En tiempo récord. La Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República aprobó el viernes pasado el dictamen del proyecto de ley (presentado el mismo día) que amplía una vez más por 30 meses la culminación del Plan de Adecuación y Manejo Ambiental del Complejo Metalúrgico de La Oroya, operado por Doe Run Perú (DRP).

Según el dictamen, el complejo metalúrgico podrá reiniciar sus operaciones siempre y cuando “cumpla con los Límites Máximos Permisibles y Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y las obligaciones contenidas en el Plan de Contingencia de Estados de Alerta por contaminación de Aire”.

Sobre la culminación del Proyecto Planta de Ácido Sulfúrico y Modificación del circuito de Cobre del Complejo Metalúrgico de La Oroya (que ha pospuesto desde que DRP compró la fundición a Centromín Perú en 1997), el proyecto de ley propone un plazo de 24 meses y para la puesta en marcha y arranque otros seis meses.

También señala que “la empresa se obliga a realizar las acciones necesarias que aseguren que las actividades del Complejo… no afectarán la salud de la población de La Oroya”

Asimismo, indica que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) informará semestralmente a las Comisiones de Energía y Minas y de Pueblos Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso, respecto a los avances y culminación del Proyecto, el cumplimiento de las obligaciones y condiciones ambientales del complejo y de la adecuación de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y los Límites Permisibles (LPM).

Por su parte, el Organismo Supervisor de la Inversión de Energía y Minería (OSINERGMIN) también informará semestralmente a las comisiones señaladas respecto de los avances en la ejecución y culminación del Proyecto y otros asuntos de su competencia.

“En caso de no cumplir con lo estipulado en la norma, se ordenará el cese total de las operaciones y el cierre definitivo del complejo metalúrgico, ejecutándose las garantías a favor del Estado”, indica el documento.

La Comisión aclara que los proyectos de ley 923/2011 (presentado por el Grupo Parlamentario Fujimorista) y el 925/2011 (presentado por el Grupo Parlamentario Nacionalista Gana Perú) fueron fusionados porque “ambas iniciativas versan sobre la misma temática”. El dictamen fue aprobado con 11 votos a favor y 2 en contra.

CONGRESO NORMA CON NOMBRE Y APELLIDO

Respecto a este caso, el abogado de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), César Ipenza, indicó que la norma sólo pretende ampliar el PAMA y no busca mejorar las condiciones de salud de los pobladores de La Oroya.

“Este proyecto no busca declarar de necesidad pública la descontaminación del ambiente, como indica el título del dictamen, sino darle una ampliación por tercera vez a DRP. Nuevamente el Congreso pretende normar con nombre y apellido”, señaló Ipenza.

“Este proyecto nos sigue manteniendo en una situación de ilegalidad, porque sigue dilatando el compromiso que tiene Doe Run Perú con el Estado peruano y con la población que se verá afectada por sus incumplimientos ambientales”, agregó el especialista.

“El proyecto en mención no nos dice nada nuevo, eso es lo que cumple cualquier empresa en operaciones, la normatividad es clara. Sin embargo, esta empresa pretende seguir operando sin culminar su PAMA por tercera vez, y resulta curioso ver la rapidez con la que se ha aprobado el dictamen. Treinta meses más para que operen sin un PAMA que debió estar culminado hace algunos años, mientras tanto se pretende perpetuar esta ilegalidad”, puntualizó el abogado.

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Foto: La República