• Delegación de Aidesep se presentó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para pedir investigación y hallar a los responsables de la muerte de los defensores indígenas.

 

Hoy, durante la sesión 189 de la CIDH, la delegación de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) participó en la audiencia pública sobre defensores ambientales, con el fin de exponer la situación de estas personas en el Perú y exigir una mayor protección ante las constantes amenazas contra sus vidas.

Jamer López, presidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), resaltó la situación de riesgo en el que viven cientos de defensores indígenas y la poca atención del Estado para protegerlos.

“Solo en el año 2023 fueron asesinados 77 defensores indígenas de América Latina, y en la última década, en Perú, han sido asesinados 33 líderes indígenas, siendo la región Ucayali la región más peligrosa de la Amazonía. Estos líderes son mis hermanos. ¿Cómo se sentirían ustedes si fueran asesinados sus hermanos?”, destacó el líder de ORAU.

“Los ataques que recibimos de las empresas, del Estado y de las actividades ilegales como la tala ilegal, la minería, tienen el único propósito de silenciarnos y perpetuar la impunidad. El caso Saweto es una dolorosa evidencia de esta realidad. Cuatro líderes ashéninkas fueron asesinados brutalmente en el año 2014 en Ucayali, y diez años después sus familias aún buscan la justicia. ¡Hasta cuándo!”, agregó Jamer López, quien además solicitó a la CIDH que “comprenda que lo que defendemos no solo es el medio ambiente sino nuestro derecho a la libre determinación, nuestro derecho al territorio, nuestro derecho a la vida y de todas nuestras futuras generaciones”.

En su intervención, Marisol García Apagueño, lideresa indígena kichwa de la comunidad indígena Túpac Amaru señaló que, respecto a la protección de los defensores indígenas, el Estado solo actúa cuando un líder es asesinado, pero no se cuenta con un trabajo real que evite más muertes.

La lideresa kichwa se refirió también a la impunidad en que quedan los asesinatos, y puso como ejemplo el caso de Quinto Inuma, líder indígena de Santa Rosillo de Yanayacu-Huimbayoc (departamento de San Martín), quien fue asesinado el pasado 29 de noviembre.

“Exigimos que no quede impune esta muerte, porque no nos pueden seguir asesinando por denunciar prácticas ilícitas en nuestro territorio, en nuestro hogar. Por eso exigimos justicia para los 33 defensores indígenas, y exigimos la titulación de Santa Rosillo de Yanayacu”, agregó.

Por su parte, Rocío Trujillo, asesora legal de Aidesep, pidió a la CIDH que se tome mayor interés al problema relacionado a las concesiones otorgadas dentro de territorios indígenas, los cuales estarían causando un ambiente de violencia. Según expresó Trujillo, estas concesiones se otorgaron sin respetar la debida consulta previa.

La especialista también se refirió al Mecanismo Intersectorial para la protección de defensores de derechos humanos. Trujillo indicó que este “no cuenta con la participación de los pueblos indígenas. Un mecanismo que no respeta los estándares ni la participación de los pueblos indígenas, nunca será efectivo”.

Finalmente, la asesora legal de Aidesep informó que los pueblos indígenas, actualmente, están siendo estigmatizados y criminalizados cuando “se oponen a la explotación de sus recursos dentro de su territorio […] como si fueran terroristas o que no quieren el desarrollo”.

“Se tienen que respetar la visión de los pueblos de su territorio, de sus formas de vida. En ese sentido también solicitamos que se investigue y se busque a los responsables de los asesinatos de los 33 líderes indígenas asesinados”, puntualizó.

Sobre la audiencia

Según informó la CIDH, la audiencia sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos tuvo como objetivo recopilar información con un enfoque diferencial e interseccional para comprender el panorama actual en el que las personas defensoras de los derechos humanos realizan este trabajo.

El evento también buscó identificar los principales riesgos y amenazas derivados de sus actividades de defensa, así como los desafíos que enfrentan para recibir una protección efectiva. Además, explorar las acciones positivas implementadas por los Estados para garantizar los derechos de las personas defensoras.