[Opinión] Un llamado al diálogo: el Acuerdo de Escazú en espera

jueves 5 de diciembre, 2019

Escribe: Fátima Contreras (@faticotz) / Programa de Política y Gobernanza Ambiental de la SPDA

“La creciente conflictividad social en varios países de la región subraya la importancia de la firma y ratificación del Acuerdo de Escazú”, señala la Declaración del Foro Regional de Transformación de Conflictos presentada el 28 de noviembre en Guatemala, que ha sido suscrita por representantes de 11 países de la región, el Perú incluido.

Los recientes sucesos de conflictividad en Chile, Colombia, Bolivia, Perú y otros países de la región latinoamericana han captado la atención de expertos de distintas nacionalidades y especialidades para dar respuesta al pedido de transformación que exigen los latinoamericanos para que sus países puedan a alcanzar una gestión participativa, transparente, justa y segura para todas y todos. Por otro lado, nuestra región sigue siendo la más peligrosa para los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales del mundo, lo que significa que muchos de ellos se encuentran viviendo bajo amenazas y riesgos contra su vida.

Estos puntos fueron abordados en la ciudad de Guatemala, donde los días 27 y 28 de noviembre se llevó a cabo el XI Foro Regional de Transformación de Conflictos Socioambientales en América Latina cuyo tema central este año fue el Acuerdo de Escazú.

Este espacio, promovido por la Fundación Futuro Latinoamericano, la cooperación alemana, entre otras organizaciones de la región, se realiza de forma ininterrumpida hace 11 años para analizar y debatir los conflictos de la región y promover la conexión de actores para compartir experiencias positivas en la gestión de conflictos.

A partir del intercambio de experiencias regionales, se reconoció que el escenario en América Latina aún representa un desafío para garantizar los derechos de acceso y para aliviar la necesidad de reconocer y proteger a los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.

Es necesario afianzar la cooperación regional

El intercambio de experiencias permite reconocer factores comunes de situaciones complejas entre los países de la región. La presentación de los conflictos latinoamericanos permitió hallar que los mecanismos de transparencia y los espacios disponibles para participar aún necesitan fortalecerse considerablemente. Así, por ejemplo, se identificó que tanto países que tienen un marco institucional y legal desarrollado, como Perú y Chile y otros que, por el contrario, aún presentan estos vacíos como Guatemala y Honduras, tienen el más grande reto de alcanzar una efectiva implementación.

Se concluyó que construir y fortalecer una alianza regional propiciaría no solo el intercambio de experiencias y capacidades, sino que alentaría la búsqueda de posibles soluciones desde distintas perspectivas y a partir de lecciones aprendidas.

La consolidación de una alianza regional es un reto pero también representa una oportunidad para estandarizar la aplicación de los derechos y así asegurar un desarrollo sostenible para toda la región. El primer paso es alcanzar la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú y para ello se necesita la ratificación de 11 países (a la fecha 5 países ya lo han ratificado). Esto sería el primer logro como región alcanzado desde la comunicación, el diálogo y la cooperación.

Ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, durante la firma del Acuerdo de Escazú en setiembre del 2018, en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Motivar a los Gobiernos a la acción

El Acuerdo de Escazú se caracteriza por contar con un componente operativo que establece concretamente medidas para garantizar los derechos de acceso. Para alcanzarlo, durante el Foro se señaló que resulta imperativo contar con voluntad política que asegure la implementación del Acuerdo. Así, fue común la preocupación de los países en cómo se articularía la aplicación del Acuerdo con los instrumentos económicos que permitirían hacerlo realidad.

Es esencial tener en cuenta las realidades de los países latinoamericanos y alentar a los Gobiernos para que incluyan lo necesario que permita acatar cabalmente lo que dice el Acuerdo. Para hacerlo será necesario explorar nuevas tecnologías que permitan acercar la información a más ciudadanos y asegurar la presencia de las autoridades en territorio de las comunidades para garantizar su participación cuando, por ejemplo, se inicien procedimientos de certificación ambiental. No podemos actuar sin la voluntad de los Gobiernos ni ellos pueden gobernar sin los ciudadanos. Esto es: construir la democracia ambiental para alcanzar un desarrollo sostenible y justo.

El Acuerdo de Escazú fortalece el derecho de acceso a la información ambiental, acceso a la justicia y participación pública. Foto: Jaime Tranca / SPDA

Difundir, educar y actuar

A pesar de que el Acuerdo de Escazú fue el tema central del Foro, aún persiste el desconocimiento de los pilares centrales de este instrumento, así como las condiciones que propone para garantizar su ejercicio.

Debe ser prioritario la difusión y educación de los ciudadanos sobre los derechos de acceso no solo desde lo consagrado en el Acuerdo sino a partir de la concepción de estos como derechos fundamentales y humanos para así exigir el respeto y la mejora de los mecanismos disponibles para garantizarlos. Esto implica la acción del Ministerio del Ambiente liderando los demás sectores para difundir cómo los ciudadanos pueden acceder a la información, cuándo y cómo pueden participar en procesos de toma de decisiones y qué hacer frente al incumplimiento de estos derechos.

En el Perú, según la Presidencia del Consejo de Ministros, hasta abril de este año existían 194 conflictos sociales. La mayoría surgió a partir de la gestión de actividades extractivas. Mientras ello persiste, el Acuerdo de Escazú sigue esperando su ratificación. Sin embargo, aún debemos esperar la conformación de un nuevo pleno legislativo para su discusión y aprobación final.

La ratificación del Acuerdo de Escazú es un tema urgente que no debe ser rezagado en el Congreso de la República. Desde la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental esperamos que pueda ser incluida en la agenda del nuevo pleno congresal de manera prioritaria a fin de conseguir la pronta ratificación y, aún más, incentivar a otros países a aspirar la construcción de un gobierno ambientalmente democrático.