• Cada 12 de octubre se recuerda el Día Nacional de Lucha contra la Biopiratería. Con motivo de esta fecha, conversamos con cuatro expertos sobre las labores que realiza el país para frenar este problema. 

Por Luis Chacón

 

Al ser uno de los países con mayor biodiversidad de flora y fauna, el Perú también enfrenta una lucha para defender sus recursos, los cuales son vitales para el campo agrícola, la alimentación y la elaboración de farmacéuticos. Basta con echarle un vistazo a ciertos productos nacionales e internacionales para comprobar que contienen muchos de estos recursos ancestrales.

El problema surge cuando estos productos intentan ser patentados bajo el derecho de propiedad intelectual o, mucho antes de su presentación, a través de un acceso no regulado a los recursos genéticos sin los permisos respectivos. Es aquí cuando nace la figura de la biopiratería.

Una definición más precisa sobre la biopiratería es la que dio hace unos años Manuel Ruiz, consultor en temas ambientales de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), en una entrevista para “Derecho y Sociedad” como parte del artículo “El Perú contra la Biopiratería: Hacia el Correcto Uso y Disfrute de su Biodiversidad”.

Ruiz señala que la biopiratería es el “acceso y uso no autorizado (o ilegal si hubiera legislación vigente) de componentes de la biodiversidad mediante la apropiación física o mediante el uso de herramientas de la propiedad intelectual”. A esto habría que agregar que este problema existe desde hace muchos años y ha perjudicado al Perú no solo por temas de productos, sino a comunidades que han visto cómo se adueñan de sus conocimientos tradicionales.

Basta con tener acceso al recurso biológico, e incluso transportarlo en un bolsillo al extranjero (como podría ser la semilla de cierta especie), para luego tener un acceso a la genética de este o adentrarse en ciertos grupos indígenas, por poner un ejemplo, y hacerse de sus tradiciones para beneficio propio.

Los casos más mediáticos son los de inicios de 2000 con Pure World Botanical (Estados Unidos) y Biotics Research Corporation (Unión Europea), empresas que patentaron algunos derivados de la maca peruana para la elaboración de ciertos productos.

La normativa

En 1996, el Gobierno peruano aprobó la Decisión 391 de la Comunidad Andina sobre el Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos, mientras que en 2008 el Ministerio del Ambiente (Minam) presentó la Resolución Ministerial 087-2008-MINAM, Reglamento de acceso a los recursos genéticos.

En el campo normativo también hay que señalar el Registro Nacional Público de Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas, así como la Ley 28216, Ley de protección al acceso a la diversidad biológica peruana y los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas.

Otra acción a destacar fue la participación del Perú en el Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y la Participación Equitativa en los Beneficios Derivados de su Utilización, de la Convención sobre Diversidad Biológica (CDB), que tras su creación, entro en vigencia desde octubre de 2014.

Asimismo, en el 2004 se creó la Comisión Nacional contra la Biopiratería (CNLB), adscrita a la presidencia del Consejo de Ministros y conformada por representantes del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) y otras instituciones.

Para Andrés Valladolid, presidente de la CNLB, el hecho que exista esta comisión es un gran logro para el Perú y lo coloca como pionero en la defensa de sus recursos y conocimientos tradicionales.

“Hasta donde tengo entendido, no hay otra comisión. Somos un referente mundial, tanto así que en mi posición de presidente he podido compartir esta experiencia en 14 países donde nos consultaban cómo era la labor de la comisión”, indica Valladolid.

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Para Dino Delgado, experto en tema de biopiratería de la SPDA, si bien en el plano normativo hemos hecho bastante más que otros países del mundo y somos referentes, la implementación del régimen del acceso legal a recursos genéticos ha sido lenta y tímida y sin grandes resultados.

“Todos son accesos sin fines monetarios y todavía no tenemos la experiencia de acceso con fines comerciales. La idea es que haya un proveedor de recursos genéticos y otro que reciba y el país proveedor (en este caso Perú), representado por Serfor, Inia o el viceministerio de pesquería, participe en los beneficios. Ahí todavía hay bastante por hacer. Se tiene que divulgar este acceso a recursos, es una tarea pendiente y reforzar la institucionalidad”, precisa Delgado.

El experto también rescata la labor de la comisión de Indecopi, aunque hace hincapié en que la gran labor no solo debe estar ligada a la detección de casos en los que se solicitan el derecho de propiedad intelectual, tras haber tenido acceso a un recurso genético, sino que estos no se den sin contar con los permisos respectivos.

“Esta comisión monitorea las oficinas de propiedad intelectual de otros países y busca solicitudes de patente que se basan en recursos genéticos peruanos. A través de embajadas y cartas a oficinas de propiedad intelectual, explica que se ha hecho un acceso sin autorización competente. Así ha podido evitar que se otorguen derechos de propiedad intelectual. Es un logro reconocido a nivel internacional, ha funcionado y ha sido exitosa. La cosa es antes, para que esos casos no se den. Ese paso previo o inicial, si bien normativamente es sólido, el problema es cómo ponerla en práctica. Ahí necesitamos reforzar más tanto a nivel nacional como internacional”, indica Delgado.

En este punto es donde toma importancia el Protocolo de Nagoya, el cual indica que cada país debe instalar puntos de chequeo para solicitar el acceso a estos recursos del país de origen en caso sea una investigación. Con la autorización como parte del protocolo se reporta a la secretaría de esta y se vuelve un certificado internacionalmente aceptado.

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El trabajo de la comisión

Desde su creación hace 16 años, la Comisión Nacional contra la Biopiratería (CNLB) ha detectado 122 casos y en los próximos días se confirmarían dos más, indica su presidente, Andrés Valladolid, quien también resalta que, del total, 57 han sido resueltos a favor del país y los demás siguen en evaluación.

Valladolid también explica que lo ideal es identificar los casos cuando son solicitudes y evitar el proceso judicial que demanda la anulación de una patente, además de ser un proceso costoso, y para ello la comisión ha recibido un mayor apoyo tanto en personal como en herramientas tecnológicas que permiten un trabajo más eficiente.

“Al principio monitoreábamos 35 recursos genéticos. Ahora, con las facilidades que nos da este sistema, hemos ampliado a 238 recursos (188 son recursos vegetales, 47 hidrobiológicos y 3 recursos animales). Es una mayor cantidad de especies monitoreadas, con aumento de eficiencia de búsquedas. Al ser una plataforma de paga, tiene cosas más eficientes que base de datos de acceso libre que tienen sus limitaciones. También considero un éxito que tengamos a la fecha 184 sesiones ordinarias, que son mensuales. En los 16 años, en 2 o 3 oportunidades no hubo, la última en marzo con lo de la pandemia, pero en abril se normalizó todo”, precisa Valladolid.

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Respecto a la cifra de detecciones, el titular de la CNLB se muestra bastante entusiasta y considera que este año podría mejorar la cifra de 2018, donde se alcanzaron 32 casos. En 2019, la cifra bajó a 25, pero en 2020 van 31 incidencias, y no porque haya más biopiratería, sino porque se ha ampliado el espectro de especies monitoreadas, así como las mejoras que representa el sistema actual con el que cuentan.

“Estamos hablando de casos relacionados de uso de conocimientos tradicionales en el sistema de patente, porque los casos de acceso serían mucho más, solo que el problema es que es un poco más complicado de identificarlos, porque de las casi 20 mil especies vegetales identificadas por el país, hay alrededor de 5 mil que solo se encuentran en el país. El 75% son especies compartidas, entonces si identificamos un posible acceso o su derivado no tenemos la certeza que sea de origen peruano, compartimos muchos recursos con países de la región, incluso de Centroamérica, como el caso del maíz”, aclara el funcionario.

Sobre los casos más recurrentes, la comisión de Indecopi señala que están relacionados a 30 diferentes especies. En primer luchar a la maca (37 casos), seguido por la sangre de grado (34 casos) y el sacha inchi (7 casos), los cuales fueron presentados en cinco oficinas de patentes diferentes.

Impresiones desde el parlamento andino

En conversación con Alan Fairlie Reinoso, parlamentario andino y experto en temas de negociaciones comerciales internacionales y biocomercio, dentro de los esfuerzos nacionales para combatir este tipo de piratería también hay que destacar la Iniciativa Andino Amazónica de Prevención de la Biopiratería entre 2014-2016.

Fairlie también resalta el trabajo de la comisión y espera que continúen los esfuerzos por mejorar su labor, sobre todo haciendo énfasis en “actualizar y completar un registro consolidado nacional de recursos biológicos y conocimientos tradicionales”.

“De acuerdo a lo informado por la Dirección de Invenciones y nuevas tecnologías del Indecopi, se han registrado 6585 conocimientos indígenas sobre recursos biológicos en el periodo 2006-2020. Esto representa un importante avance, que debe seguir siendo promovido”, precisa el parlamentario andino.

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Una mirada más crítica

Para Alejandro Argumedo, director de la Asociación Andes que trabaja temas de biodiversidad, las labores relacionadas a combatir la biopiratería no son suficientes y, más bien, mediáticas, al punto de señalar que “uno puede imaginar un cultivo y seguro ya tiene patente”.

“No ha habido avances, sino retrocesos. Si bien la comisión ha hecho los esfuerzos, su propia naturaleza de responder a poderes estatales que tienen fuerza en toma de decisiones sobre este tema, lo ha vuelto un ente burocrático sin ningún poder. Muchas de las acciones han sido más mediáticas, sin impacto. Si ves los casos más emblemáticos que tiene que ver con cultivos ancestrales o plantas medicinales de alto valor farmacéutico, no se ha revertido ninguno de los derechos y esta brecha se ha abierto porque los casos de biopiratería han aumentado”, precisa Argumedo.

Para el titular de Andes, acuerdos como el Tratado de Libre Comercio del Perú con Estado Unidos dejaron “cojo en términos de protección en biodiversidad y conocimientos tradicionales” al país, además de indicar que el tema de la biopiratería debería “empatar” con la extensión de la moratoria de transgénicos

Temas para mejorar

Dentro de los puntos a mejorar, Alejandro Valladolid de la CNLB, señala que sería bueno actualizar ciertas normas, pues “la ciencia y tecnología ha cambiado mucho” y ya se presentan casos de acceso vía digital, lo cual no está normado. Además, es necesario replantear el esquema de países extranjeros como usuarios, cuando existen investigadores peruanos, a quienes deben darles mayores facilidades para realizar sus trabajos.

Bajo la misma línea se mantiene Dino Delgado sobre la facilidad con la que se puede acceder al recurso genético sin necesidad de acceder al recurso biológico. Por poner un ejemplo una manzana: ya no se necesita el acceso a la semilla, pues el ADN de esta especie ya se encuentra digitalizada.

“Las secuencias ya son digitales y hoy en día el gran reto es ver cómo toda esta normativa que hemos creado se adapta a una realidad donde para acceder al recurso genético ya no tienes que tener el recurso biológico. Esto es un gran reto para la biopiratería, ya ni vas a necesitar que te pasen el recurso biológico, sino te lo pueden pasar por correo electrónico”, precisa Delgado.

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El experto de la SPDA también se refiere a la complejidad en cuanto a los permisos y que pueden involucrar a Serfor, gobiernos regionales, entre otros y que lo ideal sería incluir a incluir al Sernanp como autoridad de acceso, además de evaluar el tema del acceso a conocimientos tradicionales relacionados a recursos genéticos, donde no hay un solo contrato de licencia, pues el porcentaje fijo que recaería a los pueblos indígenas suele “ahuyentar” a los investigadores.

Alejandro Argumedo de Andes sugiere una estrategia nacional que pueda aprovechar de manera más creativa la biodiversidad y cambios en la Constitución del país a fin de darle mayor “valor a la biodiversidad y que toque esos puntos de protección de nuestros productos”, además de “plantear un desarrollo del país a través de la riqueza que tenemos”.

Alan Fairlie propone varios puntos como “elevar los controles de intercambio internacional de plantas y animales”, así como el tema de los bancos de germoplasma y centros de conservación in situ como “instrumento de control y protección de la agrobiodiversidad”.

Finalmente, el parlamentario andino plantea la creación de un Inventario de la Biodiversidad Nativa Peruana, así como mejorar el trabajo intersectorial con la Dirección de Recursos Genéticos y Bioseguridad del Minam y que los “procesos de consulta deben responder a los principios del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales”, así como impulsar iniciativas desde la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), que elaboró los “Procesos de prevención y combate a la biopiratería con énfasis en el acceso y uso indebido de conocimientos tradicionales asociados a la biodiversidad».