María José Veramendi Villa / Asesora Legal de AIDA

“El medio ambiente no es un adorno, es parte una visión de desarrollo e inclusión social” señaló la presidenta Dilma Rousseff en la apertura de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (Rio + 20). Sin embargo, al pronunciar esta frase parece que la Presidenta Rousseff olvidó los daños que la construcción de la represa Belo Monte, destinada a ser la tercera represa más grande del mundo, está causando al medio ambiente y a miles de personas que habitan en la cuenca del amazónico Rio Xingú en el estado de Pará.

La represa de Belo Monte inundará más de 500 km² de una zona habitada por numerosos pueblos indígenas, comunidades de pescadores y ribereñas. Desviará casi en 80% el caudal del río causando daños a cultivos, muerte de peces, así como a la flora y fauna de la que dependen las comunidades para su subsistencia y que para el caso de los pueblos indígenas constituye un elemento clave de su integridad cultural como pueblos. En el área conocida como la Volta Grande del rio Xingu se producirá una reducción drástica del caudal de río hasta quedar prácticamente seco, lo cual provocará que las comunidades que ahí habitan no puedan trasladarse a la ciudad de Altamira, que es el principal centro económico de la zona. En suma, la represa causará el desplazamiento forzoso de miles de habitantes e innumerables costos socioambientales.

El Gobierno de Brasil se vale de una supuesta deficiencia energética en el país para impulsar a toda costa la construcción de la represa a pesar de los daños que, desde ya, causa su construcción. Sin embargo, poco o nada se dice de la explotación de oro que planea hacer la compañía canadiense Belo Sun Mining en la Volta Grande del rio Xingu.

Norte Energía S.A., consorcio constructor de la represa liderado por la paraestatal Electrobras, no ha cumplido con las condicionantes que le fueron impuestas en la licencia previa otorgada por el Ministerio del Ambiente y enfrenta más de 15 acciones civiles públicas promovidas por el Ministerio Público Federal con base en las irregularidades cometidas en el proceso de licenciamiento de la obra. Aunado a lo anterior, en varias ocasiones la justicia brasileña ha suspendido las obras de la represa con base en las precipitadas irregularidades, la ausencia de evaluaciones de impacto ambiental independientes y de consultas apropiadas con las comunidades indígenas como lo dispone el Convenio 169 de la OIT del cual, Brasil es parte. Sin embargo, las autoridades judiciales de mayor jerarquía, sin ningún análisis relativo al impacto que la construcción de la represa tiene sobre los derechos humanos de los afectados y utilizando instrumentos jurídicos de la época de la dictadura militar, siempre han encontrado la forma de revocar las órdenes de suspensión y por tanto ordenar el reinicio inmediato de las obras. Frente a hechos como estos es inevitable preguntarse ¿dónde está la independencia judicial?

Aún más, un Estado como Brasil que siempre se preció de ser un gran defensor de los derechos humanos y de sus órganos de supervisión tuvo una reacción descomunal, valga decir, el retiro de su Embajador ante la Organización de Estados Americanos, de su contribución financiera a dicha organización y de su candidato a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al recibir unas medidas cautelares dictadas por ésta última, el 1º de abril de 2011, solicitando la suspensión inmediata del proceso de licenciamiento y de las obras del proyecto Belo Monte hasta que se realizaran procesos de consulta previa libre e informada a las comunidades indígenas así como la adopción de medidas para proteger su vida e integridad personal.

A la fecha, Brasil no ha restablecido su Embajador ante la OEA y se ha negado a participar del procedimiento de medidas cautelares incumpliendo así con sus obligaciones como Estado miembro de la organización y parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sin embargo, lo más lamentable es que la reacción de Brasil fue uno de los factores que desencadenó un proceso de mal llamado “fortalecimiento” del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos que pretende en realidad quitarle fuerza y facultades a un Sistema que para muchos habitantes y comunidades del hemisferio representa la última esperanza para la protección de sus derechos.

Brasil defiende a capa y espada un proyecto que ha sido declarado inviable desde el punto de vista ambiental y socioeconómico. Un proyecto que, a pesar constituir un mal ejemplo de lo que debería ser un emprendimiento hidroeléctrico, recibe premios internacionales al “Proyecto del Año”. Resulta irónico que un país donde la Presidenta señala categóricamente que “el medio ambiente no es un adorno” es donde más parece ser un simple elemento decorativo para adornar un discurso.