El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) fue creado el 2012 y desde el 2015 se encarga de revisar y aprobar estudios de impacto ambiental detallados de proyectos de inversión pública, privada o de capital mixto. Con la mira puesta en el 2021, cuando el país cumpla 200 años de vida republicana, el Senace organizó la conferencia “La Evaluación Ambiental en el Perú: Perspectivas al Bicentenario”.

Isabel Calle, directora del Programa de Política y Gobernanza Ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), participó en uno de los paneles del evento donde se evaluó las acciones que se requiere fortalecer o mantener en el Senace para promover proyectos sostenibles en el futuro.

La abogada de la SPDA enfocó su análisis en siete puntos:

1. La gestión pública en el Perú presenta un afán por regularizar todo

La primera norma ambiental en el Perú data de 1990. Hasta ese año llegamos con una serie de proyectos mal gestionados por la ausencia de normas ambientales, lo que se suma, indicó Isabel Calle, con que “a los peruanos nos encanta positivizar todo, es decir, tener el reglamento, la resolución y los lineamientos. Esa es la lógica de la gestión pública. Tanto es así que si se compara un tema tan conocido por todos como la consulta previa, nos vamos a dar cuenta de que en Colombia se resuelve a través de sentencias de la Corte Constitucional y nosotros tenemos tratado, ley, reglamento, lineamientos y guía base, y eso no ha ocasionado que la consulta se resuelva de una mejor manera en Perú que en Colombia. Creo que eso ha generado este mismo afán para regularizar cómo debe ser el estudio de impacto ambiental y tenemos un marco regulatorio estricto que muchas veces no coincide porque tenemos sectores con diferentes realidades y avances”.

2. Mejorar la participación ciudadana, tener mejores estándares ambientales o la resolución de conflictos no depende solo del Senace

“No quiero dejar de felicitar el trabajo del Senace y de Patrick Wieland durante este tiempo, pero no podemos considerar que la resolución de los conflictos, la mejora de la participación ciudadana o los mejores estándares ambientales solo dependen del Senace”, indicó Isabel Calle, agregando: “Senace es un pilar más de otros pilares. El otro pilar es el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) cuyo reglamento, en la práctica, no se cumple. Lo que es la regla ahora es la excepción y lo que era la excepción ahora es la regla. No solamente se tiene que fortalecer el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), no podemos reducirlo a un procedimiento porque el procedimiento es la forma. Hay otras cosas que hacen que el SEIA funcione: la participación ciudadana, estándares ambientales adecuados y autoridades fortalecidas”.

3. La importancia de las autoridades ambientales transectoriales

¿Qué está detrás de la autoridad ambiental transectorial que tiene 60 proyectos y 20 días para atenderlos?, se preguntó Calle. “Ahí también viene la responsabilidad del propio Estado. Queremos más proyectos, que sean más eficaces, que haya inversión, eso significa que tiene que haber presupuesto para esos organismos y recursos humanos capacitados. Senace tiene un programa de capacitación, la misma suerte no la tienen muchas de las autoridades ambientales transectoriales”, sostuvo la Directora del Programa de Política y Gobernanza Ambiental de la SPDA.

4. Es necesario establecer un cambio de indicadores

Para la abogada de la SPDA, en la actualidad contamos con mucha información valiosa que antes no teníamos, pero debemos apuntar a un cambio de indicadores y no enfocarnos, por ejemplo, en la cantidad de talleres realizados sino en cómo se ha generado la disminución de conflictos ambientales, cómo tenemos proyectos mineros más eficientes, más eficaces, cómo tenemos mejores compañías mineras en el país, mejores compañías de transporte, elevando la valla, etc.

“Eso definitivamente ya no es responsabilidad de las empresas, es responsabilidad del Estado en términos de asignación de recursos presupuestales y de recursos humanos. Es preocupante cuando vemos la disminución del presupuesto público del Senace, sobre todo si tenemos hasta el 2020 un cronograma de transferencias donde Senace va a ser la autoridad ambiental que va a terminar aprobando estudios de impacto ambiental detallados de grandes proyectos de inversión y en un plazo posterior, estudios de impacto ambiental semidetallados. Ese cambio de mentalidad de los indicadores obviamente tiene que ver con un Estado mucho más consciente de la relación entre proyectos de inversión y el fortalecimiento de las autoridades que terminan aprobando estos estudios de impacto ambiental o emitiendo opiniones”, indicó Isabel Calle.

5. Se debe involucrar más a diferentes niveles de Gobierno

El quinto punto señalado por la abogada es evaluar si el contar con oficinas desconcentradas va a resolver la vinculación con los Gobiernos regionales y municipales que muchas veces se oponen al proyecto de inversión. “Estamos otra vez estamos pensando en un Estado que decide pero los problemas están en la región cuando el gobernador, la comunidad o el alcalde optan parar el proyecto. ¿Cómo integramos o qué modificaciones tenemos que hacer para que estos alcaldes o gobernadores regionales estén a favor de la realización de un proyecto de infraestructura extractivo que se desarrolle bajo buenos estándares socioambientales y no solamente sean oposición por oponerse al proyecto, que muchas veces puede al final polarizar el conflicto?”, se preguntó Isabel Calle.

6. No hay una planificación de los proyectos por venir ni se sabe dónde se van a realizar

“Si vamos a una comunidad y hablamos de un proyecto minero de millones de dólares que va a llegar, pero esa comunidad no tiene ni agua ni saneamiento, tiene un profesor que llega una vez al mes, un colegio donde hay un profesor para primaria y otro para secundaria, es complejo que se pueda entender el proceso y es complejo que esa participación ciudadana no termine concentrando no tanto la viabilidad del proyecto de inversión sino hablando más de un tema social, de licencia social, de viabilidad social”, señaló Isabel Calle, destacando que no existe una planificación en términos de cuáles son los proyectos que vienen, dónde se van a realizar y cómo podemos vincular esta planificación sectorial con algo denominado “adelanto social”.

7. Lo ambiental tiene que ir acompañado de un lado social y de un enfoque cultural

“Creo que también hay que hacer conscientes a otras autoridades de la vinculación de la reducción de conflictos socioambientales con un tema que tiene que ser complementario: es importante ir como Estado, que significa la presencia del Senace, Minam, Minem, pero también Sunat, la EPS, el Ministerio de la Mujer, etc. Si lo que buscamos es tener proyectos de inversión sostenibles a largo plazo, lo ambiental es un eje principal que tiene que ir acompañado de un lado social y de un enfoque cultural. Eso es lo que tenemos que demandarle al Estado para tener proyectos de inversión sostenible, que realmente aporten a la construcción del país, porque estamos teniendo el proyecto de inversión y por otro lado tenemos un Estado responsable”, concluyó Isabel Calle.

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