Perú formó parte del grupo de países que firmó el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, también conocido como el Acuerdo de Escazú. Dicho compromiso fue suscrito hoy 27 de setiembre en la Asamblea General de las Naciones Unidas que se desarrolla en Nueva York (EE.UU.).

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Acuerdo de Escazú es el primero de su tipo en el mundo que incluye disposiciones vinculantes específicas para la protección y promoción de personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales.

“Buscando garantizar el derecho de las generaciones presentes y futuras a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible, el Acuerdo de Escazú apunta al fortalecimiento de capacidades y refuerza la cooperación entre los países de la región. También plasma nuestras prioridades y aspiraciones comunes y demuestra la vigencia del multilateralismo regional para el desarrollo sostenible”, manifestó Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL.

En total, fueron doce los países firmantes: Perú, Argentina, Antigua y Barbuda, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Guyana, México, Panamá, Santa Lucía y Uruguay. Asimismo, se espera que en las próximas horas se sumen República Dominicana y Haití.

Aportes de la sociedad civil fue fundamental

Isabel Calle, directora del Programa de Política y Gobernanza Ambiental de la SPDA, destacó la importancia del Acuerdo de Escazú para nuestro país y señaló que es el resultado de un proceso donde no solamente han intervenido los Estados sino también organizaciones de la sociedad civil, y eso es algo muy importante. “Si bien es cierto que no han podido decidir respecto del acuerdo en general, sí han podido participar, dar ideas, exponer ante los demás representantes del Gobierno, y eso ha generado tener un texto interesante”, señaló.

Calle Valladares también explicó que, si bien muchos países ya cuentan con normas ligadas a los derechos de acceso a información, participación y justicia ambiental, “el acuerdo establece una serie de estándares en estos temas”.

“El establecer un estándar significa que, obviamente, hay temas en los que debemos seguir mejorando para, por ejemplo, transparentar más la información, hacerla más accesible. La idea es avanzar en la protección ambiental y no relajar las normas como ya se ha intentado en gobiernos anteriores, flexibilizando normas ambientales en pro de la inversión y en desmedro de una participación de la población de manera efectiva en los procesos de evaluación de los estudios de impacto ambiental”, agregó.

Siguiente paso: la ratificación

Luego de la suscripción que estuvo a cargo de la ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, el Acuerdo de Escazú tiene que se ratificado por el Congreso de la República, por lo el Ejecutivo tiene que jugar un rol importante para explicar y convencer a las diferentes bancadas para que aprueben este convenio internacional.

Al respecto, Isabel Calle considera que podría ser complejo porque “este acuerdo busca transparencia y no siempre todos están de acuerdo con que haya más información, con que las reglas sean mucho más claras. Además, está el tema de los defensores ambientales, que es un tema complejo para algunos. Sin embargo, creo que toda la lógica del trabajo del Perú durante todos estos años debería significar una incidencia bastante fuerte en el Ejecutivo con el Congreso para explicar la necesidad de ratificarlo, además se necesitará de la sociedad civil para mostrar la importancia de esta ratificación”.

Finalmente, señaló que una vez ratificado, continúa el proceso de implementación, el cual será un trabajo transversal “en diferentes niveles de gobierno, a nivel de los diferentes sectores, del propio Congreso y del Poder Judicial. Es un acuerdo que es bastante importante por la transversalidad en términos de sectores e involucrado”.

Protección de defensores ambientales

Además de garantizar los derechos de acceso a información, participación ciudadana y justicia ambiental, el Acuerdo de Escazú también establece un punto de partida para la protección de defensores ambientales.

Al respecto, Silvana Baldovino, directora del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la SPDA, señaló que el acuerdo “es muy importante porque introduce el tema de los defensores ambientales como una figura fundamental en la situación actual, donde existen múltiples acciones que perjudican el cumplimiento de los derechos humanos y el ambiente”.

“Es un reto para el Perú porque a raíz de esto, como país tenemos que comenzar a generar mecanismos, protocolos y definiciones claras sobre qué son los defensores ambientales, cuáles son sus riesgos, los mecanismos de protección que vamos a generar, y esto también se tiene que dar a la luz con el Plan Nacional de Derechos Humanos”, explicó.

Ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, explica sobre la importancia del Acuerdo de Escazú: