado mediante Resolución Ministerial 059-2019-JUS– dispone la creación del primer registro oficial de denuncias e incidencias sobre ataques en contra de personas defensoras o situaciones de riesgo concretas.

“El Protocolo fue ha sido elaborado según lo estipulado en la Declaración de los defensores de derechos humanos, aprobada en 1998 a través de la Resolución A/RES/53/144 de la Asamblea General de Naciones Unidas, y demás pronunciamientos de los órganos de los tratados de la Organización de Naciones Unidas que prescriben la necesidad de proporcionarles apoyo y protección”, explicó el sector.

En dicha herramienta, se exponen algunos deberes concretos de los Estados, tales como garantizar la adopción de todas las medidas necesarias para la protección de las personas defensoras frente a situaciones de riesgo en el ejercicio de su labor, así como proporcionar recursos eficaces de resguardo ante denuncias de violaciones de sus derechos humanos.

“El Protocolo es resultado de un amplio proceso de diálogo transparente entre los actores involucrados, tanto del gobierno, sociedad civil organizada y gremios empresariales. Desde el inicio del proceso, el MINJUSDH promovió la instalación de una mesa de trabajo para la discusión del diseño del instrumento, que contó con la participación de representantes de los principales colectivos de defensa de derechos humanos del país y de diversos sectores del Estado como los ministerios de Energía y Minas, de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, del Ambiente, del Interior, entre otros”, agregó el ministerio en una nota de prensa.

Durante el proceso participativo se tomó en cuenta además la opinión de representantes de importantes gremios empresariales, quienes manifestaron su preocupación para que el Protocolo garantice la protección de las personas defensoras de derechos que realicen su labor con estricto respecto al orden legal y constitucional vigente.

Silvana Baldovino, directora del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la SPDA, señaló que la publicación de este documento es “un gran avance del Ministerio de Justicia” y destacó que el trabajo fue “el resultado de un trabajo participativo que busca la protección de los derechos de nuestros defensores, evidenciando la necesidad del trabajo articulado de distintos sectores como Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, entre otros”.

Baldovino también explicó que este documento es importante porque “contribuye a una mayor y mejor protección de todos aquellos comprometidos en la búsqueda de una sociedad más justa y mejor”.

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