Plan de acción tiene un plazo de ejecución hasta abril de 2030. Imagen: composición Actualidad Ambiental

• Decisión fue tomada luego de cuatro horas de discusión en la tercera Conferencia de las Partes (COP3) del primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe.
• Países que no han ratificado el Acuerdo de Escazú, como el Perú, pueden aplicar este plan que busca garantizar la protección de personas defensoras en la región.

Durante la segunda jornada de la tercera reunión de la Conferencia de las Partes (COP3) del Acuerdo de Escazú, que se viene desarrollando en la ciudad de Santiago (Chile), se aprobó el Plan de Acción sobre defensoras y defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Los países que forman parte del Acuerdo de Escazú aprobaron por unanimidad el documento, que tiene un plazo de ejecución hasta abril de 2030.

El objetivo del plan de acción es poner en marcha un conjunto de ejes prioritarios y acciones estratégicas para avanzar hacia la implementación efectiva del artículo 9 del Acuerdo de Escazú. Esta disposición recoge la obligación de los Estados de implementar medidas para prevenir el riesgo y proteger a las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales de América Latina y el Caribe, garantizando un entorno seguro y propicio para que puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad.

Los delegados de gobiernos, funcionarios internacionales, así como representantes del público y de los pueblos indígenas, presentes en la segunda jornada de la COP3, coincidieron que el plan de acción, además de cumplir con las disposiciones del Acuerdo de Escazú, era de máxima urgencia y relevancia política para América Latina y el Caribe.

Foto: Jonathan Bazán / SPDA

En la inauguración de la COP3, Marcelo Cousillas, director del Área Jurídica del Ministerio de Ambiente de Uruguay y presidente de la Mesa Directiva del Acuerdo de Escazú, comentó que, en la última década, casi dos mil personas que defienden el ambiente fueron asesinadas en el mundo. Además, destacó que tres de cada cuatro de estos homicidios ocurrieron en países de América Latina y el Caribe.

¿Cuáles son los ejes y acciones prioritarias del plan de acción de defensores y defensoras?

• Conocimiento: se centra en recoger información de la región sobre la situación y amenazas que persiguen a las personas defensoras.
• Reconocimiento: busca dar a conocer sobre esta situación y promover las acciones de defensa así como la sensibilización.
• Apoyo a la implementación y cooperación: brinda la oportunidad a los países partes a contar con la asesoría técnica de la secretaría del Acuerdo de Escazú. Por ejemplo, para el desarrollo de medidas normativas, articulación de estrategias entre países de la región, entre otros.
• Evaluación, seguimiento y revisión del plan de acción: establece la obligación de entregar informes sobre la ejecución de la actividades del documento recién aprobado de manera periódica, la cual será evaluada y socializada con la significativa participación del público.

Al respecto, Katherine Sánchez, especialista legal de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), quien se encuentra en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), donde se desarrolla la COP3, resaltó la importancia de que las medidas aprobadas en este plan de acción se apliquen en beneficio de las personas defensoras del ambiente y en los territorios de toda la región.

Plan de acción participativo

En la Primera Reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú, llevada a cabo en Santiago, en 2022, se tomó la decisión de establecer un grupo de trabajo ad hoc de composición abierta sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Además, se acordó organizar un foro anual con la participación de destacados expertos en la materia, con el respaldo de la CEPAL. Este foro produciría un informe que serviría como base para la elaboración del plan de acción.

Durante el Primer y Segundo Foro Anual sobre Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en Asuntos Ambientales de América Latina y el Caribe, llevados a cabo en noviembre de 2022 y septiembre de 2023, respectivamente; así como en la Segunda Reunión de la Conferencia de las Partes, desarrollado en abril de 2023, se enfatizó la relevancia del plan de acción y se obtuvieron valiosas contribuciones de una amplia gama de participantes.

Por otro lado, el Plan de Acción sobre defensoras y defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales fue sometido a consulta pública en dos ocasiones, donde cualquier persona podía compartir sus observaciones.

¿Perú puede implementar el plan de acción?

Si bien Perú no ha ratificado el Acuerdo de Escazú, sí es posible la aplicación del Plan de Acción sobre defensoras y defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, informó Katherine Sánchez.

“La buena noticia es que la decisión que aprueba el plan, invita de manera expresa a los países no ratificantes a sumarse a esta estrategia. Esta es una oportunidad para el Perú, que no ha ratificado el acuerdo hasta la fecha, para aplicar estos lineamientos mínimos y garantizar la protección de personas defensoras”, declaró.

Foto: Jonathan Bazán / SPDA

La especialista legal explicó que otras de las decisiones en la COP3 es que se “mantienen los foros de defensores y defensoras de derechos humanos ambientales que se han venido ejecutando durante los últimos dos años. Estos son espacios de intercambio de información, pero también de rendición de cuentas. Nos queda estar vigilantes a la ejecución de estos lineamientos en la región”.

Pueblos indígenas piden ser actores principales en el seguimiento del plan de acción

Sánchez comentó que durante cuatro horas fue debatido el plan de acción en la segunda jornada de la COP3. No obstante, población indígena presente en la sesión dio propuestas para que sean incluidos en el plan, pero que no fueron tomadas en cuenta. “Se escucharon propuestas desde los pueblos indígenas que no han sido consideradas, como la creación de un caucus indígena y de una relatoría sobre pueblos indígenas para garantizar su participación efectiva y seguimiento de las medidas aplicadas por los países parte”.