Debido a las protestas en La Oroya, que hasta el momento han tenido como saldo una persona fallecida y varios heridos, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) emitieron un pronunciamiento donde exigen al Estado reestablecer el orden pero sin el uso extremo de la fuerza.

Asimismo, señalan que el Estado “tiene la obligación de atender la demanda social y generar alternativas que además garanticen los derechos a un ambiente sano, a la vida, a la integridad y a la salud de la población de La Oroya”.

Como se recuerda, ayer una persona falleció debido a una bala perdida disparada presuntamente por un agente policial. La víctima, identificada como Ademir Soto, de 41 años, no formaba parte de los manifestantes.

Según el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, ya se identificó al agente policial que hizo uso indebido de su arma. “Eso tendrá que ir al fuero militar policial o al fuero común”, afirmó.

Pronunciamiento ante los hechos de violencia registrados en La Oroya

La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), como organizaciones dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos y el ambiente, manifestamos nuestra profunda preocupación ante los hechos de violencia que se vienen suscitando en la ciudad de La Oroya, departamento de Junín.

De acuerdo con información de conocimiento público, desde las primeras horas de ayer martes 11 de agosto, el paro organizado por los trabajadores del Complejo Metalúrgico de La Oroya, propiedad de la empresa Doe Run Perú S.A., conllevó el bloqueo de la Carretera Central, lo que ha producido enfrentamientos entre los manifestantes y efectivos de la Policía Nacional del Perú.

Lo anterior ha traído como consecuencia el fallecimiento de una persona, el señor Edwar Soto de la Cruz (41), y alrededor de 67 personas heridas, entre ellas cuatro heridas de bala e identificadas por el propio Ministerio Público como Yimer Bazán Daza (18), Willian Ronald Barja Lara (40), Alan Colca Cotera (23) y Vidal Barzola Vila (52), mismas que no pueden ser debidamente atendidas ya que el hospital de ESSALUD de La Oroya ha colapsado por no contar con suficiente personal médico para atender la emergencia.

En vista de dicha situación manifestamos que:

1. El derecho a la protesta social es un derecho legítimo que tiene todo ciudadano para ejercer un justo reclamo ante el Estado; no obstante, éste debe de ser ejercido de forma pacífica.

2. El Estado peruano debe garantizar el pleno respeto a la vida e integridad de la población de conformidad con la Constitución Política y sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. En ese sentido, en su tarea de mantener el orden público, la Policía Nacional del Perú debe respetar el protocolo de intervención policial en conflictos sociales y no puede hacer un uso indiscriminado de la fuerza letal. Información difundida a través los medios de comunicación constata el uso de fuerza letal por parte de la Policía en La Oroya.

3. Exigimos al Poder Ejecutivo la inmediata promulgación de la «Ley que regula el empleo de la fuerza por parte del personal de la Policía Nacional del Perú», al amparo de las facultades legislativas, norma que permitirá regular el empleo de la fuerza por personal de la Policía Nacional del Perú en cumplimiento de su finalidad constitucional, que es mantener y restablecer el orden interno.

4. Expresamos nuestro rechazo y condenamos todo acto violencia, por lo que hacemos un llamado al diálogo que permita llegar a una solución oportuna y pacífica, evitando de esta manera que el número de víctimas se acreciente con el paso de las horas.

5. Ante el reclamo de parte de los trabajadores del Complejo Metalúrgico de La Oroya de respeto a su derecho al trabajo, el Estado tiene la obligación de atender la demanda social y generar alternativas que además garanticen los derechos a un ambiente sano, a la vida, a la integridad y a la salud de la población de La Oroya.

Finalmente, solicitamos que el Ministerio Público realice una pronta y exhaustiva investigación del uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional y que, de manera urgente, el Estado brinde los recursos necesarios al Hospital de ESSALUD de La Oroya a efectos de que pueda atender adecuadamente a las víctimas.

AIDA es una organización internacional sin fines de lucro que usa la ley para proteger el ambiente, principalmente en América Latina.