• En el siguiente reportaje, el periodista narra la visita que hizo a la Comunidad Nativa Boca Pariamanu, para conocer el trabajo que realizan a favor de la conservación, los peligros que enfrentan y los retos que esperan concretar a favor del desarrollo sostenible.  
• Hace poco, la comunidad obtuvo -por parte del Gobierno Regional de Madre de Dios- el título de propiedad por el que tanto trabajó. 

 

Escribe Guillermo Reaño

 

Julio César Rolin Pacaya tiene 39 años y es el presidente de la comunidad nativa de Boca Pariamanu, una aldea típicamente amazónica a una hora y media, en auto y en bote, de Puerto Maldonado, en Madre de Dios, la región que alguna vez fuera sinónimo de biodiversidad extrema y que ahora libra una encarnizada batalla contra la deforestación que la aflige.

Hemos tomado un desvío en la carretera Interoceánica del Sur para aproximarnos al río Madre de Dios donde nos espera la embarcación que nos debe llevar a su comunidad. Julio César es amahuaca, un pueblo originario de las enmarañadas selvas del Purús, a más de treinta días de navegación aguas arriba del río Las Piedras.

Boca Pariamanu es la única comunidad amahuaca de la región Madre de Dios.

Mientras nos movilizamos por la trocha carretera los campos de cultivos de cacao y papaya arrasados por el fuego se suceden unos a otros: “El dueño de este predio es el que ha quemado estas tierras, anda en pleito con unos agricultores que lo invadieron, prefiere destruir lo que le pertenece antes que otros se beneficien con su trabajo”, comenta Rolin.

La tierra prometida

Madre de Dios, después de Loreto y Ucayali, es la tercera región más extensa del país. Sus 85 301 km2 de superficie territorial equivalen al 6.6% del total nacional.

Se trata de una región bastante más grande que Panamá, cuya población es menor que la que habita el populoso distrito del Rímac uno los 43 municipios que conforman Lima Metropolitana.

En ese manto verde, en apariencia infinito, la actividad económica más lucrativa es sin duda la minería. Según datos del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado, la minería vinculada al oro aluvial aporta el 49,5% del PIB regional y, junto al comercio, es la actividad que más empleos directos e indirectos genera entre la población departamental.

Sin embargo, pese al boom minero que vive la región y el crecimiento económico visible en algunos de sus centros poblados, gran parte de la población madrediosense sigue viviendo de los recursos que provienen de sus bosques.

“Nosotros vivimos de la castaña”, me dice Rolin Pacaya, ni bien desembarcamos en Boca Pariamanu. “De la castaña y de la agricultura, prosigue, nuestra comunidad está compuesta por veinte familias que trabajan de manera conjunta en los castañales y aunque el negocio rinde, hemos empezado a impulsar el desarrollo de otras actividades productivas”, agrega.

En Madre de Dios, según el Ministerio de Cultura, habitan diez pueblos indígenas: amahuacas, asháninkas, ese ejas, iñaparis, harakbuts, kichwas, matisigenkas, mashco-piros, shipibo-conibos y yines. La población de estos pueblos originarios se acerca a las 19 mil personas, lo que representa el 17.43% del total departamental.

“Nuestros abuelos llegaron a estas tierras buscando animales para cazar y pescar”, continua el presidente de Boca Pariamanu. Para los amahuacas, como para los demás pueblos indígenas de la región, el mitayar, o salir de cacería y pesca durante días o semanas, ha sido una costumbre extendida, ancestral, inevitable en unos bosques ricos en recursos.

Una vez asentados en uno de los bordes del río Las Piedras, los amahuacas de Boca Pariamanu, expertos cazadores de huanganas y hábiles pescadores, decidieron constituirse en comunidad nativa, un modelo de organización vigente en la Amazonía peruana por lo menos desde la Reforma Agraria del gobierno militar de Velasco Alvarado (1968-1975).

Según la legislación nacional, las comunidades nativas de la Amazonía peruana “tienen origen en los grupos tribales de la selva y ceja de selva” y están constituidas por conjuntos de familia cuyo idioma, territorio e identidades culturales y sociales son los mismos.

La tierra nuestra de cada día

“Río arriba, fuera de los límites de nuestra comunidad, hay un campamento minero grande, muy grande, que hemos empezado a llamar Pequeña Pampa de Pariamanu, allí sí que rige la ley de la selva, ellos son los que contaminan el río”, nos dice Alberto Inuma, amahuaca como Rolin y representante del entusiasta comité de turismo que la comunidad ha creado para impulsar la actividad.

“Todos nuestros vecinos tienen problemas de linderos, si no es con los mineros de La Pampa, es con los madereros ilegales o los agricultores que han venido de la sierra. Felizmente nosotros estamos a un paso de conseguir que nuestros títulos de propiedad por fin sean reconocidos por el Estado”, continua Inuma.

En efecto, la comunidad de Boca Pariamanu recibió en 1992 de una oficina del gobierno encargada de la titulación de predios rurales, los documentos que reconocían la titularidad sobre las 4,574.46 hectáreas que ocupaban; se trataba, se dieron cuenta al poco tiempo, de un título mal referenciado, que no les servía de mucho para luchar contra los invasores que continuamente ingresaban a sus tierras para llevarse los recursos del bosque.

Lo que viene ocurriendo en Madre de Dios es lo mismo que sucede en casi todas las regiones del país: a menos de tres años de la celebración Bicentenario de la Independencia nacional no está claro en el Perú quién es el propietario real del suelo donde se vive y se trabaja con tanto esfuerzo.

El otorgamiento de títulos de posesión se ha venido dando –nos informaron los especialistas en titulación de tierras que consultamos en Puerto Maldonado– de manera desordenada, sin ninguna coordinación sectorial, privilegiando los petitorios mineros y agrícolas y, para colmo de males, sin contar con un catastro regional unificado.

La presión que ejerce el arribo al departamento de una migración creciente que en el caso de Madre de Dios alcanza un promedio anual de 4,8%, uno de los más altos del país, es el detonante de un escenario social que perjudica principalmente a las comunidades indígenas que no pueden defender la titularidad de sus territorios por la incapacidad de afrontar el oneroso proceso de saneamiento legal que el Estado exige para que se hagan valer sus derechos.

Como se sabe, la falta de seguridad jurídica en la región aumenta el riesgo de deforestación y la consecuente pérdida de las coberturas boscosas que sirven para el almacenamiento de carbono que se necesita y resultan claves para combatir el cambio climático que nos agobia. Según una importante ONG conservacionista, el año pasado se perdieron en la Amazonía peruana 150 mil hectáreas de bosques.

Reportes de proyectos independientes como los del MAAP (Monitoring of the Andean Amazon Proyect), indican que solo entre abril del 2016 y setiembre del 2017 se destruyeron en la zona minera de La Pampa 560 hectáreas de bosques; siendo el estimado de deforestación para todo el departamento de Madre de Dios en el año 2017 de 20,800 hectáreas.

Una luz en medio del bosque

Pasé toda la mañana observando la faena comunal que los directivos de Boca Pariamanu convocaron para construir entre los asociados el almacén donde acomodarán las castañas que se recolectarán durante la campaña que se avecina. La de este año, sin duda, fue muy exitosa: la comunidad logró cosechar 1500 barricas de castañas que colocaron en el mercado local a más de 450 soles cada una.

Hombres y mujeres de rasgos nítidamente indígenas y uno que otro mestizo sudaban la gota gorda colocando los maderos del piso de la nueva infraestructura comunitaria.

Me lo había comentado el propio Rolin Pacaya, a pesar de autodefinirse como una comunidad castañera, los pobladores de su comunidad hace buen tiempo que decidieron involucrarse en el desarrollo de proyectos de agroforestería, acuicultura y turismo.

“Hemos entendido que podemos vivir del bosque sin destruirlo, para ello necesitamos tener nuestros territorios totalmente en regla”, señala Rolin.

Sanear el territorio

“La formalización de la propiedad rural en el Perú ha sido entendida por los gobiernos de turno como una vía para incrementar la producción agraria”, explica Silvana Baldovino, directora del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).

Su institución, consciente del desafío que implica ordenar la tenencia de la tierra en la región, asumió el reto de ejecutar el proyecto “Seguridad de la tierra para los pueblos indígenas”, una iniciativa auspiciada por el Fondo Internacional para la Tenencia de la Tierra y los Bosques que busca precisamente garantizar los derechos territoriales de los pueblos indígenas y las comunidades locales.

Según datos del mencionado fondo, más del 50% de la superficie del planeta es administrada por estas poblaciones, las que suelen ser marginadas de las decisiones que se toman en los centros de poder.

Paradójicamente estos pueblos, lo han advertido los científicos que estudian el cambio climático, actúan como verdaderas “fronteras vivientes para controlar la deforestación y sus prácticas de supervivencia son totalmente compatibles con la conservación de la naturaleza”.

A pesar de todas las evidencias a favor del manejo apropiado de la tierra que les pertenece desde tiempos inmemoriales, los pueblos indígenas y comunidades locales, un universo de 1500 millones de personas, tienen una propiedad legal, formal, sobre sus territorios extremadamente precaria:  solo el 10% de sus tierras están debidamente tituladas, situación que por cierto los condena irremediablemente a la pobreza, la degradación ambiental y a la pérdida de sus derechos fundamentales.

En nuestro país, afirma Silvana Baldovino, las instancias gubernamentales encargadas de impulsar la titulación de las tierras rurales han ido cambiando a lo largo del tiempo. Y también, lamentablemente, el interés del Estado en dar solución a un problema histórico que afecta principalmente a las poblaciones más vulnerables de nuestro país.

Sucede, como nos lo manifestó la especialista “que uno de los principales problemas que tiene el Perú es que no se reconoce como país indígena”.

De allí el interés del proyecto que impulsa su institución en fortalecer el trabajo y las competencias de los funcionarios que laboran en las oficinas técnicas encargadas de este tema en los gobiernos regionales y favorecer el empoderamiento de las federaciones indígenas. “Son ellas las que tienen que liderar el proceso de titulación y tienen que hacerlo bien”, nos dijo.

[Leer además ► Titular la tierra para combatir la deforestación]

Volver a las raíces

A la fecha, el proyecto ha logrado asegurar la tenencia de la tierra de 19 comunidades nativas en Madre de Dios y Loreto, un departamento amazónico cuyas tierras y bosques están siendo amenazados por el turismo, la minería, la producción de petróleo, la tala ilegal y los proyectos de infraestructura.

“Ha sido un proceso largo y muy complejo”, nos cuenta Julio César Rolin Pacaya mientras almorzamos en su casa en las proximidades de la escuela de la comunidad. “Las brigadas que conformamos tuvieron que recorrer más de una vez los linderos de la comunidad para georreferenciar cada uno de nuestros límites y colocar los hitos que se necesitan para dejar bien claro que es lo que es nuestro para que nadie nos lo quiera quitar”*, agrega.

El uso de instrumentos de topografía clásico, por no decir el abuso en la utilización de la huincha y el “ojímetro”, que generaron inexactitudes en los límites y la falta de claridad sobre los pasos a seguir para registrar apropiadamente la propiedad indígena han jugado en contra de las comunidades nativas de Madre de Dios.

Según datos recogidos por los técnicos de la SPDA en el año 2014 la región reportaba 627 casos de superposición de derechos sobre los territorios de sus comunidades nativas; algunos de ellos, como en el caso de las comunidades de Puerto Luz y San José de Karene, se trataba de problemas de límites entre las propias comunidades.

El trabajo de los consorciados –el Gobierno Regional de Madre de Dios y la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad)– ha logrado fortalecer también los sistemas de protección de los pueblos indígenas que viven en aislamiento voluntario en la Reserva Territorial de Madre de Dios, un área de protección de 800 mil hectáreas.

“Estamos esperando que el Gobierno Regional refrende nuestro título de propiedad, con los papeles en regla vamos iniciar los trámites para la creación de un Área de Conservación Privada al interior de nuestro territorio. Ya tenemos hasta el nombre, la llamaremos Nihii Eupa Francisco (en español Bosque Papa Francisco)”, termina de decirnos Rolin Pacaya mientras saluda a sus dos hijos mayores que han vuelto de la escuela.

Ni un paso atrás

“Se trata de un trabajo institucional que ha ido escalando en el tiempo, empezamos con un proyecto piloto que intentaba resolver conflictos históricos entre las comunidades de Madre de Dios, una de ellas Infierno, para trabajar posteriormente con el gobierno regional y después con la Fenamad”, remarca Silvana Baldovino. Ahora los equipos de la SPDA vienen impulsando el desarrollo de las capacidades técnicas de dos ministerios peruanos y dos organizaciones indígenas de nivel nacional.

“Queremos dedicarnos al turismo, nuestro territorio tiene abundante fauna y paisajes espectaculares”, me dice Rolin. Vamos camino al embarcadero natural de la comunidad donde nos espera la embarcación que nos va a trasladar a Puerto Maldonado. Nos hemos encontrado en el camino con la profesora de la escuela unidocente de la comunidad: “Me llamo Elizabeth Armengod, me gustaría que se sepa que esta comunidad es ejemplar, lo deciden la asamblea lo cumplen. Trabajo aquí desde el año 2004, conozco a los padres del Julio César, ellos han sabido cuidar como nadie sus bosques”.

Rolin Pacaya se mata de risa. Sabe muy bien que lo que me comenta la profesora de sus vecinos es verdad.

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* El pasado 28 de noviembre, obtuvo de parte del Gobierno Regional de Madre de Dios el ansiado título de propiedad.