• Piden que el presidente de la República, Pedro Castillo, y el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, se manifiesten respaldando la protección y ofreciendo garantías de los derechos de los PIACI. 

Mediante una carta pública difundida este miércoles 26 de mayo, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que representa a 2400 comunidades en todo el país, solicitó al presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, y al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres Vásquez, a manifestar públicamente su respaldo a la protección de los derechos y territorios de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI).

«Exhortamos al presidente y al premier a pedir al Gobierno Regional de Loreto (GOREL) y entidades públicas y privadas, a respetar los derechos de los PIACI y sumar esfuerzos para hacer efectiva la Ley PIACI. Alertamos que la Coordinadora para el Desarrollo Sostenible de Loreto agremia a un sector del empresariado loretano con prácticas inescrupulosas que acumulan en su haber escandalosas sentencias por corrupción y delitos ambientales, y lo que es peor, han hallado respaldo del gobernador regional de Loreto», detalla el documento.

Como se recuerda, el pasado 25 de abril el gobernador regional de Loreto, Elisbán Ochoa, junto a otros servidores públicos y actores del área empresarial firmaron un manifiesto a través del cual se exige la derogatoria de la Ley 28736 (Ley PIACI), norma que protege a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial y sus territorios.

[Más detalles ▶ Rechazan manifiesto de autoridades y empresarios loretanos donde piden derogar Ley PIACI]

Solicitud de demandas

En el documento piden, además, al presidente Pedro Castillo que exija al GOREL a declarar la nulidad de 47 concesiones forestales otorgadas, según se detalla en la carta, de manera ilegal dentro de los territorios de los PIACI en Loreto.

«(Estas concesiones) son nulas de pleno derecho en la medida que violan los tratados y estándares internacionales que amparan los derechos de los pueblos indígenas, así como la normativa forestal que establece la prohibición que expresa el otorgamiento de concesiones forestales en áreas en trámite para el establecimiento de reservas a favor de los PIACI», indica la organización indígena.

Asimismo, detalla que el otorgamiento de estas denuncias ya fueron realizadas ante el Ministerio de Cultura, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República, la Defensoría del Pueblo y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor). Sin embargo, en el comunicado la organización asegura que «han seguido operando de manera ilegal y con total impunidad a lo largo de varios años teniendo graves impactos en las vidas de los pueblos en aislamiento».