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Los derechos de acceso en asuntos ambientales (derecho de acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia), establecidos en el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, cada vez tienen mayor relevancia a nivel nacional e internacional. Por ello, 23 países de América Latina y el Caribe continúan trabajando en el texto del acuerdo regional sobre estos derechos.

El martes 24 de enero, se llevó a cabo la “Reunión entre períodos (virtual) del Comité de Negociación del Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en América Latina y el Caribe (Principio 10)”, cuyo objetivo fue presentar y discutir el artículo 9 del documento preliminar del acuerdo regional referente al derecho de acceso a la justicia ambiental, logrando identificar los aspectos controvertidos.

La reunión estuvo liderada por representantes de Brasil y Chile, quienes presentaron los elementos principales que conforman el artículo en discusión, tales como los mecanismos de acceso a la justicia, sus garantías, fortalecimiento de capacidades de los tomadores de decisiones, entre otros.

Además, participó Silvia Cappelli, fiscal superior de la Corte de Río Grande do Sul del Brasil, quien a raíz de su amplia experiencia en el tema desarrolló el derecho de acceso a la justicia y sus particularidades en el proceso ambiental. Asimismo, resaltó que uno de los puntos más importantes en el proceso de negociación de este artículo, es el costo del proceso ya que se debe garantizar el acceso de todos los ciudadanos, y que esto no significa que sólo se pueda acceder a la justicia ambiental mediante la interposición de procesos judiciales, sino también se debe considerar las vías administrativas.

También participaron representantes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en su calidad de Secretaría Técnica del proceso de negociación, y el público. Estos últimos presentaron sus propuestas sobre aspectos prioritarios para ejercer el derecho de acceso a la justicia ambiental de manera eficiente. Entre las principales se destaca:

• La eliminación de costos procesales, que implican en muchas ocasiones tasas, gastos por recopilación de pruebas, abogados, entre otros, por lo que se sugiere incluir la gratuidad de estos procedimientos.
• Contar con Tribunales u otros organismos independientes y especializados en materia ambiental a nivel judicial y administrativo.
• La inversión de la carga de la prueba es una buena alternativa que se debe mantener en el acuerdo regional, resultando esencial sobre todo cuando no es posible establecer precisamente las causas del daño ambiental o a la salud, o cuando existen múltiples causas para un mismo daño.

La información recopilada durante la reunión servirá de insumo para facilitar el desarrollo de la próxima reunión a realizarse en Brasilia del 20 al 24 de marzo de 2017. Podrá acceder a información sobre el desarrollo del evento y la inscripción de los participantes a través del siguiente enlace: http://negociacionp10.cepal.org/6/es/informacion-evento