• Solo en Ancón, Santa Rosa, Ventanilla, Chancay y Aucallama, se han registrado 5000 familias afectadas por el vertimiento del crudo en la refinería La Pampilla operada por la empresa Repsol.

 

Durante un encuentro virtual organizado a 100 días del derrame de petróleo ocurrido en el terminal portuario de la Refinería La Pampilla S. A. A. del Grupo Repsol, la Defensoría de Pueblo presentó un informe en el que expone las principales recomendaciones realizadas a las diferentes autoridades competentes.

Según Lissette Vásquez, adjunta de Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, los impactos del derrame actualmente «afectan la economía de más de 15 mil personas, ya que su sustento diario estaba relacionado con actividades vinculadas al mar o relacionadas a este medio”.

[Lee el informe de la Defensoría aquí]

La Defensoría también presentó las observaciones más resaltantes, como la inexistencia de un pronunciamiento de alguna autoridad del Gobierno sobre la eficacia de las acciones de limpieza de las zonas marino-costeras afectadas por el petróleo vertido al mar, sobre todo, cuando continúan reportándose impactos ambientales y sociales, como consecuencia del desastre ambiental.

El evento reunió a representantes del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En el caso de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú (Dicapi), la Defensoría alertó sobre su falta de tecnología disponible para determinar de manera inmediata la magnitud del desastre.

Ver además ► Derrame de petróleo: ninguna playa ha sido oficialmente declarada limpia, precisa la Defensoría

De contar con ello, se habría desplegado acciones oportunas para atender la emergencia y evitar mayores impactos. Esto, luego de que se conociera que el derrame ascendía a cerca de 12 mil barriles de crudo y que la empresa Repsol advirtió inicialmente que la cantidad vertida al mar era menor a un barril.

“Los impactos recaen sobre más de 15 mil hectáreas, que comprenden 46 playas y dos áreas naturales protegidas; y la fauna silvestre, causando la muerte de cerca de 900 especímenes”, agregó Vásquez.

Ante esta problemática, la Defensoría del Pueblo solicitó al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) elaborar y aprobar un protocolo para casos de emergencias ambientales. De igual forma, se exhortó al Ministerio de Defensa actualizar el Plan Nacional de Contingencia ante casos de derrames de petróleo y de otras sustancias nocivas, a fin de que se constituya como un instrumento clave para la articulación de todos los sectores en casos similares.

Por el lado del OEFA, este señaló que se encuentran en el proceso de verificación respecto de las 23 playas reportadas limpias por Repsol, con un avance de 20 zonas. Al respecto, la Defensoría del Pueblo  instó a agilizar dicho proceso, con la finalidad de requerir a la empresa el plan de rehabilitación que garantice la recuperación de los ecosistemas impactados.

Ver además ► Defensoría señala que entidades del Estado no emiten información uniforme sobre derrame de petróleo

Indeci, por su parte, indicó que a la fecha se han registrado más de 5000 jefas y jefes de familia afectadas/os, procedentes de los distritos de Ancón, Santa Rosa, Ventanilla, Chancay y Aucallama. Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo recordó la necesidad de que se apruebe un marco normativo que autorice a dicho organismo poner a disposición de los gobiernos locales y regionales los bienes de ayuda humanitaria de los almacenes nacionales de Defensa Civil, para la atención de la población afectada en sus medios de vida, aparte del deber de la empresa de compensar y garantizar una justa indemnización para los afectados.

En su intervención, el representante de Naciones Unidas resaltó la imperante necesidad de implementar el enfoque de derechos humanos en la actuación de las empresas, a fin de que se garantice el derecho a la información y participación de las personas afectadas, así como el acceso a los mecanismos de rendición de cuentas y a la justicia para las víctimas, con especial atención a los grupos de especial vulnerabilidad como mujeres, niñas, migrantes y refugiados.