Foto: Diego Pérez

• “Defensores y defensoras indígenas se enfrentan a la discriminación histórica por parte del Estado”, advierte la organización en un pronunciamiento.

Desde el inicio de la pandemia hasta la fecha son diez las personas asesinadas por defender sus territorios, recursos naturales y derechos. Ante esta amenaza latente a las personas defensoras de derechos humanos, organizaciones indígenas lideradas por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) se han pronunciado nuevamente demandando “¡no más muertes de líderes indígenas!”.

Aidesep y sus bases regionales han dirigido este pedido al presidente Pedro Castillo en un pronunciamiento emitido el pasado 28 de julio, tras el primer encuentro nacional para la protección de defensores y defensoras de la Amazonía peruana.

En este documento advierten que es “necesario asegurar una articulación efectiva con diversas instituciones estatales” y para ello piden al presidente que “respalde e implemente acciones concretas” enfocadas en asegurar la protección de quienes defienden los derechos indígenas.

Según las organizaciones indígenas, entre las acciones que debe realizar el nuevo Gobierno se encuentra la promoción de la ratificación del Acuerdo de Escazú, como un instrumento que promueve la implementación efectiva de los derechos de acceso a información, participación pública, justicia en asuntos ambientales y protección de las y los defensores.

Asimismo, sugieren una declaración de emergencia sobre el proceso de titulación de comunidades nativas para que se priorice este cierre de brechas y los pueblos indígenas puedan acceder efectivamente a seguridad jurídica sobre los territorios que habitan ancestralmente.

También demandan que se implemente de manera efectiva el Mecanismo Intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos, sobre el cual hace falta la aprobación del protocolo de actuación, así como el involucramiento activo del Ministerio del Interior y una dotación presupuestaria.

Otras demandas son la reparación y acceso a la justicia para victimas y familiares; la lucha contra el crimen organizado, narcotráfico y otras actividades ilegales que afectan la Amazonía y amenazan la vida de las comunidades; y que se fomente una articulación entre el sistema de justicia y las organizaciones indígenas.

Mira el pronunciamiento completo aquí: