- El pasado 29 de julio, el Ministerio de Relaciones Exteriores remitió al Congreso de la República la documentación relativa al Acuerdo de Escazú para su aprobación en pleno por ser conveniente a los intereses del país.
El expediente del «Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe», más conocido como Acuerdo de Escazú, ya se encuentra en trámite en el Congreso de la República. De acuerdo con el marco legal peruano, el pleno del congreso deberá aprobarlo para que pueda ser ratificado e implementado por el gobierno. Se espera que sea derivado a la Comisión de Relaciones Exteriores del parlamento una vez esta sea conformada para la elaboración de su dictamen.
El documento remitido al Congreso mediante Proyecto de Resolución Legislativa 4645/2019-PE con fecha de recepción del 5 de agosto, recoge las opiniones de la Defensoría del Pueblo, Poder Judicial, Ministerio Público – Fiscalía de la Nación, Presidencia del Consejo de Ministros, así como de 10 ministerios: Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Agricultura y Riego, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Cultura, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Salud, Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Ministerio de la Producción y Ministerio de Relaciones Exteriores.
Consenso favorable entre sectores
El informe del Ministerio de Relaciones Exteriores que resume las opiniones técnicas de los sectores y de otras entidades del Estado, establece que no hay opiniones que se oponen a la aprobación del Acuerdo de Escazú. Por el contrario, varias instituciones declaran que el espíritu del Acuerdo guarda coherencia con las políticas públicas del país y que constituirá un impulso importante para asegurar la implementación y mejora de distintas leyes y herramientas que garantizan la aplicación de los derechos de acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales.
La Defensoría del Pueblo concluye que el Acuerdo de Escazú «es de suma importancia para el Perú, ya que reforzará el compromiso del Estado peruano con la garantía de los derechos de acceso y, al mismo tiempo, con la protección de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, pilares para lograr un desarrollo respetuoso del país«.
[Puedes leer: Opinión | En defensa del Acuerdo de Escazú / Alicia Abanto – Defensoría del Pueblo]
Por su lado, el Poder Judicial, resaltó su importancia «para la mejora de los derechos de los ciudadanos a la información ambiental, la participación en toma de decisiones y el acceso eficiente a la justicia ambiental. Mientras tanto, el Ministerio Público concluye que el Acuerdo «no colisiona con el ordenamiento jurídico interno en las materias de su competencia, y su implementación no requerirá de la asignación de un presupuesto especial para la entidad«. Además, resalta que es el «primer instrumento internacional que tiene como eje la protección de la persona en el desarrollo de acciones relacionadas con la especialidad ambiental ante el Estado».
En tanto el Ministerio del Ambiente, sector promotor de la firma y ratificación menciona que uno de los beneficios de la ratificación del Acuerdo será «el fortalecimiento del mandato de implementación de los tres derechos de acceso los cuales, si bien se encuentran recogidos en la legislación nacional y normativa internacional vinculante para el Perú, encuentran elementos en el Acuerdo que fortalecen su implementación y aplicación”.
Proyecto de Resolución Legislativa N° 4645 – 2019-PE by spdaactualidad on Scribd
Ruta hacia la ratificación
El procedimiento de ratificación de instrumentos internacionales inicia desde su suscripción, por el presidente de la República, hasta la emisión del Decreto Supremo de ratificación que formaliza la aprobación del poder legislativo. En promedio, este proceso puede tomar entre uno o dos años, de acuerdo con las experiencias previas con la ratificación del Acuerdo de París y el Protocolo de Nagoya.
A la fecha, Guyana ha completado el proceso de ratificación del Acuerdo de Escazú; y Bolivia y Uruguay ya cuentan con la aprobación en sus instancias legislativas quedando pendiente solo la formalización de la ratificación. Para que el Acuerdo pueda entrar en vigor, se necesita la ratificación de 11 países.
El proceso de ratificación en el Perú inicia con la suscripción del Acuerdo y con el envío del expediente del Acuerdo al Congreso para su aprobación, el cual inicia en la Comisión de Relaciones Exteriores, comisión encargada de recibir las propuestas de ratificación de todos los tratados e instrumentos internacionales.
La Comisión deberá elaborar un dictamen con las consideraciones favorables a tomar en cuenta para su debate en pleno. Para ello, podrá recibir y tomar en cuenta opiniones de entidades del estado y de la sociedad civil. Finalmente, el dictamen será discutido en el Pleno del congreso en donde necesitará ser aprobado para que pueda ser ratificado por el Presidente de la República.
Con la finalidad de contribuir a la difusión del Acuerdo de Escazú y generar conocimientos a la ciudadanía, desde la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) junto al Ministerio del Ambiente (Minam) elaboró el siguiente material gráfico que muestra la ruta de ratificación del Acuerdo:
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