- Según especialistas, existe un gran riesgo en que se alteren los paisajes y las comunidades, así como la amenaza de daños a territorios indígenas e, incluso, el incremento de actividades ilícitas.
El asfaltado del Corredor Vial Cusco–Madre de Dios, uno de los proyectos viales más importantes del del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), ha generado una gran preocupación a líderes indígenas y ambientalistas, debido a que abarca territorio de la Amazonía peruana (selva del Alto Madre de Dios), en el distrito de Tambopata, donde se encuentran Pueblos Indígenas en Aislamiento y en Contacto Inicial (PIACI), indica una reciente nota del medio Diálogo Chino.
Si bien no se trata de la primera carretera que se construye en zonas sensibles del Perú, existe un gran riesgo en que se alteren los paisajes y las comunidades, así como la amenaza de daños a territorios indígenas e, incluso, el incremento de actividades ilícitas, señalan algunos observadores. Estos también agregan que las autoridades no han abordado correctamente las evaluaciones de impacto social y medioambiental del proyecto.
Según el Ministerio de Cultura, se han registrado más de 150 encuentros o avistamientos con estas poblaciones. La nueva ruta de 270 km, valorizada en S/ 220 millones, busca mejorar las conexiones entre las regiones de Cusco y Madre de Dios, e incluye zonas de amortiguamiento del Parque Nacional del Manu y de la Reserva Comunal Amarakaeri, donde se registra la presencia de narcotráfico, pistas de aterrizaje clandestinas y sembríos ilegales de hoja de coca ilegal.
“Estas obras impactan directamente en la biodiversidad de estos bosques, además de poner en riesgo la vida de las etnias que viven en él”, indicó al medio Silvana Baldovino, directora del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).
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Baldovino también recordó experiencias previas como la construcción del tramo 3 de la Carretera Interoceánica Sur (IIRSA Sur), donde se abrió un nuevo foco de actividades ilícitas como la minería ilegal y el crecimiento acelerado de la deforestación.
“El Perú es uno de los pocos países con población PIACI. Si como Estado necesitas mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, es preciso identificar algún mecanismo para la protección de los pueblos en aislamiento, no solo considerar los estándares ambientales”, indica la especialista de la SPDA.
Según la publicación, el estudio de Preinversión del proyecto, publicado por el MTC, “detalla los posibles impactos ambientales y sociales que podrían aparecer durante la ejecución del proyecto”, como “la posible alteración de la calidad del aire por polvos y gases, la generación de ruido, así como a la alteración de la calidad de suelos y de las aguas”, además de la afectación de cobertura vegetal, las expectativas y afectación de la población, pero no sobre actividades ilícitas como cultivos de hoja de coca, deforestación o afectación de pueblos en aislamiento voluntario”.
En la nota también se menciona los problemas actuales de los puestos de control y vigilancia de los pueblos yine, matsigenka y de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad), que comprende la Reserva Territorial Madre de Dios y protege los Mashco Piro.
“Los Estados establecen políticas especiales a favor de los PIACI que se basan en proteger un territorio para que estas poblaciones puedan vivir con autonomía. Sin embargo, esta carretera complica la protección territorial del parque. Ya tenemos la experiencia con la Carretera Interoceánica que aumentó la deforestación y colonización exponencial”, declaró Luis Felipe Torres, antropólogo e investigador especializado en los PIACI.
Julio Cusurichi, presidente de Fenamad, organización que representa a 39 comunidades en Cusco y Madre de Dios, manifestó que, pese a las constantes advertencias realizadas, no han recibido respuestas positivas y existe una gran preocupación por la «vulnerabilidad de los pueblos en aislamiento voluntario».
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Según Diálogo Chino, el Ministerio de Cultura y el MTC evitaron responder sobre esta obra. John Flores, jefe del Parque Nacional del Manu, también señaló que “no les correspondía opinar sobre el impacto en la zona de amortiguamiento debido a que es competencia del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor)”.
“Hay temas en los que no podemos influir en casi nada. Sobre todo, cuando hay una presión social fuerte. Eso prima más en las autoridades, y me refiero al MTC, al gobierno local y regional, que son los que presionan para que se desarrolle esto. A veces el tema ambiental y las áreas protegidas las ponen en segundo orden”, precisó Flores.
En conversación con Serfor, el organismo manifestó al medio que solo “brindaron una opinión técnica en el marco de un instrumento de gestión ambiental a solicitud de la Dirección General de Asuntos Ambientales del MTC y no pueden dar más alcances sobre los impactos del proyecto”.
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