La tala ilegal es investigada en el Perú a partir del “tráfico ilegal de productos forestales”, pensando en las personas que movilizan la madera. Foto: Thomas Müller / SPDA.

En el Perú nos centramos en el hecho delictivo pero no en lo que pasó antes o después. Foto: Perú21.

1. Centramos nuestra atención en quien comete el delito y no en la mafia que está detrás

La tala ilegal es investigada en el Perú a partir del “tráfico ilegal de productos forestales”, pensando en las personas que movilizan la madera. Según Julio Guzmán, hemos estado “atacando a las hormigas en vez del nido”. Además, considera que este método no resulta disuasivo porque los delitos de tala ilegal, en vez de disminuir, han aumentado.

Otro problema relacionado a la lucha contra la tala ilegal es que hay muchas denuncias, lo que origina que las investigaciones no sean profundas. “A nivel nacional hay más de 13 mil procesos por delitos ambientales y más de la mitad tienen que ver con recursos forestales. Es imposible dedicarle una buena investigación (a cada caso) cuando hay una excesiva carga. Terminan pasando por nuestras narices organizaciones criminales y no nos damos cuenta”.

¿Qué hacer frente a esto? El Procurador Público del Ministerio del Ambiente propone usar una nueva tendencia del Derecho Procesal Penal implementada en el Perú desde el 2008: el Derecho Penal Premial, que consiste en atenuar penas o exonerar de responsabilidad penal al denunciado a cambio de que proporcione información vital para descubrir un ámbito de criminalidad más allá del mismo hecho materia de investigación. Señaló Guzmán que desde que se dictó esta medida en el Perú, no se sometió al Derecho Penal Premial ni un solo proceso ambiental. “Nos centramos en el hecho delictivo pero no en lo que pasó antes o después: alguien dio información falsa para que salga esa madera y alguien la va a comprar, vender, almacenar y exportar. Los procesos penales deben construirse desde la óptica de la cadena delictiva y no quedarnos en el transporte de la madera ilegal”, indicó.

Según el Procuradir del Minam, debemos incorporar otros delitos a la investigación y utilizar el concepto de crimen organizado porque eso es mucho más disuasivo. Foto: EFE.

2. Los acusados se burlan de los procesos penales ambientales

Las denuncias ambientales en el Perú no generan mayor temor en los acusados. “La gente no se asusta de los procesos penales ambientales. Dicen: No se preocupen. Si están esperando un informe, ese informe nunca va a llegar. O el informe va a ser tan mal hecho que no va a servir para la teoría del caso”, dijo Julio Guzmán.

La propuesta para superar este problema, según el Procurador Público del Ministerio del Ambiente, es incorporar otros delitos en la investigación. “Debemos utilizar el concepto de crimen organizado. Es mucho más disuasivo. Cuando a alguien le inician una investigación por transporte ilegal de madera pero además por defraudación tributaria y lavado de activos, la cosa cambia porque hay un nivel de investigación mucho más profundo que permite, por ejemplo, levantar el secreto de las comunicaciones. Es imposible que alguien salga sin saber el nombre y la dirección donde va a dejar la madera. Pero estos son los medios de prueba que nunca buscamos. El Ministerio Público está pendiente del informe fundamentado o saber si (la madera) es una especie protegida. Estamos obviando buscar los medios de prueba que nos pueden conducir a descubrir bandas organizadas de crimen forestal”, mencionó Julio Guzmán.

Realizar interdicciones como las hechas contra la minería ilegal haría más caro el delito y le quitaría rentabilidad económica a la tala ilegal. Foto: Andina.

3. Debemos quitarle rentabilidad económica a la actividad ilícita

Lo central de un negocio ilícito como la tala ilegal es el aspecto económico. El talador, transportista y el exportador realizan sus acciones para obtener una ganancia económica. Y aunque lo importante es defender los bosques porque son patrimonio de la nación, también debemos apuntar a afectar la economía de los ilegales y hacerles más caro el delito para quitarle rentabilidad económica a la actividad, en una figura similar a lo que se viene realizando con las interdicciones en la minería ilegal, que permiten destruir bienes a partir de un marco jurídico específico. “Debemos afectar esos bienes, independientemente de la responsabilidad penal. Cuando se afecta una planta de transformación de madera ilegal, decomisando o incautando esa madera, le estamos quitando rentabilidad a la actividad ilícita. Hacia eso debemos apuntar”, señaló el Procurador Público del Minam.

Entidades encargadas durante la instalación de la Comisión Multisectorial Permanente de Lucha contra la Tala Ilegal. Foto: PCM.

4. Debemos vincular a las instituciones

En el Perú hay muchas instituciones encargadas (directa o indirectamente) de realizar trabajos contra la tala ilegal: la Fiscalía Ambiental (Ministerio Público), la Policía, Osinfor, Serfor, Dicapi, Sunat, el Ministerio del Ambiente, los gobiernos regionales, el Alto Comisionado en Asuntos de la Lucha contra la Tala Ilegal, etc. El problema es que no todas trabajan de forma coordinada, pese a existir una Comisión Multisectorial de Lucha Contra la Tala Ilegal.

“Uno de los grandes problemas del Perú es la poca vinculación de la investigación con los demás sectores involucrados en la lucha contra la tala ilegal. Algunos creen que es una tarea exclusiva y excluyente del Ministerio Público. Y no es así. Se necesita vincular a las instituciones. Cuando se actúa de manera aislada, no funciona el sistema penal desde el punto de vista disuasivo”, sostuvo Guzmán.

Procurador Público del Ministerio del Ambiente, Julio Guzmán, durante su exposición en el “Taller Internacional sobre Tala Ilegal”. Foto: Actualidad Ambiental.

5. Deberíamos usar más el derecho administrativo y menos el derecho penal (y otros problemas de enfoque)

En la lucha contra la tala ilegal hay algunos enfoques equivocados, como el uso excesivo del derecho penal frente a problemas que debieron ser tratados desde lo administrativo. Dijo el Procurador Público del Ministerio del Ambiente: “En muchos casos casi terminan superponiéndose lo administrativo con lo penal. Se da una sanción administrativa pero también un correlato penal, siendo delitos con casi el mismo fundamento. Ese desorden ha generado más de 6 mil procesos. De esos 6 mil, más del 60 o 70% se trata de investigaciones que no deben tener una intervención del derecho penal porque debieron haber sido resultas solo por el derecho administrativo”.

Un caso donde se pone de manifiesto este problema de enfoques es con los operativos que realiza el Alto Comisionado contra la Tala Ilegal, que se desarrollan con un enfoque administrativo. Así, quien conduce la operación es el ente administrativo y tiene que respetar las reglas fundamentales de un proceso administrativo sancionador: notificar al administrado, pedirle la documentación, el administrado tiene el derecho de defensa, si no tiene la información puede entregarla con posterioridad, etc. “Con este trabajo se ha logrado inmovilizar alrededor de 20 millones de pies tablares. Sin embargo, casi toda esta madera ha terminado siendo devuelta a sus propietarios porque la lógica administrativa no tiene medidas concretas para inmovilizar madera ilegal. Con un enfoque distinto, por ejemplo, si el Ministerio Público estuviera a cargo de esos operativos, esa madera ilegal podría ser incautada y no sería devuelta. Porque el Ministerio Público tiene mejores prerrogativas: la incautación como una de las máximas en el proceso de investigación para poder llevarse la madera y la incautación documental”, concluyó Julio Guzmán.