Hoy el diario Perú21 informó que existen doce reportes de Inteligencia de la Policía Nacional que alertaban al Presidente de la República, Alan García Pérez, sobre las medidas radicales que pretendían ejecutar los huelguistas en Puno, entre ellas la toma del aeropuerto Inca Manco Cápac. Sin embargo el Presidente no habría realizado acciones concretas.

Según el diario, estos reportes se hicieron hasta con un mes de anticipación, por lo cual pudo haber evitado las 5 muertes, más de 30 heridos y los daños a la propiedad pública y privada. Ante la información, el Gobierno solo planteó medidas de seguridad y no la solución del conflicto.

Estos informes fueron hechos por la Policía adscrita a la XII Dirtepol-Puno y un contingente especial enviado desde Lima al lugar del conflicto. Conforme pasaban los días, los agentes informaron sobre los objetivos de los huelguistas puneños a las oficinas de Prevención de Conflictos de la Presidencia del Consejo de Ministros, del Ministerio de Energía y Minas y del portafolio del Ambiente.

“Manifestantes de Azángaro amenazan con tomar el aeropuerto internacional de Juliaca y todas sus instalaciones, y se prevé enfrentamientos con la Policía”, dice uno de los documentos que la Policía emitió Ejecutivo, según Perú21.

El mismo 24 de junio, los agentes también informaron que en los actos de violencia se infiltraron delincuentes comunes, incluso terroristas y la “Unión de Comunidades Aymaras”, un grupo integrado por un centenar de reservistas etnocaceristas.

CONGRESISTAS INVOLUCRADOS EN CONTAMINAN DEL RÍO RAMIS

Por otro lado, el diario La República señaló como principales responsables de la contaminación del río Ramis, a los congresistas Tomás Cenzano (Apra) y Francisco Ccama (Fuerza 2011), ambos vinculados a la minería informal.

Según el diario, la familia de Cenzano es propietaria de mina en La Rinconada, donde operan 30 mil mineros informales en las alturas de Ananea, mientras que Ccama tiene viejas denuncias fiscales por contaminar dicho río.

Cabe destacar que Ccama Layme, considerado el principal minero informal en Ananea, preside la Central de Cooperativas Mineras de San Antonio de Poto, una organización que opera sin contar con un Estudio de Impacto Ambiental.

En su defensa, Ccama, señaló que la actividad minera en el Ramis se practica desde hace más de cincuenta años, por lo que turbidez de las aguas de este río “siempre han permanecido con esa coloración”.

Por su parte, Tomás Cenzano, declaró tener el 33% de participación en la concesión minera Chibolo-2, situada en la zona de Winchumayo. Asimismo, aceptó poseer el 45% de la minera Media Naranja, empresa que fue acusada de tener una deuda con la Sunat por un monto de 240 millones de soles.

Posteriormente, el legislador transfirió dichas acciones a su hijo, debido a que la Ley General de Minería le prohibía realizar actividad minera en su condición de legislador. Aún así, siguió ligado a las empresas a través de su familia.

El analista político Aldo Santos, de la ONG Servicios Educativos Rurales (SER), dudó del trabajo que puedan realizar estos congresistas en beneficio de Puno. “No me imagino, por ejemplo, a Francisco Ccama proponiendo una ley para la formalización de la minería informal”, comentó Santos.

Según el especialista, los mineros informales tienen mucho poder, incluso “pueden colocar congresistas y además tienen mucha capacidad para movilizar gente”.

“Ahora los campesinos han logrado un presupuesto de 150 millones de soles para la descontaminación de la cuenca del Ramis, pero el presupuesto total para hacer esta labor llega a los 300 millones de dólares”, señaló Santos, agregando que en Lima no se maneja la información como se debe.

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Foto: Presidencia de la República