- A través de una carta abierta, indígenas wampís de Amazonas alertaron que la minería ilegal está poniendo en peligro a la biodiversidad y la salud de las personas.
A través de una carta abierta a diversas autoridades nacionales, el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW) denunció la presencia de 30 dragas en la parte baja del río Santiago (Condorcanqui, Amazonas), en las comunidades San Juan, Belén y Fortaleza, además de la quebrada Pastacillo. Estas embarcaciones pertenecen a mineros ilegales que, en los últimos años, han aumentado en la zona.
Ante esta situación, el GTANW ha pedido a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y otras instituciones, “coordinar un operativo de interdicción a la brevedad posible”.
“La minería ilegal es una de las amenazas constantes a las que la Nación Wampís hace frente de manera continua. Luego de haber realizado con éxito y en articulación con el Estado interdicciones en el río Santiago los años 2016 y 2017, la actividad parecía haberse detenido. Sin embargo, nuevas plataformas y dragas fueron instalándose en los últimos meses en el bajo río Santiago, a vista y paciencia de las autoridades locales, aprovechando la crisis política y social que sufre el país desde diciembre de 2022”, informó la organización.
Cabe destacar que el pasado 12 de febrero, la comunidad de San Rafael envió un memorial dirigido al Ministerio de Ambiente, Ministerio del Interior, Ministerio Público y los Gobiernos Regionales, en donde alerta que la minería ilegal está ocasionando conflictos en las comunidades, y piden a las autoridades “asumir y disponer acciones de interdicción frente este problema antes de la medidas de fuerza comunal”.
El GTANW también pidió una investigación para detectar a “malos efectivos policiales y sean separados de sus cargos y sancionados”. Esto, en referencia a que existirían algunos agentes que están presuntamente coludidos con algunos mineros. Asimismo, exigen identificar “a los grupos de poder que financian y protegen esta actividad de extracción y comercio ilegal de oro”.
En la carta abierta, que ha sido dirigida en copia al Relator Especial de la ONU sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos y a la Relatora Especial de la CIDH sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Derechos de la Niñez, el GTANW exige que se dé prioridad a este tema “dado que la contaminación por mercurio afecta los peces y otras fuentes de alimento en la zona, cuyo consumo ocasiona daños irreparables a la salud y problemas cognitivos a las infancias y la población en general”.
“El río Santiago fluye hacia el Marañón, por lo que es posible que esta tragedia afecte a cientos de comunidades más que dependen de dicho río”, apuntó la organización indígena.
Asimismo, señaló que la minería ilegal “deja a nuestras infancias y juventudes, especialmente las niñas, a merced de delincuentes que se dedican al secuestro y trata para el comercio sexual”.
“El GTANW ha dejado claro en su ‘Pacto Sociopolítico Naturaleza a Perpetuidad’ que no permitirá ninguna actividad extractiva, legal o ilegal, que dañe la naturaleza, que es la fuente de vida de la Nación Wampís. Por ello, en el marco del ejercicio del derecho a la autodeterminación, sus autoridades están decididas a tomar acciones necesarias para detener la minería ilegal ante la amenaza a sus vidas, incluso si las instituciones estatales no asumen su responsabilidad”, agregó.
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