El pasado martes 9, diversas organizaciones marcharon en la provincia de Puerto Inca para exigirle al gobierno regional de Huánuco que deje de otorgar petitorios mineros en zonas frágiles de la Amazonía, así como la nulidad de las declaraciones de compromiso a empresarios que no merecen acogerse a esta medida.

La movilización, que también exigió mejor atención en temas de agua potable y salud, fue organizada por el Frente de Defensa de Puerto Inca. El reclamo contra los mineros, se da porque en los últimos meses la minería se ha expandido (particularmente la informal e ilegal), afectando zonas de biodiversidad y comunidades nativas.

Al respecto, la alcaldesa de Puerto Inca, Daysi Heidinger, señaló que “la minería está haciendo daño a la provincia” y por ello han presionado a las autoridades regionales que detengan o controlen esta actividad.

En un reciente incidente, Heidinger narró que debido a las constantes invasiones a zonas no permitidas para la minería, presionaron a la Fiscalía Ambiental de la región para que incaute maquinaria pesada destinada a esta actividad. La maquinaria fue incautada, pero al poco tiempo el Poder Judicial ordenó la devolución al dueño, el ciudadano chino Yi Yuanguang, quien actualmente es investigado en tres regiones por delito de minería ilegal.

“El Poder Judicial actúa sin sensibilidad respecto al requerimiento de la población, y de manera extraña”, dijo al respecto la alcaldesa en declaraciones a Actualidad Ambiental.

Asimismo, Heidinger Zevallos exigió al gobierno regional y nacional mayor apoyo para detener el incremento de la minería ilegal en la provincia. Una de sus preocupaciones es que esta actividad ya está afectando a 3 comunidades nativas de las 17 que existen en la zona.

“Si hay minería que sea en zonas permitidas, no en cualquier lugar”, puntualizó la alcaldesa.