Foto: T13
Marc Dourojeanni / Profesor Emérito de la Universidad Agraria La Molina
No es común que ocho exministros del Ambiente, que representan 30 años de política ambiental y a los más diversos y antagónicos partidos políticos, se reúnan motu proprio y firmen un manifiesto alertando al gobierno de turno sobre las consecuencias irreversibles de las decisiones absurdamente peligrosas para el país que el nuevo Gobierno, con apenas tres meses en el cargo, están tomando. Pues, eso ocurrió el pasado 8 de mayo y, además de las exposiciones y discusiones ante convidados y la prensa, ellos firmaron un amplio comunicado explicando sus preocupaciones y recomendaciones[i].
Excepto el nombramiento de tres ministros que tienen cierto respeto de la ciudadanía[ii], casi nada de lo que ha anunciado o decidido el nuevo Gobierno del Brasil ha sido considerado sensato o positivo. Pero de todos los sectores, el que ha recibido un verdadero bombardeo de declaraciones, propuestas y decisiones insensatas por parte del mismo presidente y de su inefable ministro, es el ambiental[iii]. Desde asuntos importantes como el negacionismo absoluto del cambio climático y la disolución de la repartición que se ocupaba de eso, hasta otros en apariencia secundarios, como la vengativa destitución del funcionario que multó al candidato presidencial cuando este pescaba ilegalmente en una reserva, el país sufre un verdadero desmantelamiento del sector ambiental que no es mayor porque la Constitución ofrece un límite a los caprichos del presidente y al odio que su ministro parece tener por el tema ambiental.
El ministro del Ambiente es el joven abogado Ricardo Salles. Su experiencia en el tema ambiental se limita a haber ocupado la Secretaría del Ambiente del Estado de Sao Paulo, por breve lapso al final del mandato del Gobierno estatal. Cuando fue nombrado ministro, antes de tomar pose, se negó a realizar el habitual gesto de ir o, por lo menos, enviar su equipo a Brasilia para recibir la información del ministro saliente y asegurar una transferencia inteligente. Eso fue el preámbulo a lo que ocurrió entre enero y marzo, que está resumido en el comunicado de los exministros. Ellos denuncian, en resumen, el desmantelamiento de las políticas ambientales, indígenas y climáticas, incluyendo el de la Agencia Nacional de Aguas, la transferencia del Servicio Forestal al Ministerio de Agricultura, la extinción de la Secretaría de Cambio Climático, la amenaza de extinción de varias áreas protegidas, la mutilación del Consejo Nacional del Medio Ambiente[iv], la eliminación de una serie de comisiones federales sobre temas ambientales importantes[v], la amenaza de fusión del Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio)[vi] con el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama), la simplificación extrema del licenciamiento ambiental, la reducción sin precedentes del presupuesto del sector y de sus agencias[vii], etc, etc.
Especial preocupación muestran los exministros por la posición tan radical de negación del cambio climático, que podría llevar a retrocesos mundiales y brasileños en los esfuerzos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero[viii]. Y, por el mismo motivo, están apenados por la pérdida del prestigio ambiental del Brasil adquirido esforzadamente a lo largo de décadas. Según informado por la prensa, el ministro del Ambiente, tanto como su colega de relaciones exteriores que es igualmente negacionista radical[ix], indicaron que el Brasil no participaría activamente en futuras negociaciones y eventos sobre ese tema.
Otro tema preocupante es que ese ministro ha reabierto un conflicto que todos sus antecesores habían luchado por cerrar junto con sus colegas de agricultura. Se hace referencia a la supuesta falta de tierra para la agricultura debido a las áreas que por constitución y leyes no se pueden deforestar. Este problema, como se sabe bien, es solo aparente, existiendo amplia margen para el desarrollo agropecuario. Sin embargo, ese ministro ha sostenido que las áreas de protección permanente son un estorbo para los agricultores, algo que el sector agrario progresista no considera problema, al contrario. También habría declarado reiteradamente que las precauciones ambientales son exageradas, entre ellas la aplicación del catastro ambiental rural, y que dificultan la vida de los productores rurales. Esas son declaraciones que no serían compartidas por su colega de agricultura, más moderada que él. De hecho, el ministro no señala creer que exista compatibilidad entre ambiente y desarrollo y pretende priorizar crecimiento económico encima de todo. Es decir, un retroceso del discurso que supera lo imaginable.
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Organizaciones indígenas mostraron su desacuerdos por las políticas de Bolsonaro en sus tres primeros meses de Gobierno. Foto: EFE
También anunció, a través de la prensa, que iría a revisar la validad de todas las 334 áreas protegidas federales creadas en el país pues, según él, en su mayoría fueron establecidas “sin criterio técnico”[x]. Ya ha iniciado, entre otros, el proceso de eliminación del Parque Nacional dos Campos Gerais, el único que protege ese ecosistema ya reducido a su mínima expresión[xi]. Además, está preparando un ambicioso plan de privatización de servicios de visitación en parques, lo que no es errado per se, pero que debe hacerse con extrema cautela.
En casi todo lo que dice el ministro es precedido o reforzado por el mismísimo presidente del Brasil. Este ha declarado su simpatía por los mineros ilegales dentro de áreas protegidas; ha declarado que los funcionarios del sector ambiental que combaten la deforestación son abusivos, que ellos no deben destruir la maquinaria usada por minero ilegales y extractores de madera, que pescar en áreas protegidas de uso indirecto debe ser permitido[xii], etc. Son declaraciones que contradicen la ley, completamente inadecuadas para la máxima autoridad del país.
La situación con relación a la Amazonía es particularmente grave pues, además de revivir actitudes patrioteras ultrapasadas, presidente y ministro fomentan sin mucho disimulo la ampliación desordenada del área agropecuaria y por ende la deforestación y la ocupación de tierras indígenas y de áreas reservadas[xiii]. La actitud anti-indigenista de este Gobierno es descarada[xiv]. Comenzó pasando la demarcación de tierras indígenas y la Fundación Nacional del Indio (Funai) del Ministerio de Justicia al de Agricultura o sea al sector más interesado en cercenar derechos indígenas, lo que felizmente el Congreso está revirtiendo[xv]. Pero la actitud del gobierno ha estimulado una onda de invasiones organizadas como la reciente en tierra de los Uru eu wau wau en el Estado de Rondonia[xvi]. De otra parte, la drástica reducción del presupuesto del Ibama incide directamente en la capacidad de este para frenar la deforestación.
En realidad, el panorama actual de la gestión ambiental en el Brasil es desolador. No ha habido una única noticia positiva o alentadora en tres meses. Lo único que salva la situación es que, en realidad, el ministro y el presidente no son todopoderosos. Mucho de lo que ellos anuncian o proponen no puede hacerse por decreto. Debe pasar por el Congreso y, eventualmente, por el Poder Judicial. De otra parte, la resistencia crece día a día, en la sociedad civil, en la prensa y también en la sociedad en general. Por eso, como en el caso de la Funai, a veces debe retroceder. Pero, en lo que depende del Ejecutivo el desastre es completo. No responde a las críticas ni justifica lo que hace[xvii]. En el Ministerio del Ambiente actual no existe un solo alto directivo que tenga prestigio en el tema ambiental y ante la renuncia de los jefes del ICMBio (que se ocupa de las áreas protegidas) el ministro ha nombrado un coronel de la policía y a tres otros oficiales de rango menor en los puestos directivos más altos[xviii]. Todo eso ha generado un tremendo malestar y ha puesto los funcionarios de carrera en pie de guerra, pero con todas las de perder si esa situación continúa por mucho tiempo. Y, lamentablemente, no se visualizan cambios a corto plazo.
Hay unos pocos que opinan que el ministro del ambiente no es todo lo negativo que parece y que, en gran medida, es víctima de un cargamontón de ambientalistas obcecados apoyados por el izquierdismo que, en efecto, dominó por largos años la política ambiental del Brasil. Es verdad que mucho de lo que se escribe sobre él es intencionalmente distorsionado. Por ejemplo, no es igual “privatizar el servicio de visitación a los parques” que “privatizar los parques”; la reducción del presupuesto afectó todos los sectores y no solo al ambiental, etc. Sin embargo, la esencia de los hechos es tal magnitud que no deja dudas sobre el problema de fondo y muy poco puede achacarse a una eventual falta de capacidad para comunicarse -dicho sea de paso, él habla muy bien- o de simpatía -que definitivamente no tiene.
Por todo eso el manifiesto de los exministros, que además son personalidades prestigiosas, Rubens Ricupero, Gustavo Krause, José Sarney Filho, José Carlos Carvalho, Marina Silva, Carlos Minc, Izabella Teixeira y Edson Duarte es tan significativo. Ellos demuestran que el tema ambiental está muy por encima de las divergencias políticas, de las muchas visiones de futuro o de las profesiones. El ambiente es de todos y para todos, en todos los tiempos. Ellos están dando un gran ejemplo a los brasileños y a los latinoamericanos.
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