• AIDA y Aprodeh informaron que se registró recientemente una elevada presencia de dióxido de azufre en La Oroya debido a la reactivación parcial del complejo metalúrgico y a la falta de medidas de prevención, alerta, supervisión y fiscalización por parte del Estado.
• Las organizaciones que representan a los afectados por contaminación, también afirmaron que el avance del Estado en la implementación de la sentencia del tribunal internacional ha sido lento e insuficiente.

 

A dos meses de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) responsabilizara al Estado peruano por la contaminación de habitantes de La Oroya (Junín), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), organizaciones que representan legalmente a las víctimas, alertaron un incremento en la presencia de contaminación tóxica en la mencionada ciudad andina debido a la reactivación parcial del complejo metalúrgico y a la falta de medidas de prevención, alerta, supervisión y fiscalización estatal.

Como se recuerda, el 22 de marzo pasado, el tribunal internacional hizo pública la sentencia en la que estableció la responsabilidad del Estado en la violación de derechos de 80 habitantes de La Oroya, afectados por décadas de contaminación tóxica, y ordenó adoptar medidas de reparación integral que incluyen remediación ambiental, reducción y mitigación de emisiones contaminantes, monitoreo de la calidad del aire, atención médica gratuita y especializada, indemnizaciones y un plan de reubicación para las personas afectadas.

Hasta la fecha, según AIDA y Aprodeh, la implementación de esta sentencia avanza de forma lenta e insuficiente.

«Se necesita un trabajo multisectorial articulado de los tres niveles del Estado —local, regional y nacional— que permita alcanzar un criterio unificado para avanzar en el cumplimiento efectivo de la sentencia», afirmó Christian Huaylinos coordinador del área legal de Aprodeh. «Además, deben establecerse mecanismos claros para garantizar la participación efectiva de las víctimas en la implementación de las órdenes dadas por la Corte IDH».

[Ver además►La Oroya: responsabilidad internacional del Estado peruano y la agenda ambiental pendiente]

Registran incremento de contaminación

Al avance lento en la implementación de la sentencia, de acuerdo con información del sistema de vigilancia ambiental del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), AIDA y Aprodeh informaron que se registró recientemente una elevada presencia de dióxido de azufre en La Oroya debido a la reactivación parcial del complejo, por lo cual el Estado debería adoptar medidas urgentes en base a su responsabilidad internacional.

«Nosotros como población necesitamos sentir y evidenciar que el fallo se está cumpliendo», afirmó por su parte Yolanda Zurita, peticionaria del caso. «No es posible que después de 20 años de proceso y de que se hizo pública la sentencia de la Corte, haya funcionarios que digan desconocer la sentencia».

Una de las medidas ordenadas por la Corte IDH consiste en garantizar que las operaciones del Complejo Metalúrgico de La Oroya cumplan con estándares ambientales internacionales, previniendo y mitigando daños al ambiente y a la salud humana.

Según explicaron AIDEA y Aprodeh, las medidas de reparación dictaminadas por el tribunal van más allá de los derechos que corresponden directamente a las víctimas e incluyen medidas de restitución y garantías de no repetición en favor de toda la población de La Oroya y de la del país. Asimismo, en el fallo se definieron parámetros para la correcta actividad empresarial minera, metalúrgica y otros rubros en Perú, en defensa del ambiente y de la salud.

Cabe destacar que la sentencia de la Corte IDH en el caso de La Oroya es considerada un precedente clave para la protección del derecho a un ambiente sano en América Latina y para la adecuada supervisión de las actividades empresariales por parte de los Estados.

«Además de ser un hito para la protección del derecho al ambiente sano en América Latina, la sentencia es una gran oportunidad para que el Estado de Perú prevenga y gestione de mejor manera los impactos ambientales derivados de las actividades minero metalúrgicas, así como para que mejore la atención en salud de las personas expuestas a la contaminación», manifestó Rosa Peña, abogada sénior del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA. «La Corte ya identificó los aspectos clave, ahora es tarea del Estado en su conjunto generar una buena implementación que sirva de ejemplo para otros casos a nivel nacional e internacional», puntualizó.