Escribe César Ipenza / Programa de Conservación – SPDA

En el denominado operativo Aurum I (realizado en cumplimiento del Decreto de Urgencia N° 012-2010, ampliado por el Decreto de Urgencia N° 004-2011 y modificado por el  Decreto de Urgencia 007-2011), se procedió a desmantelar las maquinarias usadas para la extracción aurífera ilegal y de graves daños sociales y ambientales, en la región Madre de Dios. Esto se realizó tras una serie de operativos contra la minería ilegal que han movilizado a cerca de 1500 efectivos policiales y de las Fuerzas Armadas.

Frente a estas acciones prosiguió la respuesta -y las amenazas- por parte de los mineros ilegales (aunque también los comerciantes, quienes se benefician de esta ilegal actividad y, por lo tanto, deberían ser considerados en las acciones y medidas que se tomen). Esto llevó, incluso, al bloqueo de la carretera Interoceánica y la realización de diversos desmanes.

Otro tema a considerar son las acciones judiciales que vienen recibiendo los responsables del operativo (Policía y Fuerzas Armadas). Sobre este punto, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional se manifestó el año pasado, precisamente cuando un grupo de mineros ilegales y dragueros solicitó la declaración de inconstitucionalidad del Decreto de Urgencia N° 012-2010 que permite la destrucción de las dragas. Esto proceso debiera ser un elemento fundamental para la defensa de nuestras Fuerzas Armadas y Policiales. A su vez, los procuradores de los diversos sectores deberían inmediatamente iniciar acciones judiciales a cada uno de los mineros que realizan esta ilegal actividad y recurren a los órganos judiciales, exigiendo la defensa de sus derechos y del Estado de Derecho sólo por conveniencia.

Fruto de estos operativos se constituyó cuatro mesas de Trabajo para el Ordenamiento Minero de Madre de Dios. En ellas vienen participando el Gobierno Regional y todas sus direcciones regionales; el Ministerio del Ambiente, SERNANP, INGEMMET, APOGORE-MINEM, OEFA, OSINFOR, CARITAS, IIAP, SENASA, AIDER, la Dirección Regional de Agricultura. Estos son los temas incluidos en cada grupo:

–         Catastro Único Regional (superposición de concesiones y «derechos preferentes» en zonas extinguidas);
–         Promoción de proyectos productivos (en todas sus etapas);
–         Desarrollo de actividades mineras en el ámbito de las Comunidades Nativas; y,
–         Problemática social relacionada directamente con la actividad minera (salud, educación, trabajo y vivienda).

En ese sentido -y en términos generales-, la actividad minera está casi paralizada, por lo que se está configurando una suerte de «Compromiso de formalización con habilitación temporal y condicionada ambiental y social» para el ámbito de la zona de aptitud minera, que bajo ninguna manera debiera extenderse o considerarse a la Zona de Exclusión Minera que incluye entre otros la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata  en La Pampa, en el los últimos meses ha sido una de las áreas con mayor impacto y deforestación en Madre de Dios.

Asimismo, no podemos dilatar las acciones, bajo pretexto o justificación de diálogo o las mesas, y tampoco pretender solucionar toda la problemática de la región, ya que, operativamente, resulta poco estratégico el pretender abarcar temas externos y no directamente relacionados a la actividad minera.

Es todo un reto que estas mesas funcionen y logren objetivos concretos de manera inmediata y de corto plazo, además de tomar en consideración a las comunidades nativas donde se vienen realizando actividades de minería ilegal, como el caso de la Comunidad Nativa Tres Islas, donde el congresista Amado Romero tendría concesiones mineras.

Finalmente, es oportuno que los otros sectores como el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, el Ministerio de Inclusión Social, y el Ministerio de Cultura, entre otros, se sumen a las acciones y cumplan el rol que les toca para –de esta manera- lograr una respuesta articulada.

Foto: agencia Andina