Foto: Diego Pérez / SPDA
- Lizardo Cauper, presidente de Aidesep, calificó de engañosas las campañas contra la ratificación del Acuerdo de Escazú y manifestó la posición de las organizaciones indígenas sobre el tema.
“Este acuerdo brinda medidas adecuadas para reconocer, proteger y promover derechos vitales para el ejercicio de los y las defensores indígenas”, destacó Lizardo Cauper, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), en el panel fórum “Acuerdo de Escazú”, un evento que reunió a especialistas, autoridades regionales y representantes de la sociedad civil.
En el foro, convocado por la Autoridad Regional Ambiental (ARA) de Loreto, se expusieron ideas tanto a favor como en contra de la ratificación del mencionado acuerdo. Según indicó Juan Manuel del Águila, asesor del Gobierno Regional de Loreto (Gorel), les parecía necesario escuchar ambas posiciones.
Como se recuerda, el Perú firmó el Acuerdo de Escazú en septiembre de 2018, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, junto a otros 12 países. Desde entonces, otros 10 países más lo han firmado y 9 lo han ratificado. Para entrar en vigencia, se necesita de 11 ratificaciones y en nuestro país esta tarea recae en el Congreso de la República.
Sin embargo, en las últimas semanas ha surgido un sector que se opone a la ratificación de este acuerdo que representa el primer tratado que reconoce a los defensores de derechos humanos ambientales y promueve mecanismos para protegerlos. Además, impulsa la mejora de la democracia en materia ambiental. Esta oposición surge cuando la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República se alistaba a debatir el acuerdo a fin de elaborar y aprobar un dictamen.
En este sentido, especialistas como Mariano Castro, exviceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente (Minam), desmintieron algunos de los argumentos de quienes se oponen a la ratificación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido ahora como Acuerdo de Escazú.
“Hay algunas aclaraciones que creo son necesarias. En primer lugar, ¿el acuerdo implica la entrega de la Amazonía y el 53% de nuestro territorio nacional? Son cosas que se han venido diciendo y repitiéndose. El acuerdo no se refiere a la Amazonía y, como se ha señalado, el artículo 3 garantiza el principio de soberanía”, explicó Mariano Castro.
De la misma manera, señaló que lejos de paralizar el crecimiento económico, como se ha venido señalado durante las últimas semanas, ratificar el Acuerdo de Escazú demostraría que el Perú es un país con ánimos de captar inversión responsable. Y que, si bien permitirá que las comunidades nativas participen en el proceso de toma de decisiones, esto no significa que estas tomarán las decisiones, “la participación de las comunidades no es vinculante y la decisión siempre reside en la autoridad, decir lo contrario es mentir”.
Por su parte, Castro, Angel Delgado Silva, ex jefe del Gabinete de asesores de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), cuestionó los beneficios del tratado, sus alcances y sobre todo a quienes beneficiaría, indicando que se estarían “creando las condiciones para que los beneficios estén localizados fuera de las fronteras nacionales”.
[Ver además ► Diez mitos y verdades sobre el Acuerdo de Escazú: democracia y defensores ambientales]
Foto: Vico Méndez / SPDA
Frente a estas afirmaciones, el líder indígena Lizardo Cauper, manifestó que los pueblos indígenas amazónicos consideran vital el Acuerdo de Escazú, “porque permite proteger derechos humanos, como también el acceso a la información cuando hay peligro inminente a la salud”, y advirtió que “no rectificar el Acuerdo de Escazú es desconocer los derechos indígenas sobre sus territorios y desconocer a quienes habitan la Amazonía”.
De esta manera, explicó que el acuerdo beneficiaría a “las poblaciones vulnerables, como los pueblos indígenas”, quienes podrían participar desde el inicio en el desarrollo de proyectos que puedan afectarlos y mejoraría su acceso a la justicia. Aclaró, además, que los pueblos indígenas no buscan obstaculizar el desarrollo, siempre y cuando este se dé sosteniblemente.
El líder indígena también se refirió a la campaña de desinformación emprendida por algunos sectores, señalando que estas están “plagadas de mentiras y verdades a medias”. “El acuerdo no dispone ni de nuestro territorio ni de los recursos naturales, ni regula las actividades que pueden realizar en la Amazonía. Tampoco permite que un país ajeno ingreso libremente a ella. El Acuerdo de Escazú dice textualmente que Perú aprobará sus propias leyes de implementación para fomentar la participación ciudadana, garantizará información transparente y asegurará el acceso a la justicia ambiental. Nada es impuesto, es el fruto de un esfuerzo regional para proteger el medio ambiente”, manifestó.
Pese a lo expresado por Lizardo Cauper, el representante de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Loreto, Ricardo Boria, indicó que la posición de esta entidad es opuesta a la ratificación del acuerdo “debido a que no va a generar el desarrollo que necesita nuestra región”.
Por su parte, Carol Mora, directora del Programa de Políticas y Gobernanza Ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), lamentó “que durante las últimas semanas las posiciones se hayan polarizado tanto en algo que nos beneficia a todos”. Y expresó que «esta polarización parte de pensar lo ambiental y el desarrollo económico como una dicotomía, cuando lo ambiental, al ser considerado en la decisión, nos va a ayudar a legitimar procesos, a atender derechos, a generar confianza, a prevenir y solucionar de forma anticipada los conflictos sociales, a generar democracia y transparencia”.
La especialista de SPDA también objetó que el acuerdo vaya a beneficiar únicamente a la comunidad internacional. “El Acuerdo de Escazú va a tener un impacto directo positivo en nuestro país. Es verdad que el Perú tiene avances importantes en cuanto al marco regulatorio, pero el nivel de implementación es aún es muy insipiente. Lo que va a promover Escazú es elevar el nivel de implementación en asuntos esenciales como participación pública y como justicia ambiental”, explicó.
En el panel fórum también participaron los gobernadores regionales de Ucayali, Madre de Dios y San Martín, quienes se manifestaron en contra de la ratificación del acuerdo, señalando que no fueron consultados a tiempo y que este tratado pone en riesgo el desarrollo de sus regiones.
Comments are closed here.