Foto: SPDA

* Del 28 al 05 de marzo, 24 países de América Latina y El Caribe, incluido el Perú, continuarán la negociación del Acuerdo regional del Principio 10, en Costa Rica.

En el Principio 10 de la Declaración de Río de 1992 se establece que las personas deben tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente, a la participación oportuna en los procesos de toma de decisiones, y al acceso efectivo de justicia judicial y administrativa, en cuestiones ambientales. Estos son los denominados “derechos de acceso”.

Para operativizar estos derechos y garantizar su reconocimiento y defensa por parte de los Estados, en el año 2012 se inició un importante proceso de negociación de un “Acuerdo Regional de América Latina y El Caribe del Principio 10 de la Declaración de Río por los derechos de acceso en asuntos ambientales”, el cual reúne actualmente 24 países entre ellos el Perú. La última ronda de negociación de este proceso se realiza en Costa Rica, donde se decidirá la adopción y obligatoriedad o no de dicho Acuerdo.

“Desde la SPDA, quienes venimos apoyando y haciendo seguimiento a este proceso desde sus inicios, consideramos que es clave obtener un instrumento regional vinculante que establezca estándares claros para garantizar el ejercicio de los derechos de acceso a la información, participación ciudadana y justicia ambiental, incluyendo, por primera vez, disposiciones para proteger a los defensores ambientales”, señaló Fátima Contreras, del Programa de Política y Gobernanza Ambiental de la SPDA.

¿Qué se discutirá en Costa Rica?

La novena reunión iniciará discutiendo medidas formales para la entrada en vigor del Acuerdo, así como medidas de seguimiento para el cumplimiento de los compromisos de los Estados sobre los derechos de acceso en los países signatarios.

¿Qué es información ambiental? ¿Qué son los derechos de acceso? ¿Quiénes son defensores ambientales? Estas y otras preguntas serán respondidas en la redacción de las definiciones del Acuerdo, las cuales serán importantes para el desarrollo de las políticas públicas, legislación e implementación por parte de los países.

¿Necesitamos un Acuerdo Regional sobre Derechos de Acceso?

Según la especialista de la SPDA, no sólo necesitamos de dicho acuerdo, sino también contar con un instrumento internacional que obligue a los Estados a garantizar los derechos de acceso a la información, participación y justicia ambiental de las personas.

Contar con un Acuerdo Regional permitirá que los países no retrocedan en los estándares para la aplicación de estos derechos que ya han venido adoptándose, así como ir homologando estándares en la región. El Acuerdo promueve la progresión del marco legal de manera que el Perú deberá seguir regulando e innovando mejores procesos y herramientas para asegurar el pleno ejercicio de los derechos de acceso.

“Para el caso de Perú, nuestro país tiene múltiples razones por las cuales necesita priorizar y comprometerse con este Acuerdo Regional. Durante los últimos cuatro años, la mayoría de conflictos son de índole socioambiental, los casos de ataques contra personas que defienden el medio ambiente se han agravado y multiplicado y la tendencia de los gobiernos de relajar requisitos y estándares ambientales como medio para ‘dinamizar’ la inversión privada evidencia la importancia de contar con un instrumento regional que respalde y proteja los derechos de acceso de todos los peruanos”, explicó Contreras.

“Si bien en el caso peruano hay un valioso avance en cuanto al régimen legal de participación ciudadana aún es necesario escalar hacia la implementación de este derecho. Asimismo, es necesario establecer mecanismos especializados para los asuntos ambientales en materia de información pública y justicia ambiental. Iniciativas como la adopción del Pacto de Madre de Dios por la Justicia Ambiental son un reflejo de la voluntad de varias entidades estatales de seguir escalando hacia la defensa de los derechos”, agregó.

Finalmente manifestó que es importante para nuestro país mostrar la voluntad por lograr un Acuerdo Regional con efectos obligatorios para los Estados y continuar trabajando en mejorar los estándares internos.