• Un informe internacional estima que de las 88 mil hectáreas de coca cultivadas en 2020, solo el 11% fueron usadas para consumo tradicional. Líderes indígenas exigen mayor presencia del Ministerio Público y la Policía ante constantes amenazas de invasores.

 

Una reciente investigación de Ojo Público evidencia una de las problemáticas que enfrenta la Amazonía peruana: el incremento de la violencia debido a los cultivos ilegales de la hoja de coca y con ello el avance del narcotráfico. Uno de los casos que se recogen es el de la comunidad Flor de Ucayali, que alberga a 120 familias del pueblo shipibo-konibo y que, según la Dirección Regional Forestal y de Fauna Silvestre de Ucayali, ha perdido 240 hectáreas de sus bosques por estas actividades.

Líderes como Saul Martínez Guimaraes, coordinador de los monitores ambientales de Flor de Ucayali, denuncian las constantes amenazas recibidas de los invasores que deforestan los bosques y expanden sus territorios ante la ausencia de la Policía. Se calcula que en esta región existen 46 pistas clandestinas de aterrizaje usadas por el narcotráfico y de las cuales 13 se ubican en territorios indígenas.

Instituciones como la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que representa a 1809 comunidades indígenas, han renunciado desde hace varios años el avance de los cultivos de coca ilegales y el incremento del crimen en zonas como las las cuencas cocaleras del Valle río Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), Pichis-Palcazu-Pachitea, Putumayo, Bajo Amazonas e Inambari-Tambopata.

Solo en 2020, seis defensores ambientales fueron asesinados y la violencia en los territorios indígenas aumenta. Debido a la pandemia por el COVID-19, el Proyecto Especial de Control y Reducción de Cultivos Ilegales en el Alto Huallaga (Corah) del Ministerio del Interior, no pudo lograr la meta anual de erradicación de la hoja de coca (25 mil hectáreas). Solo se trabajó tres meses y se erradicó 6 272.80 hectáreas de hoja de coca ilegal, en Huánuco, San Martín y Ucayali.

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Según Pedro Yaranga, experto en narcotráfico y terrorismo, el Gobierno no cuenta con un funcionario en la Dirección de Control y Drogas y Cultivos del Ministerio del Interior tras la renuncia del general (r) PNP Sergio Luis Antonio Monar Moyoli, y eso evidencia problemas de gestión en dicha cartera.

Con 26 234 hectáreas de hoja de coca cultivadas en 2019, el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) es el mayor productor del Perú, con un 48% del total de estos cultivos, indica la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida). Un estudio del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) precisa que, en el Perú, 5 947 034 de personas adquirieron hoja de coca para el consumo tradicional en el 2019, consumiendo un total de 10.691 toneladas.

Según el informe de la Oficina de Política Nacional de Control de las Drogas de la Casa Blanca, de las 88 mil hectáreas de coca cultivadas en 2020, solo el 11% fueron usadas para consumo tradicional. Pese a la oposición del los indígenas, los invasores del territorio amazónico continúan atacando a personas como Merino Odicio Huayta, monitor ambiental de la comunidad Mariscal Cáceres, a quien le cortaron la oreja y le robaron su celular.

Herlín Odicio, presidente de la Federación Nativa de Comunidades Kakataibo, y sobrino de Merino Odicio, pide al gobierno que se trabaje no solo en la erradicación del cultivo ilegal, sino en la protección de los defensores.

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Rommel Plasencia Soto, antropólogo y docente principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, recuerda que los problemas con la hoja de coca iniciaron en los años 70, cuando surge la cocaína, pues en la década de los 60, está fue reconocida como elemento de la cultura cotidiana de los agricultores.

La cultura andina ha convivido con la coca desde la época incaica con rituales como el picchado (masticado), que era utilizado para soportar largas horas de trabajo. Según Jaime Antezana, la producción llegaría a la 100.000 hectáreas en 2021, cifra similar a la década de los 90, cuando Perú figuraba como uno de los principales productores de este cultivo.

Postura de las dirigencias

El informe de Ojo Público también menciona a diversas organizaciones del movimiento cocalero como la Federación de Productores Agrarios del Valle del Río Apurímac (Fepavrae), integrada por 23 mil campesinos de las regiones Junín, Ayacucho, Apurímac y Huancavelica, con una postura en contra de la erradicación indiscriminada de este cultivo.

También figura la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del Perú con un proyecto de ley para realizar un censo nacional de productores e industrializar la hoja de coca. La Federación Provincial de Campesinos de La Convención, Yanatile y Lares (Fepcacyl), por su parte, demanda en la reestructuración de la Empresa Nacional de Coca (Enaco).