Foto: Andina

• Según la Defensoría del Pueblo, el proyecto de ley que propone la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura, también plantea exoneración de obligaciones ambientales.

A inicios de abril de este año, el Ejecutivo presentó ante el Congreso un proyecto de ley que tiene como fin la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura, que reemplazaría a la Autoridad Nacional de Reconstrucción con Cambios (ARCC), que tendrá como función formular, ejecutar y mantener proyectos o programas de inversión.

Según el Proyecto de Ley 4642/2022-PE, esta autoridad estaría adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros y tendría como fin “garantizar la efectiva prestación de servicios públicos, dinamizar la economía, así como contribuir al desarrollo del país, con enfoque territorial, de prevención y de sostenibilidad ambiental”.

Respecto a la sostenibilidad ambiental, la Defensoría del Pueblo alertó que si se concreta la creación de esta autoridad tal como figura en el proyecto de ley, podría traer consecuencias negativas al ambiente, y por ello emitió recomendaciones para esta propuesta legislativa.

Según la Defensoría, “dicho proyecto desnaturaliza el carácter preventivo de la evaluación ambiental de los proyectos de inversión, poniendo en riesgo el derecho de la población a vivir en espacios saludables y libres de contaminación”.

La adjunta de Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas, Lissette Vásquez, explicó que esta iniciativa propone que, si la autoridad competente no culmina la evaluación dentro del plazo 30 días hábiles, el proyecto de inversión podría ejecutarse sin contar con la certificación ambiental, pese a que su objetivo es precisamente prevenir y mitigar sus posibles impactos negativos, al ambiente y a los derechos de las personas.

Para Vásquez, si bien es clave contar con un procedimiento diferenciado para la obtención de la certificación ambiental de los proyectos de inversión destinados a prevenir y mitigar los efectos provocados por las situaciones de emergencia o fenómenos naturales que pueden poner en riesgo la integridad y vida de las personas, dicha medida no debe aplicarse a proyectos que carecen de un sentido de urgencia.

“Una reducción sustancial del plazo para la evaluación del impacto ambiental y social, aplicable también a obras de gran envergadura que podrían provocar impactos de mayor magnitud sobre el ambiente y la población, implicaría que las autoridades tampoco cuenten con el tiempo necesario para garantizar una adecuada evaluación, que comprende opiniones técnicas, mecanismos de acceso a la información pública ambiental y de participación ciudadana, entre otros”, apunta la Defensoría.

El organismo también resalta que el proyecto de ley propone la aprobación automática de las autorizaciones que otorgan el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y la Autoridad Nacional del Agua (ANA), si estas no fueran evaluadas en un plazo de siete días hábiles, así como la exoneración de inspecciones oculares para las autorizaciones de desbosque, así como de licencias y permisos de uso de agua, sin considerar la flora, fauna y fuentes de agua que podrían ponerse en riesgo por una deficiente evaluación.

Por otro lado, Lissett Vásquez también señaló que se requiere que el proyecto de ley exija la aplicación del enfoque de riesgo climático y la gestión del riesgo de desastres. Asimismo, que disponga las medidas para asegurar una gestión pública eficiente y proba, sobre todo considerando que, a seis años de creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, la Contraloría General de la República identificó cerca de 13 mil situaciones con señales de presunta corrupción que podrían afectar la entrega de 7 de cada 10 proyectos de infraestructura.

“Para la Defensoría del Pueblo resulta fundamental que el proyecto de ley responda a un análisis técnico y objetivo respecto a la necesidad de su creación, y que cuente, entre otros aspectos, con un mecanismo de monitoreo y evaluación de los proyectos de inversión y un procedimiento de concurso público para asegurar que la elección de la jefatura de la autoridad sea la más objetiva e idónea. Asimismo, se requiere de mecanismos para asegurar una coordinación efectiva entre las autoridades involucradas durante la formulación, ejecución y mantenimiento de los proyectos de inversión”, precisó.

Dato:

• La Defensoría planteó sus recomendaciones a la comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, así como a la Constitución y Reglamento del Congreso de la República, a las que se les alcanzó un Informe Jurídico Defensorial.