El último reporte del Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP por sus siglas en inglés) alerta sobre el impacto de las concesiones mineras en Madre de Dios, Loreto, Amazonas, Huánuco, entre otras regiones. Mediante imágenes satelitales, se identificaron 799 concesiones mineras, destacando su superposición con comunidades nativas, cuerpos de agua, áreas naturales protegidas (ANP) y reservas indígenas.

El informe 223 del MAAP, destaca que de las concesiones mineras que se encuentran superpuestas abarcan 158 580 hectáreas, comprometiendo derechos indígenas y ecosistemas sensibles.

De estas, 89 % se superponen con comunidades nativas, impactando directamente 151 682 hectáreas y poniendo en peligro las tradiciones culturales y el bienestar de las poblaciones indígenas.

De acuerdo al MAAP, «la actividad minera en estas zonas sensibles puede desencadenar una serie de impactos negativos, como la deforestación de bosques primarios y la contaminación de fuentes de agua».

En la Reserva Comunal Amarakaeri (RCA) se observa la superposición de concesiones minera en las comunidades nativas San José de Karene y Puerto Luz, ubicadas en su área de influencia.

Otras áreas naturales protegidas (ANP) no están exentas de esta problemática. Existen concesiones mineras en El Sira, en Huánuco, donde ya se ha detectado actividad ilegal previamente. La presencia de esta actividad no solo amenaza con destruir hábitats vitales, sino también compromete la biodiversidad de estas zonas.

Por otro lado, las concesiones mineras en el Perú cubren más de 4 163 hectáreas que afectan ríos y cuerpos de agua, como el Santiago, en el límite entre Loreto y Amazonas, donde se logra apreciar que más del 60% de la superficie de la concesión minera es cuerpo de agua.

Finalmente, cinco concesiones abarcan 738 hectáreas en reservas indígenas destinadas a la protección de Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI). La minería en estas zonas representa una amenaza directa para los derechos y la supervivencia de estas poblaciones, que dependen de la integridad de su territorio para subsistir.

Vale precisar que las reservas territoriales y reservas Indígenas son territorios intangibles delimitados por el Estado a favor de los PIACI. Además la legislación peruana prohíbe realizar cualquier actividad distinta a la de los usos y costumbres ancestrales de esta población.

Afectación legal

El informe identifica concesiones mineras en cuerpos de agua, lo que incumple el Decreto Legislativo N° 1100, que regula la interdicción de la minería ilegal y establece medidas complementarias para garantizar la salud pública, la seguridad, la conservación del patrimonio natural y el desarrollo de actividades económicas sostenibles.

No obstante, en áreas de uso directo, como las reservas comunales Amarakaeri y El Sira, la actividad minera puede permitirse bajo estrictas condiciones que aseguren la compatibilidad con los objetivos de conservación de la ANP.

El MAAP señala que estas concesiones “requieren de una resolución de compatibilidad ambiental otorgada por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp). Este documento  se otorga cuando la actividad minera cumple con los objetivos de protección de la biodiversidad; así como la identidad natural y cultural asociada a las comunidades. Caso contrario, la actividad minera sería considerada ilegal”.

Concesiones mineras en trámite

El incremento de concesiones en trámite durante los últimos tres años también es alertado en el informe. Regiones como Madre de Dios, Loreto y Amazonas se han visto afectadas con estas concesiones que son otorgadas sin cumplir con los procesos legales necesarios. Por ejemplo, la comunidad nativa San Luis de Chinchihuani, en la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal El Sira, donde la minería informal ha generado más de 40 hectáreas de deforestación en lo que va del año.