• En diciembre pasado, el Ejecutivo anunció que 25 playas aún presentaban restos de petróleo y hasta la fecha no se contaba con las condiciones para reanudar la pesca artesanal.

 

El 15 de enero de 2022, cerca de 11 mil barriles de petróleo fueron derramados al mar a través de una de las estaciones de la Refinería La Pampilla, operada por la empresa Repsol. El hecho, considerado el mayor desastre ambiental en el mar peruano, afectó la fauna marina, dos áreas protegidas, diversas playas desde Ventanilla hasta Chancay, y perjudicó la economía de miles de personas dedicadas a las actividades ligadas al mar.

Al cumplirse dos años de este derrame, la Defensoría del Pueblo exhortó al Ejecutivo a continuar las acciones de evaluación y supervisión ambiental y sanitaria e invocó a las autoridades de los sectores involucrados a atender los resultados de las mismas, para la toma de decisiones orientadas a garantizar los derechos de la población afectada.

La Defensoría hizo este pedido tras el comunicado conjunto, emitido en diciembre último por la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio del Ambiente (Minam), el Ministerio de Salud (Minsa) y el Ministerio de la Producción (Produce), donde se informó que aún persistía contaminación ambiental en determinados puntos y que 25 playas de uso recreacional aún estaban en condición de afectadas. Asimismo, no se contaba con las condiciones para un desarrollo normal de las actividades extractivas de recursos hidrobiológicos relacionadas con la pesca artesanal.

Por otro lado, el organismo recordó que, en diciembre último, venció el plazo para la implementación del Plan Post Declaratoria de Emergencia Ambiental para el seguimiento de las acciones de rehabilitación y recuperación ambiental de la zona marino costera, que involucraba la participación de diversas instituciones como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Imarpe, el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes), la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa) y las municipalidades de las zonas involucradas, entre otras entidades, bajo el liderazgo del Minam.

Tras su término, la Defensoría advirtió que quedaron pendientes de concluir actividades como la última evaluación biológica ambiental en la zona marino costera, a cargo del Imarpe, así como la ampliación de la evaluación de la condición sanitaria y análisis de riesgo de los recursos hidrobiológicos, a cargo de Sanipes. Actualmente, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) se encuentra evaluando 18 planes de rehabilitación presentados por Repsol, por lo que se requiere que el Minam dé continuidad a dicho plan y al espacio de seguimiento construido para articular la intervención de las instituciones involucradas.

[Ver además►Derrame de petróleo: Repsol podría ser sancionado por “actuar con crueldad” contra fauna silvestre afectada]

Atención a población afectada

Respecto a la identificación de personas afectadas, la Defensoría del Pueblo anunció que ha participado en 13 reuniones desarrolladas hasta la fecha como parte de la mesa de diálogo instaurada por la Presidencia del Consejo de Ministros, tras la recomendación formulada por la institución, donde se ha recomendado la elaboración de un cronograma detallado de las actividades a realizar para la elaboración de la propuesta de los criterios de identificación, a cargo del Ejecutivo.

Respecto al proceso de compensación, durante el año pasado la Defensoría del Pueblo participó en seis reuniones con 9 organizaciones de pescadores y comerciantes y propuso al Minem hacer modificaciones al decreto emitido por dicho sector, a fin de lograr que el proceso de compensación garantice una reparación integral y un trato justo.

En ese sentido, la Defensoría reiteró su compromiso de continuar supervisando las acciones estatales destinadas a atender los impactos ambientales y sociales del derrame del 15 de enero de 2022, así como insistir en las recomendaciones que correspondan para la protección de los derechos fundamentales de la población afectada.

Dato:

• En octubre pasado, la Defensoría recomendó al Ministerio de la Producción disponer medidas restrictivas respecto a la pesca artesanal y de productos hidrobiológicos en la zona afectada, teniendo en consideración las recomendaciones del Imarpe, así como difundir información al respecto. Sin embargo, no recibió respuesta del sector.