Escribe Jorge Caillaux / Presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental – SPDA

Artículo publicado en el boletín de Ciudadanos al Día “Limpieza, Medio Ambiente y Áreas Verdes” / Para acceder al boletín, de clic en este enlace

En materia de manejo de residuos sólidos (especialmente la basura doméstica) las estadísticas y realidades nos enfrentan a un enorme reto que por suerte significa, también, oportunidades en mejoramiento económico, de la salud y del ambiente.

Asimismo, debemos considerar que la generación de residuos sólidos es un efecto del crecimiento poblacional, su capacidad de consumo, patrones de consumo, estilos de vida, nivel de ingreso, entre otros. En el caso del área metropolitana de Lima y Callao, dichos factores se han multiplicado, siendo por ello una preocupación prioritaria la adecuada gestión y manejo de los residuos sólidos.

Las municipalidades no son ajenas a la problemática que existe relacionada a la falta de pago de arbitrios. Aún los usuarios del servicio de recolección de residuos sólidos ven a este servicio como una obligación de la municipalidad, sin tomar en cuenta la cantidad de recursos económicos que requieren los municipios para la prestación de dichos servicios.

Si salimos de Lima Metropolitana (LM) advertimos que apenas un 2% de las viviendas pagan a su municipalidad los arbitrios (servicios) de baja policía. Las rentas no pueden cobrarse y entonces en el presupuesto de los municipios fuera de LM el monto destinado a inversiones para el recojo y disposición de la basura es insignificante –salvo excepciones- y si añadimos las necesarias inversiones en rellenos sanitarios la situación es alarmante. No hay recursos propios porque se ha extendido una cultura de la pobreza que ha llevado a los municipios a recurrir a la cooperación extranjera para obtener fondos para construir rellenos sanitarios. Pensemos en cómo instaurar un mecanismo de cobro más eficiente en caso de incumplimiento: el corte de luz o de agua, cuidando que la tarifa se ajuste al costo del manejo integral de la basura es siempre una opción. No obstante, existen instrumentos alternativos.

Por ejemplo, el sistema de obras por impuestos establecido por la Ley N° 29230 (Ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado) mediante el cual la empresa privada puede financiar obras públicas debidamente aprobadas por la autoridad; mecanismo que deberíamos simplificar e impulsar agresivamente pues resuelve problemas concretos de los municipios y regiones con el beneficio de mejorar la relación entre empresa y comunidad local. De paso reduciría los niveles de corrupción pues la Sunat tiene experiencia en auditar a los contribuyentes y, sin duda, las empresas que participen conocen muy bien los costos de litigar contra ella. Finalmente, formalizar a los recicladores es otro reto en la misma dirección donde todos ganan: la economía, la salud y el ambiente.

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Foto: Thomas Müller / SPDA