• Países de Latinoamérica y el Caribe analizarán la situación de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales y propondrán soluciones ante diversas amenazas.

Escribe: Diana Suárez / Programa Política y Gobernanza Ambiental de la SPDA

 

Hoy 26 de septiembre, inició el Segundo Foro Anual sobre Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe en la ciudad de Panamá. Este espacio, que se realiza del 26 al 28 de septiembre, congrega a representantes de los países y de la sociedad civil de América Latina y el Caribe con la finalidad de abordar la situación de las defensoras y defensores ambientales, enmarcado en la implementación efectiva del artículo 9 del Acuerdo de Escazú.

Durante este periodo, diversas autoridades, miembros de la sociedad civil y personas defensoras de la región trabajarán en los siguientes temas: reflexionar y sensibilizar sobre la situación y riesgos que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales de América Latina y el Caribe; conocer los mecanismos e iniciativas de promoción, prevención y protección de personas defensoras, existentes en el mundo y en la región; contribuir a fortalecer las capacidades y la cooperación entre las Partes, del público y otros actores clave en la materia; así como discutir y recibir propuestas para el Plan de Acción en las mesas de trabajo con todas las personas participantes.

¿En qué consiste el Plan de Acción?

Producto de la Primera Reunión de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú (COP), celebrada en Santiago en abril de 2022, los países acordaron establecer un Grupo de Trabajo ad hoc de composición abierta sobre defensoras y defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales.

Actualmente, este grupo se encuentra bajo el liderazgo y coordinación de Chile, Ecuador y San Cristóbal y Nieves, y tiene a cargo la elaboración de un “Plan de Acción Regional sobre defensoras y defensores de derechos humanos en asuntos ambientales”, con el fin de guiar la actuación de los Estados miembros en las acciones a ejecutar para garantizar la promoción, prevención y protección de los defensores.

Este plan ya cuenta con un segundo borrador, por lo que este foro busca generar espacios de discusión e intercambio de experiencias que permitan formular recomendaciones y aportes al documento, y que finalmente pueda ser presentado en una versión final y aprobado en la tercera Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú, el cual se realizará el próximo año.

[Conoce quiénes son los defensores ambientales y qué amenazas enfrentan en este especial multimedia]

¿Qué medidas debe considerar el Plan de Acción para prevenir situaciones de riesgo?

En mayo de 2023, la Secretaría Técnica del Acuerdo de Escazú, ejercida por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), realizó la Consulta pública a la propuesta de índice del “Plan de Acción de personas defensoras ambientales” presentada por los coordinadores del Grupo de Trabajo ad hoc.

Desde la SPDA advertimos un conjunto de recomendaciones esenciales para la construcción y sostenibilidad de este Plan de Acción, de manera que atienda efectivamente y de manera integral la problemática en torno a la seguridad del ejercicio de derechos humanos ambientales.

En ese sentido, será clave que el Plan de Acción para personas defensoras incluya y desarrolle:

• El enfoque preventivo para la defensa de los derechos humanos ambientales a través del fortalecimiento de la justicia ambiental

Es clave brindar un mayor desarrollo del enfoque preventivo del Acuerdo de Escazú, específicamente la necesidad de incluir como compromiso de los países el fortalecimiento de la justicia ambiental para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las personas defensoras.

Para ello, es fundamental la generación de información y el fortalecimiento de capacidades de actores estatales y privados sobre la protección y defensa de los derechos de las personas defensoras, especialmente de los operadores de justicia, quienes deben articular con distintas autoridades para tomar decisiones integrales y ajustadas a la realidad.

Es clave reforzar ese ciclo de protección a través del fortalecimiento de la justicia ambiental en cada país, pues no podemos pensar en la disminución o mitigación de la situación de riesgo de las personas defensoras si no pensamos en concentrar esfuerzos en brindar una atención efectiva y sin obstáculos a la justicia ambiental.

¿Cómo se puede maximizar el impacto de los acuerdos arribados en el foro para la construcción del Plan de Acción?

• El enfoque de multilateralidad e integración de países en la construcción de una justicia efectiva para el ejercicio de derechos humanos ambientales

Particularmente, es necesario que el Plan de Acción haga referencia expresa a que los Estados que no han ratificado o se han adherido al Acuerdo de Escazú puedan involucrarse en la implementación del Plan de Acción, como el caso de nuestro país, y puedan aportar con sus experiencias tomando en consideración los contextos similares de los países de la región.

La propuesta con la que arranca las negociaciones sobre el Plan de Acción no evidencia una referencia expresa que permita entender de forma indubitable el nivel de involucramiento que se otorgará a los Estados no parte.

Aunque es lamentable que países como el nuestro no participen formalmente en la negociación de estos espacios al no haber ratificado aún el Acuerdo de Escazú, lo cierto es que los esfuerzos para fortalecer la justicia ambiental en la región y mantener la multilateralidad son piezas clave para asegurar la sostenibilidad de instrumentos como el Plan de Acción y, lo más importante, conseguir resultados y alcanzar objetivos que van a permitir optimizar nuestro marco de derechos.

La oportunidad que brinda el segundo foro sobre personas defensoras es un espacio único y necesario para la región en donde la lucha para una justicia ambiental inmediata y efectiva es urgente. Por ello, esperamos que los resultados de este evento puedan aterrizar en medidas claras y concretas que orienten el trabajo de los países en beneficio de nuestros derechos ambientales.

Datos:

• Hasta la fecha solo 15 países de América Latina y el Caribe han ratificado el Acuerdo de Escazú y forman parte de los Estados que toman decisiones en la Conferencia de las Partes.
• Perú aún no ha ratificado el Acuerdo de Escazú, pese a que tuvo una participación clave en el proceso de negociación del tratado, y ser uno de los primeros países en firmarlo.
• Se puede seguir la transmisión en vivo del evento a través de: https://live.cepal.org/escazu