Reproducimos el siguiente editorial publicado en el diario El Comercio el día de hoy por considerarlo de interés público:

¿Hidroeléctricas sin estudio ambiental?

El Poder Ejecutivo ha presentado el proyecto de ley 4335, una propuesta absurda y peligrosa que flexibiliza las exigencias ambientales para otorgar concesiones a hidroeléctricas. Así, podrán obtener una concesión definitiva pasando por alto el requisito indispensable del estudio de impacto ambiental (EIA).

Las explicaciones de los voceros del Ministerio de Energía y Minas no convencen: señalan que el EIA será exigido al inicio de la construcción del proyecto y no antes. Esto, probablemente, en el afán de atraer inversiones, pero no es dable que se generen externalidades, pasivos ambientales y daños, propios de este tipo de proyectos, que finalmente afectarán al conjunto del país.

La mano blanda y la flexibilización en temas de conservación ambiental derivan en casos como el de Doe Run, que, postergando indefinidamente su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), ha convertido a La Oroya en la segunda ciudad más contaminada del planeta.

Expertos consultados por este Diario explican que la entrega de la concesión presupone un proyecto de factibilidad que contiene los detalles de ingeniería de la futura hidroeléctrica, y que el proyecto tendría que ajustarse a los resultados del EIA. Es, pues, absolutamente necesario conocerlos antes y no después, cuando los hechos y potenciales daños ya están consumados.

La iniciativa privada, competitiva y eficiente, que estimula el crecimiento económico y genera empleo, debe ser promovida y resaltada, así como el cambio de la matriz energética, priorizando las energías limpias. Pero tales inversiones deben ser hechas con los debidos avales financieros (asunto que también pretende obviarse), y con énfasis en lograr un desarrollo sostenible, basado también en la responsabilidad social y la conservación ambiental.

¿De qué sirve fomentar el uso de energías limpias si tal instalación puede generar daños ambientales irreversibles y conflictos sociales? ¿Quién está detrás de una iniciativa que pretende desbaratar la normativa ambiental que tanto ha costado armar?

Los congresistas deben asumir su responsabilidad e imponerse para rechazar tan malhadada iniciativa que sienta pérfidos precedentes. Extraña, además, que el ministro del Ambiente, doctor Antonio Brack Egg, no se haya pronunciado hasta ahora sobre el caso.