En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, Amnistía Internacional presentó un informe en el que sostiene que los gobiernos de varios países en América Latina prefieren darle mayor importancia a los beneficios económicos antes que a los derechos de los pueblos indígenas.

El informe analiza el incumplimiento por parte de los gobiernos de su obligación de consultar con los pueblos indígenas en relación con proyectos de desarrollo como carreteras, ductos, centrales hidroeléctricas y explotaciones mineras a cielo abierto que se llevan a cabo en sus tierras ancestrales o en las proximidades.

“Los Estados tienen la obligación de entablar consultas con los pueblos indígenas desde las primeras fases de los procesos de toma de decisiones que les afecten. Hacer caso omiso de esa obligación sólo sirve para crear un clima de mala fe, desconfianza y polarización que puede desembocar en malestar social y conflictos”, señaló Mariano Machain, adjunto de investigación y acción de Amnistía Internacional sobre derechos económicos, sociales y culturales.

“Los grandes proyectos pueden tener un importante impacto negativo sobre las comunidades indígenas, y sólo deben seguir adelante si esas comunidades han otorgado expresamente su consentimiento libre, previo e informado”, agregó.

Asimismo, indicó que “el desarrollo económico puede contribuir al respeto por los derechos humanos. Pero no debe perseguirse a costa de los derechos humanos de los pueblos indígenas”, ha declarado Mariano Machain”.

Amnistía sostiene que existen deficiencias por parte de los gobiernos, como la falta de transparencia y buena fe, amenazas y presentación de cargos infundados contra líderes que cuestionan los proyectos, además del hecho de que no controlan la actuación de las empresas ni ofrecen reparaciones a las comunidades afectadas cuando se producen abusos.

Finalmente, Amnistía Internacional pidió a los Estados de América que tomen medidas concretas para que se haga realidad el derecho de los pueblos indígenas a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado y se eviten nuevas violaciones de sus derechos humanos.

INFORME CUESTIONA ELABORACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONSULTA

El informe califica como ejemplar la aprobación de la Ley de Consulta Previa en nuestro país, sin embargo, cuestiona la elaboración del Reglamento sobre dicha ley debido a que no participaron todas las organizaciones indígenas.

“En 2011, y tras una intensa campaña de las organizaciones indígenas, el gobierno aprobó una ley sobre el derecho a consulta. Sin embargo, las posteriores negociaciones con los pueblos indígenas para elaborar el reglamento de dicha ley no llegaron a buen puerto. El reglamento fue aprobado por el gobierno con el beneplácito de sólo una de las seis organizaciones indígenas. El procedimiento y el contenido del reglamento no recogen importantes aspectos del derecho a consulta reconocido en las normas internacionales”, indica el informe.