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• Usando como argumento los efectos económicos del COVID-19, la norma aprobada hoy por el Ministerio de la Producción establece la reducción de las multas pesqueras hasta en un 90 %.

Este viernes 27 de mayo se publicó en el diario oficial El Peruano el Decreto Supremo 007-2022-PRODUCE que aprueba disminuir las multas impuestas por haber cometido infracciones pesqueras hasta en un 90 %. Sin embargo, la única justificación que menciona la norma es la afectación económica provocada por la pandemia.

Especialistas señalan que se trataría de un «paquetazo pesquero», similar al que ocurrió en el 2014 cuando se aprobó el «paquetazo ambiental» durante el Gobierno de Ollanta Humala, que redujo el monto de las multas ambientales impuestas por OEFA.

Percy Grandez, asesor legal de Gobernanza Marina de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), señala que “esta norma vulnera el principio de razonabilidad, que rige la potestad sancionadora del Estado, ya que las autoridades deben garantizar que la comisión de la infracción no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir con la normativa»

Según la norma aprobada hoy por el Ministerio de la Producción, este beneficio de reducción de multas se sujeta a las siguientes escalas:

• 90 % de reducción para multas de hasta 50 UIT
• 70 % de reducción para multas de hasta 200 UIT
• 50% de reducción para multas mayores a 200 UIT

Este beneficio aplica para las multas que a la fecha aún no se han pagado, para las multas en plazo de impugnación, para las multas impugnadas en vía administrativa o judicial, para las multas en proceso de ejecución coactiva, así como para los procedimientos administrativos sancionadores que se encuentran en trámite.

“Podríamos decir que nos encontramos frente a un evidente ‘paquetazo pesquero’, en el que el Gobierno se muestra condescendiente con la ilegalidad, en lugar de enfrentarla y castigarla. Permitir que se reduzca el monto de las multas hasta un 90 % debilita drásticamente la fiscalización pesquera y atenta contra la potestad sancionadora del Estado que, a través de la imposición de severas multas, debería desincentivar la comisión de infracciones, en lugar de premiarlas”, añade Grandez.