• A dos años del derrame de petróleo en el mar de Ventanilla, por responsabilidad de la empresa Repsol, los expertos advierten que hay contradicción en la cifras de zonas dañadas, lo que no permite determinar con exactitud la cantidad de afectados.

El 15 de enero del 2022, Perla Chota Lanaro trabajaba con normalidad como cobradora de bus de servicio público en la ruta Ancón–Salvador, de la empresa Virgen de la Puerta S.A., más conocida como Vipusa. Sin saberlo, a decenas de kilómetros de su puesto de trabajo, se produjo un derrame de petróleo cuando el buque Mare Doricum descargaba crudo en la refinería La Pampilla de Ventanilla, de propiedad de la empresa Repsol. El hecho cambió su condición laboral.

“Ese día la afluencia del público fue normal como un sábado de verano: había muchas personas que iban a Ancón para entrar al mar. Lo extraño fue al día siguiente, un domingo: no había pasajeros, las pocas personas que subían al bus [que parte desde el paradero de Vipusa, Ancón] estaban con miedo”, recuerda la trabajadora. Ese día se enteró que el mar estaba manchado con petróleo.

La primera alerta de que el mar estaba contaminado lo dio un medio local de Ventanilla el domingo 16 de enero. La noticia rápidamente se hizo viral entre la población, quienes se organizaron para exigir a la empresa Repsol hacerse responsable del desastre, pero recién ocho meses y medio desde el desastre ecológico lograron acordar una compensación económica con 1000 familias afectadas, según informó la misma empresa.

En el primer año del “peor desastre ecológico en Lima en los últimos tiempos”, la Defensoría del Pueblo informó en la contaminación del mar y las playas generó a la paralización de las actividades económicas de subsistencia como la pesca artesanal, la acuicultura a menor escala y, también el turismo, el comercio interno y el transporte de mercaderías; generando un perjuicio económico a más de 10 mil familias. 

El Gobierno peruano llegó a un acuerdo con la empresa Repsol el pasado 4 de marzo del 2022 para indemnizar económicamente a las personas afectadas por el derrame de petróleo. Lo que se conoce como el lucro cesante, una forma de daño patrimonial que consiste en el impedimento de una ganancia económica legítima como consecuencia de las acciones o decisiones de un tercero. En este caso, el derrame de petróleo ocasionó el cierre de las playas, medio de vida de miles de pescadores, transportistas, vendedores de comida y otros, quienes iniciaron un proceso de negociación para ser indemnizados.

Esta noticia alentó a Perla Chota, madre de cuatro niños que vive hace quince años en Ancón, quien redujo drásticamente sus ingresos económicos desde el derrame de petróleo. “Diariamente en verano lograba ganar entre S/ 200 a S/ 230, pero desde el derrame apenas sacó S/ 80 en el 2022, ahora las cosas han mejorado un poco [dos años después], aunque la playa sigue cerrada por la contaminación y el fuerte oleaje”, precisa.

La madre de 35 años también se dedicaba a vender comida en la playa de Ancón los días que no iba a trabajar con el bus. “Era ambulante, salía con mi carrito a vender papa rellena o causa rellena. Buscaba muchas formas de ingreso para mi hogar, con el cierre de la playa mis recursos se redujeron, los días se pusieron críticos”, señaló. 

Chota Lanaro cuenta que se inscribió en “una lista de afectados que estaban armando unos abogados”, pero no le pudo dar seguimiento y fue retirada. Luego se inscribió en otra lista de otros abogados. “Nos pedían colaboraciones para gestionar la documentación. Daba S/ 30, S/ 50 semanales, pero no sabemos si realmente nos indemnizarán”, dice. Hasta el día de hoy la trabajadora de transporte público y ambulante no sabe cómo se debe gestionar la indemnización ni en quién debe confiar para tramitar su pedido.

Pescadores afectados

Abelino Ramírez Trebejo avanza en una pequeña embarcación por el mar de Ancón, su mirada es triste, a casi dos años del desastre ambiental no ha vuelto a pescar dentro de las tres millas como lo hacía antes, que salía a las 5 de la mañana al mar, capturaba las especies y vendía sus productos en el mercado local. “El derrame de petróleo nos ha golpeado duro”, afirma. 

El pescador artesanal fue tres veces presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales de Ancón (Apescaa), dice que sus colegas han tenido que cambiar de empleo para sobrevivir al desastre ecológico, ahora la mayoría se dedica a la pesca de bonito de altura porque no pueden trabajar dentro de las tres primeras millas de mar debido a contaminación por petróleo. 

“La pesca artesanal no solo es la principal fuente de trabajo de las personas afectadas, sino que provee de recursos hidrobiológicos para el autoconsumo, la industria de alimentos, los mercados, restaurantes y hoteles. Estas afectaciones no están siendo atendidas adecuadamente por la empresa causante de la emergencia y las instituciones de gobierno no dan abasto para atender a toda la población afectada”, señaló la Organización Mundial para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Un reciente estudio “Revelando el daño: valorización económica de la pérdida de bienestar de las familias pescadoras afectadas por el derrame de petróleo en la costa de Lima en enero del 2022” de la organización civil CooperAcción determinó que cada pescador perdió S/ 11 902 mensuales por el cese de sus actividades. 

“Las cantidades de pesca y precios de venta fueron informados por los mismos pescadores. Podría reducirse gastos de materiales de pesca: arpón, anzuelo, entre otros. Pero los pescadores señalaron que sus materiales han sido dañados por el sol y debe mantenerse el precio neto”, explicó Kely Alfaro Montoya, especialista en valoración económica de ecosistemas y biodiversidad.

La valorización que realizó Alfaro Montoya sirvió como base para que los pescadores puedan negociar con la empresa Repsol el monto de sus indemnizaciones junto con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo. Este estudio será presentado públicamente el próximo 18 de enero en Lima.

En tanto, la empresa Repsol presentó a los pescadores su estimación económica para el rubro de pesca donde el monto final a indemnizar es de S/ 5500 para el armador, S/ 4700 para el embarcador, S/ 3500 para el no embarcador y S/ 2900 para el agente de pesca. 

“Esta cifra representa el precio bruto, es decir se aplican los deductivos de los costos de pesca. La empresa asumió el pago de 11 meses y medio del 2022 para los pescadores empadronados”, anotó la especialista en economía y ambiente, Kely Alfaro.

Percy Munayco Silva, investigador en pesquerías y contaminación marina de la organización Conciencia Marina, informó que el sector pesquería es el que cuenta con mayor número de indemnizados. 

Este 2024, Repsol informó ante la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afrodescendientes, Ambiente y Ecología que de 10 300 personas afectadas (40 % pescadores y 60 % entre comerciantes y otros), han indemnizado al 98 %, destinando más de S/ 1000 millones para ello. En tanto, hay personas, como Perla Chota, que sostienen que no fueron indemnizadas en el 2022 y otras que están exigiendo una indemnización por las pérdidas del 2023.

Contradicción en los datos

Para la investigadora Kely Alfaro, el tiempo de recuperación del ecosistema y la falta de unificación de datos de las entidades del Estado peruano sobre la cantidad de territorio contaminado, lo cual también implica la cantidad de personas afectadas, no permiten realizar una correcta indemnización a la población afectada. 

El 23 de enero del 2022, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) informó que se afectó 180 hectáreas de suelo y 713 hectáreas de mar por el derrame de petróleo. La cifra cambia el 15 de abril cuando el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) estimó que el derrame afectó a aproximadamente a 180 hectáreas de suelo y 15 846 hectáreas de la superficie de mar, afectando a 49 playas y 19 puntas y acantilados. Además, de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, Zona Reservada Ancón y los Humedales de Ventanilla.

Pero en un informe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) del 1 de diciembre del 2022 la cifra vuelve a cambiar al señalar que se afectó 180 hectáreas de suelo y 713 hectáreas de mar junto a dos reservas naturales. Mientras que el Congreso de la República no brinda una cifra exacta del área afectada.

La evaluación del gobierno determinó que la pesca artesanal de los distritos de Ventanilla en la provincia constitucional del Callao; Ancón y Santa Rosa en la provincia de Lima; y Aucallama y Chancay en la provincia de Huaral fue la principal actividad económica afectada. 

La cifra de personas afectadas también varió en diversas ocasiones: Indeci informó que fueron 15 589 afectados en el 2022, al año siguiente se redujo a 10 300 personas, el Congreso hace un cálculo de 5555 y el Padrón Único de Afectados consideró a 10 186 personas afectadas.

Y según el Padrón Único de Afectados, fueron un total de 3940 familias dedicadas a actividades de pesca y 27 familias dedicadas a la ganadería en el distrito de Aucallama, que tiene establos muy cercanos a la playa. 

A esto se suma la falta de información sobre la población informal que vive y trabaja dentro del territorio afectado por el derrame de petróleo. “Una de las principales condiciones para ser parte del padrón de afectados es ser formal: tener los permisos de pesca, en caso de la actividad pesquera, y ser parte de una organización”, explicó Percy Munayco Silva, investigador en pesquerías y contaminación marina de la organización Conciencia Marina.

Sin embargo, existen pescadores que quedaron fuera del padrón de afectados, principalmente aquellos que no están asociados, aseguró Sandro Gutiérrez, coordinador del proyecto de emergencia “Recuperación de los medios de vida de pescadores artesanales y productores ganaderos afectados por el derrame de petróleo en Lima, Perú”.

El proyecto inició su ejecución en octubre de 2022 y culminará en febrero de este año. “Estaba programado brindar apoyo y asistencia técnica a 1090 pescadores artesanales, pescadores de peña, molusqueros y ganaderos afectados por el derrame de petróleo, pero hemos logrado trabajar con 846 personas porque la mayoría de nuestros beneficiarios han cambiado de actividad económica o migraron a otras zonas porque ya no pueden pescar en la zona afectada”, explicó el funcionario.

Precisó que ante la ausencia de los pescadores en las capacitaciones y asistencia técnica que brindan han decidido incorporar a pescadores no sindicalizados, quienes inicialmente no fueron considerados en el proyecto porque no se tenía registro de ellos, como tampoco Perla se encuentra en el padrón único de afectados.  

El balance

A puertas de cumplirse dos años del derrame de petróleo en Ventanilla, los impactos sociales, económicos y ambientales aún no son resueltos por la empresa Repsol y el gobierno. Las organizaciones civiles han desarrollado acciones (estudios, reportajes, sistematización de información, entre otros) que buscan reducir la falta de acompañamiento y asesoramiento a los ciudadanos afectados por el derrame. 

“Resulta preocupante que las autoridades gubernamentales cuenten con información estadística que no ayuda a resolver la identificación de personas afectadas por el derrame”, cuestiona Jean Araujo, especialista legal del Programa de Gobernanza Marina de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).

En octubre del 2023 se presentaron los planes de rehabilitación de la Refinería la Pampilla (RELAPASAA), de propiedad de Repsol, los cuales se encuentran en evaluación. “Será importantísimo asegurar que durante este proceso de evaluación a cargo del Ministerio de Energía y Minas, se aseguren los más altos estándares de participación ciudadana, a fin de lograr que las voces de los ciudadanos afectados sean escuchadas y atendidas oportunamente”, anotó el experto.

En tanto, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) conformó en octubre del 2023 un grupo de trabajo con 19 representantes de ministerios, organismos fiscalizadores ambientales, gobiernos locales y representantes de organizaciones civiles de los distritos Ancón, Aucallama, Santa Rosa, Ventanilla y Chancay para evaluar las solicitudes de las personas que se consideran afectadas por el derrame de petróleo, pero que no son parte del padrón único de afectados. 

Los resultados de este grupo serán presentados en abril del 2024, mientras tanto decenas de personas, como Perla Chota, siguen esperando una justa indemnización.