El Pleno del Congreso eligió a Walter Gutiérrez como titular de la Defensoría del Pueblo (con 94 votos a favor, 27 en contra y 6 abstenciones), cargo antes ocupado por Eduardo Vega Luna desde abril de 2011, tras la salida de Beatriz Merino. Desde la renuncia de Merino, Vega y su equipo -como indica la Constitución- han trabajado “para defender los derechos fundamentales, supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal, así como la eficiente prestación de los servicios públicos en todo el territorio nacional”.

En el caso de los conflictos sociales, la Defensoría del Pueblo ha sido una institución importante que ha intervenido en diversos conflictos de trascendencia nacional. Casos como el “Baguazo”, Conga, Espinar o Tía María, son algunos de los ejemplos más resaltantes.

En todos estos conflictos (en su mayoría socioambientales), la Defensoría intervino dando alertas tempranas, siendo mediador o emitiendo recomendaciones, según el caso. Aunque en todos estos el encargado de gestionar o dar una solución ha sido el propio Ejecutivo, a través de sus sectores o de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS).

¿Por qué la Defensoría interviene en casos de conflictos? Porque en ellos “están en riesgo o se vulneran los derechos de las personas; porque la confrontación violenta afecta la gobernabilidad local, regional y nacional; porque se desfavorece las condiciones para el desarrollo; y porque se desestimula una cultura de diálogo y paz”.[1]

A continuación, algunos conflictos en los que la participación de la Defensoría del Pueblo será fundamental, como órgano especializado y como una de las instituciones nacionales con mayor credibilidad en el país.

1. Contaminación por derrames en la Amazonía

En los últimos días, diversas organizaciones indígenas de Loreto participan en una huelga indefinida debido a los últimos derrames de petróleo producidas por la rotura del Oleoducto Norperuano, operado por Petroperú. En total son 42 comunidades las que participan en esta medida de fuerza que ha tomado pacíficamente el Lote 8 ubicado en la comunidad de Saramuro y Saramurillo, en el distrito de Urarinas, a la altura de la reserva Pacaya Samiria.

La protesta, convocada por las organizaciones indígenas FEPIAURC, AKKUNACU, FECONAT, ORIAP y FEDINAPA, tiene como objetivo exigir el cambio del Oleoducto Norperuano, la revisión del contrato de Pluspetrol Norte y la remediación del Lote 192 y el Lote 8. Además exige la creación y aprobación de la “Ley de monitoreo ambiental, la compensación del Estado a los pueblos afectados por la actividad petrolera y la implementación de una Comisión de la Verdad”, con el objetivo de esclarecer los hechos de la actualidad y desde hace 40 años de la actividad petrolera en la Amazonía.

Como se recuerda, solo hasta el mes de agosto de este año, se han registrado 5 derrames de petróleo en Loreto y Amazonas, producto de la rotura del Oleoducto Norperuano.

2. Proyecto Tía María (Conflicto sin diálogo)

En el 2011 y el 2015 se realizaron dos medidas de protesta en contra del Proyecto Minero Tía María, ejecutado por la empresa Southern Perú. En ambos casos, se registraron cientos de heridos y víctimas mortales (5 civiles y 1 agente policial). La población del Valle del Tambo rechaza el proyecto porque considera que atentará contra el ambiente y la agricultura, considerada la principal actividad de la zona.

La empresa y el Estado aseguran que ya no se usará el agua del río Tambo, como al principio se tenía previsto. Luego de que se rechazó el primero Estudio de Impacto Ambiental (elaborado entre 2008 y 2009), por tener más de 130 observaciones, la empresa presentó nuevamente otro en el 2013 y en el 2014 fue aprobado, con las observaciones subsanadas, pero la población continuó rechazando el proyecto.

Según consta en el último reporte de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo, este conflicto aún carece de diálogo.

[10 puntos que debes revisar para entender el conflicto por el proyecto Tía María]

3. Proyecto Minero Conga (Conflicto sin diálogo)

Todos recordamos los sucesos del conflicto por el Proyecto Minero Conga en Cajamarca, a cargo de la empresa Yanacocha. Las protestas ocasionaron cientos de heridos y cinco fallecidos, y además ocasionó la caída del primer Consejo de Ministros del Gobierno de Ollanta Humala en el 2011.

Organizaciones las provincias de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc demandan que se declare la inviabilidad del proyecto debido a los posibles impactos ambientales y la afectación a cuatro lagunas consideradas como cabecera de cinco cuencas hidrográficas.

La Defensoría registra a este conflicto como uno en donde actualmente no hay diálogo. Entre los últimos acontecimientos figura la declaración del presidente ejecutivo de Minas Buenaventura, quien descartó la posibilidad de ejecutar el proyecto minero debido a que el precio internacional del cobre disminuyó considerablemente.

Hace poco también, Máxima Acuña, una de las mujeres que se han convertido en símbolo de la lucha contra el proyecto minero, fue ganadora del Premio Goldman, considerado el “Premio Nobel” de la ecología a nivel mundial.

4. Hidroeléctricas en la Amazonía

Durante el segundo Gobierno de Alan García, nuestro país firmó con Brasil un Acuerdo Energético, el cual incluía la construcción de grandes hidroeléctricas en la Amazonía. Desde entonces se activaron varios conflictos como los de Inambari, Pakitzapango o Tambo 40, proyectos que incluían la inundación de grandes hectáreas de nuestra Amazonía y el desplazamiento de miles de personas. La producción de energía tenía como destino el país brasilero.

Luego de intensos reclamos, algunos proyectos como los mencionados fueron paralizados, pero aún se temen sus reactivaciones. En el Congreso, recién en el 2014 la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso archivó el dictamen que pretendía aprobar dicho Acuerdo.

Mientras tanto, en el norte peruano, en Amazonas y Cajamarca, se vive un clima de tensión por la construcción de la hidroeléctrica Chadín II, que inundaría 32 kilómetros de superficie y desplazará a más de mil personas. Este proyecto es una de las 20 hidroeléctricas sobre el Marañón que el segundo Gobierno de García declaró de “interés nacional”.

5. Minería ilegal y artesanal

El problema de la minería ilegal e informal aún no ha tenido una solución clara en nuestro país. Por un lado los intentos de formalización no han sido concretados ya que las diferentes entidades de Gobierno no han trabajado de manera conjunta o no han existido los recursos necesarios para tal fin; y por otro lado, en el caso de la minería ilegal, los intentos por erradicar esta actividad han sido insuficientes ya que la minería se ha expandido en los últimos años, e incluso ha llegado a zonas frágiles como las áreas naturales protegidas.

Esto ha generado manifestaciones de algunos mineros con buena disposición a formalizarse y de otros que pretenden continuar con esta actividad en zonas no permitidas (sobre todo en la región Madre de Dios). Además, ha originado el reclamo de poblaciones indígenas cuyos territorios son invadidos, y de otras comunidades como en la Cordillera de Cóndor, donde mineros ilegales peruanos y ecuatorianos están ocupando varias hectáreas de territorio que afectan áreas agrícolas y dañan el ambiente. Lo mismo sucede en el poblado de Quincemil, en Cusco.

Este problema se repite también con fuerza en las regiones de Arequipa, Puno, Ica, La Libertad, entre otros.

6. Gestión de residuos sólidos

Los residuos sólidos han generado diversos reclamos en todo el país, debido a la mala gestión de diversas autoridades. Un claro ejemplo se ubican en Loreto, donde el botadero de Maynas se ha convertido no solo en un foco infeccioso sino que además atenta contra la biodiversidad de la Reserva Nacional Allpahuayo Mishana, el hogar de más de 500 especies de mariposas, 1000 tipos de plantas, 120 especies de reptiles.

El otro ejemplo preocupante es el del botadero de Haquira, en la región Cusco, que recibe 395 toneladas de residuos sólidos por día, provenientes de seis distritos. Los pobladores de la comunidad campesina Haquira reclaman por la contaminación y mala ubicación de este botadero, así como por la inadecuada gestión de los residuos.

Se ha proyectado que el botadero esté unos 4 años más en el lugar hasta que se construya el relleno sanitario en la comunidad de Poroy, sin embargo los habitantes de este lugar se oponen. El conflicto aún no tiene un diálogo claro, según indica la Defensoría.

7. La Oroya

Se trata de un problema que no solo tiene que ver con el futuro laboral de cientos de trabajadores del complejo metalúrgico de La Oroya, ya que se teme que no se reinicien las operaciones al 100%, sino también con un reclamo de varios ciudadanos que han sido afectados a lo largo de los años por la contaminación que generaba la planta.

Los trabajadores reclaman el reinicio de operaciones del Complejo en armonía con los estándares ambientales, con la salud de la población, para que se atienda sus problemas laborales. Mientras que otros ciudadanos reclaman que el Estado atienda a la salud de las personas y vele por el derecho de que todo peruano a vivir en un ambiente sano.

El pasado 25 de agosto, además, el Congreso de la República aprobó el proyecto de ley “que autoriza la prórroga extraordinaria a los procesos concursales que se encuentren en etapa de disolución y liquidación en marcha”.

La administradora concursal de Doe Run, Profit, podía vender las unidades de La Oroya (Junín) y Cobriza (Huancavelica) hasta el 27 de agosto del 2015. Como no se presentaron ofertas, el plazo fue extendido por el Ejecutivo 1 año más con una norma que modificó la Ley General del Sistema Concursal (Ley N° 27809).

El presidente Pedro Pablo Kuczynski ya se acercó a La Oroya para comprometerse a resolver este conflicto, sin embargo no se descartan nuevas movilizaciones.

8. Cañaris sin diálogo

Según información de la Defensoría, un sector de autoridades, dirigentes y población del distrito de Cañaris y de la comunidad campesina San Juan de Cañaris (Lambayeque) se oponen a las actividades que desarrolla la empresa Cañariaco Copper Perú S.A. por temor a una posible contaminación al ambiente. Adicionalmente la Comunidad campesina San Juan de Cañaris exige que se respete los resultados de la asamblea comunal de fecha 30 de septiembre del 2012, el reconocimiento como pueblo indígena y el respeto a sus derechos como tales.

El 8 de marzo, OEFA notificó a la empresa Cañariaco Copper Perú S.A. la R.D. N° 2824016-OEFA/DFSA. En esta se declaró la responsabilidad administrativa de la referida empresa, por el incumplimiento del instrumento de gestión ambiental del proyecto de exploración Cañariaco. Además se ordenó la implementación de medidas correctivas.

Hasta el momento, según indica la Defensoría, no se ha establecido un nuevo diálogo.

9. Espinar

Los pobladores de la provincia de Espinar (Cusco) exigen al Estado y a la compañía minera Antapaccay S.A. el cumplimiento de los acuerdos asumidos en la mesa de diálogo que concluyó en julio de 2013. Estos acuerdos están recogidos en un plan de acción ambiental y sanitaria, y en un programa de inversión.

Como se recuerda, las manifestaciones por este conflicto provienen desde el 2012. La principal exigencia era que la empresa minera eleve de 3 a 30% su aporte voluntario por utilidades anuales. Las protestas causaron cuatro muertes, ocho heridos y 76 policías agraviados.

10. Las Bambas

Según informa la Defensoría, la Federación Campesina Challhuahuacho y el Frente de Defensa de los Intereses del distrito de Challhuahuacho protestan por supuestos incumplimientos de la empresa minera Xstrata Copper (el proyecto minero Las Bambas fue adquirida por un consorcio administrado actualmente por la empresa MMG) haciendo mención a diecisiete compromisos en beneficio de las comunidades del área de influencia del proyecto. En el mes de febrero de 2015 se realizó una medida de protesta en el distrito de Challhuahuacho con una plataforma de lucha de treinta demandas dirigidas al Estado y a la empresa.

Como se recuerda, organizaciones sociales y comunidades campesinas de las provincias de Cotabambas y Grau realizaron en setiembre de 2015 una medida de protesta en el distrito de Challhuahuacho (como resultado: 3 muertos y decenas de heridos), reclamando al Estado por una presunta falta de información respecto a las modificaciones al estudio de impacto ambiental del proyecto minero Las Bambas.

[Ver además-> Las Bambas: Cinco puntos que nos ayudarán a entender el conflicto]

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[1] La Defensoría del Pueblo, a través de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad, y en coordinación con las Oficinas Defensoriales y Módulos de Atención Defensorial en todo el país, orienta la intervención defensorial para proteger derechos fundamentales y legitimar los procedimientos democráticos basados en la legalidad y el diálogo.