• La Comisión de Transportes y Comunicaciones aprobó un dictamen que incluye el Proyecto de Ley 6259/2023/CR, el cual pretende declarar de interés nacional una carretera que pondría en riesgo a pueblos indígenas en situación de aislamiento y en contacto inicial (PIACI), áreas naturales protegidas y seis comunidades nativas en Madre de Dios. 
• El mencionado proyecto de ley no solicitó la opinión técnica de organizaciones indígenas ni entidades ambientales. Es decir, no cumplió con el procedimiento regular para su incorporación, a diferencia de otras quince propuestas legislativas que están contenidas en el dictamen.   

 

La Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República incluyó en un dictamen, que agrupa dieciséis propuestas legislativas, el Proyecto de Ley (PL) 6259/2023-CR, el cual impulsa tres vías terrestres en el departamento de Madre de Dios, y uno de ellas es la carretera que uniría Boca Manu y Boca Colorado, en los distritos de Fitzcarrald y Madre de Dios, cuyo trayecto pasaría cerca al Parque Nacional del Manu, la Reserva Comunal Amarakaeri y la Reserva Territorial Madre de Dios, donde habitan pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI).  

Esta propuesta legislativa, presentada por el congresista por Alianza para el Progreso (APP) y presidente de la referida comisión, Eduardo Salhuana, ingresó la tarde del 30 de octubre al Área de Trámite Documentario del Congreso de la República. Al día siguiente, en la I sesión descentralizada de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, desarrollada en Puerto Maldonado, el referido proyecto de ley, por unanimidad, fue integrado en el dictamen que acumula otras quince propuestas declarativas.

El Proyecto de Ley 6259/2023/CR, que integra el dictamen final, fue ingresado por la misma Área de Trámite Documentario el 17 de noviembre de 2022 y derivado para su estudio a la Comisión de Transportes y Comunicaciones, mediante decreto de envío, el 21 de noviembre de 2022.  

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Aunque los proyectos de ley son declarativos, la intención de los congresistas es que el Ejecutivo les “tome atención”, según explicó Salhuana en la sesión descentralizada, que tuvo como invitado especial al ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez. “Muchos colegas parlamentarios presentamos proyectos que precisamente implican un gesto político para que el Ejecutivo tome atención en relación a obras de infraestructura vial, puentes, carreteras, aeropuertos que permiten, sin duda alguna, mejorar la condición de vida de la población”, refirió el legislador. 

Procedimiento irregular 

Cabe destacar que el referido proyecto de ley no siguió un proceso regular para su aprobación. Es decir, no recibió ni solicitó opiniones técnicas de entidades relevantes como del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) y de los ministerios del Ambiente, Cultura y Transportes y Comunicaciones. Además, no fue posible recoger las opiniones de las organizaciones de la sociedad civil y de organizaciones indígenas, debido a que el dictamen recién se hizo público el 16 de noviembre. 

Para la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), la participación de la sociedad civil y las organizaciones indígenas es relevante, pues tienen injerencia directa en la propuesta de carretera sobre los territorios comunales de la Reserva Territorial Madre de Dios, la Reserva Comunal Amarakaeri, así como en las comunidades nativas de Isla de los Valles, Diamante, Boca Ishiriwe, Masenawa, Puerto Azul y San José de Karene. Sin embargo, tanto la Federación Nativa del río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad) y el Ejecutor del Contrato de Administración de la Reserva Comunal Amarakaeri (ECA Amarakaeri) no fueron convocados a la sesión descentralizada organizada por congresista Salhuana, quien además es el único representante de Madre de Dios en el Congreso.  

Ante esta situación, a través de un informe legal, la SPDA expresó lo siguiente: 

• La acumulación de este proyecto de ley, sin que se evalúe su remisión a otras comisiones y, lo que es peor, sin requerir opiniones técnicas a los sectores vinculados, constituye una afectación a principios de la gestión pública. Asimismo, se afectan mecanismos de participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones, ya que no se ha generado ningún tipo de mecanismo para que la sociedad civil y las organizaciones indígenas emitan una opinión sobre esta propuesta.
• Es importante señalar que los demás proyectos de ley incluidos en este dictamen sí cumplieron con el procedimiento regular. Es decir, se requirieron formalmente opiniones a los ministerios involucrados y se permitió que la ciudadanía presente opiniones.
• El abuso de derecho en el uso de cuestión previa nos coloca en una situación controversial. Hoy solo el Consejo Directivo del Congreso puede corregir esta acción y remitir el proyecto a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología para que evalúe de manera integral los impactos de esta supuesta medida declarativa sobre las áreas naturales protegidas y los derechos al territorio de las comunidades nativas y pueblos en aislamiento de la región de Madre de Dios.

La SPDA manifestó su rechazo contra el referido proyecto de ley, y advirtió posibles impactos sociales y ambientales que traería consigo la ejecución de la vía terrestre: afectación al derecho al territorio de pueblos indígenas, amenazas a la vida de los pueblos indígenas en aislamiento, la potencial expansión de la frontera agrícola en la zona a través de invasiones, la afectación a las áreas naturales protegidas, y el incremento de diversas actividades ilegales.

[Revisa el informe legal sobre este proyecto de ley]

Datos: 

• En el proyecto de ley del congresista Salhuana se consideran otros dos proyectos viales: la construcción del óvalo El Triunfo y del puente Carlos. En el caso del primero, este se ubicaría en la misma carretera Interoceánica, antes de cruzar el puente Billinghurst. Ambos proyectos cuentan con estudios preliminares, a diferencia de la vía Boca Manu-Boca Colorado, que se pretende declarar de interés nacional. 
• El 7 de noviembre, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuano, Ambiente y Ecología aprobó solicitar al Consejo Directivo del Congreso que el Proyecto de Ley 6259-2023-CR le sea derivado para su estudio. Sin embargo, hasta el momento, el Consejo Directivo no ha atendido dicha solicitud de derivación, de acuerdo con la información pública del expediente parlamentario del proyecto de ley en la página del Congreso.