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El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) y el Ministerio de Energía y Minas (Minem) apelaron la sentencia que anulaba la concesión minera sobre el río Nanay, fuente vital de agua para medio millón de ciudadanos de Loreto.

Como se recuerda, a mediados de agosto de 2024, el Juez del Primer Juzgado Civil de Maynas declaró fundada la demanda presentada por ciudadanos de Iquitos, anulando dicha la concesión de la empresa Raíces Gaddaffy. Esta concesión, otorgada por el Ingemmet, fue considerada una amenaza para la salud pública y el derecho a un ambiente sano de los habitantes de Iquitos. Sin embargo, Ingemmet y Minem decidieron apelar la decisión con el objetivo de revertirla.

Los argumentos presentados por las instituciones estatales para justificar la apelación se basan en que no existe afectación directa, dado que no se ha autorizado ninguna actividad minera en la zona. Además, alegan que no existen leyes que les obliguen a realizar estudios previos antes de conceder una concesión minera.

La nueva audiencia para discutir esta apelación se realizará el 7 de enero de 2025, a las 7:30 a. m., de manera virtual en la Sala Civil del Poder Judicial de Loreto. En la audiencia se definirá el futuro de una región cuya biodiversidad, consumo de agua potable y salud pública está en riesgo.

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Una zona afectada por la minería ilegal

En los últimos meses, el río Nanay ha presentado un incremento de la actividad minera ilegal a través de dragas que contaminan el agua y ponen en riesgo la salud de las personas y la biodiversidad. Según Conservación Amazónica (ACCA), se ha registrado la presencia de más de 550 dragas entre 2021 y 2024 en esta cuenca.

Pese a estos antecedentes, en 2023, Ingemmet concedió la concesión minera de mil hectáreas. “Como entidades del Estado, Ingemmet y el Minem deben considerar los riesgos antes de otorgar concesiones mineras sobre un río que abastece de agua a toda una ciudad”, señaló Karina Garay, abogada responsable de la demanda que solicitó la anulación de la concesión.

Por su parte, José Manuyama, presidente del Comité del Agua de Iquitos, manifestó que actualmente esperan “que la sala confirme la valiente sentencia del juez anterior. Aquí está en juego la vida de medio millón de personas. Permitir una concesión minera es abrir la puerta a la destrucción de nuestra fuente de agua y facilitar la expansión de la minería ilegal. Nos sorprende que el mismo Estado, que debe proteger a la ciudadanía, sea el que decida apelar esta sentencia”.