Amnistía Internacional muestra profunda preocupación por la situación en la Amazonía peruana tras los sucesos del 5 de junio en la ciudad de Bagua, Departamento de Amazonas, que habría resultado en al menos 30 manifestantes y 22 policías muertos y más de 150 manifestantes y 24 policías heridos, así como más de 70 detenidos, incluidos varios menores.

“El derecho a la vida, a la integridad física y a no ser objeto de tortura ni maltratos son derechos que deben ser respetados en todo momento por excepcionales que sean las circunstancias”, afirmó Nuria García, investigadora para Perú de Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional recordó que si bien las autoridades tienen el derecho y el deber de garantizar la ley y el orden, deben hacer un uso proporcional de la fuerza, acatando en todo momento sus obligaciones de respetar los derechos humanos.

Igualmente, la organización de derechos humanos hizo un llamado a los líderes de las organizaciones indígenas para que envíen una clara señal a los manifestantes de que la toma de rehenes y el homicidio de agentes de las fuerzas del orden son acciones inaceptables.

“La situación alrededor de las protestas en la Amazonía sigue crítica y es vital que las autoridades tomen medidas decisivas para evitar que se cometan violaciones a los derechos humanos o que sus acciones pudieran resultar en una escalada de violencia”, dijo Nuria García.

“Es igualmente esencial que las autoridades competentes aseguren una investigación imparcial y pronta para establecer la verdad de los hechos de los crímenes cometidos, y llevar ante la justicia a todos los responsables, sean quien sean.”

Amnistía Internacional instó también a las autoridades a que hagan pública la información sobre las personas detenidas en dependencia policiales y militares, y se garantice el derecho de todos los detenidos tanto a la vida e integridad física, como su derecho a la defensa.

La organización exhorto a las autoridades peruanas a garantizar que se consulta y se coopera de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado.

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Con información de Amnistía Internacional