• La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) resalta tres temas prioritarios: titulación de territorios, promoción de la economía indígena, y la protección pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial.

 

Cada 9 de agosto se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas en conmemoración de la primera reunión del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Poblaciones Indígenas celebrada en Ginebra en 1982.

En el mundo, según Naciones Unidas, existen unos 5 mil pueblos indígenas que habitan en 90 países y hablan la mayor parte de las 7 mil lenguas existentes. Estos grupos humanos contribuyen con la diversidad y riqueza de las civilizaciones y culturas, pero pese a su importancia figuran entre los sectores más vulnerables y perjudicadas de nuestra sociedad.

La protección de sus derechos ha sido materia de diversos instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

¿Por qué es importante esta fecha para Perú?

Según el último Censo Nacional realizado el año 2017, el 25.80% de la población peruana mayor de 12 años se identifica como parte de algún pueblo indígena u originario (5 millones 985 551 personas). Según cifras del Ministerio de Cultura existen 55 pueblos indígenas, 51 son originarios de la Amazonía y 4 de los Andes y se hablan 48 lenguas indígenas u originarias.

En los últimos años, se han dado importantes avances a nivel de institucionalidad y cumplimiento efectivo de derechos fundamentales para la población indígena; sin embargo, aún quedan algunos aspectos que deben ser atendidos en el corto plazo por el Estado, para así continuar mejorando la calidad de vida los pueblos indígenas.

En este artículo presentamos tres puntos priorizados desde la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) considerados claves para avanzar en el reconocimiento de la importancia de los pueblos indígenas y el cumplimiento efectivo de sus derechos colectivos.

1. Cierre de la brecha de titulación

La titulación de tierras de comunidades nativas es una deuda histórica que tenemos como país y así lo ha reconocido el presidente Martín Vizcarra: “De aquí a dos años tenemos que terminar de titular a todas las comunidades. Lo que no se ha hecho en un siglo se debe hacer en dos años y lo vamos a hacer”, señaló en mayo de este año en Loreto.

Hasta la fecha, se han titulado aproximadamente 800 comunidades nativas y queda pendiente titular 650 comunidades con un territorio aproximado de 20 millones de hectáreas.

Al respecto, Silvana Baldovino, directora del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la SPDA comentó que “se ha identificado la brecha respecto de los pueblos indígenas reconocidos como comunidades nativas, pero queda pendiente el caso de los pueblos indígenas que aún no han sido reconocidos, comunidades nativas que solicitan ampliación de su territorio y la actualización de todos los planos que no han sido actualizados y que faltan georreferenciar para reducir amenazas en sus territorios”.

“La meta final es dotar a los pueblos indígenas de seguridad jurídica para que puedan liderar su propio desarrollo”, acotó Baldovino.

[Mincul: En Perú existen 7 mil indígenas que viven en aislamiento o contacto inicial]

2. Promover la economía indígena

“La seguridad jurídica de los territorios indígenas es el primer paso para avanzar en el desarrollo de alternativas sostenibles desarrolladas por y para los pueblos indígenas que les permitan mejorar sus condiciones de vida de acuerdo con lo que han acordado en sus planes de vida”, comentó Silvana Baldovino.

La economía indígena se basa en la diversidad, conocimientos, conservación y saberes ancestrales que permiten el uso y manejo de la biodiversidad para la producción, recolección e intercambio con otras comunidades y con el mundo no indígena.

El ciclo productivo de un bien tiene distintas etapas como son la: extracción, transformación, distribución y comercialización. Por ello, resulta clave que el Estado promueva las condiciones necesarias para el desarrollo productivo en el país.

3. Protección de pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial

El Ministerio de Cultura ha señalado que en la actualidad 7 mil peruanos se encuentran en situación de aislamiento y contacto inicial (PIACI), los cuales viven distribuidos en 18 pueblos indígenas reconocidos.

Uno de los grandes pendientes es establecer mayores y mejores condiciones para asegurar la protección y los derechos de los PIACI, salvaguardar su vida y existencia. Para la protección de estos pueblos, el Estado peruano ha dispuesto la constitución de reservas indígenas y territoriales, cuyas áreas son intangibles. Actualmente, existen cinco reservas, las cuales suman cerca de 3 millones de hectáreas de bosque a favor de estos pueblos. Asimismo, existen cinco solicitudes de creación de reservas indígenas, la cuales se encuentran en proceso de categorización.

El último año se decretó dos normas favorables para la protección de los PIACI. Por un lado, la aprobación del Decreto Supremo 005-2018-MTC, que específicamente establece que los proyectos de infraestructura vial a cargo del Gobierno Nacional y de los gobiernos regionales y locales, se deben desarrollar en cumplimiento con la normativa ambiental y de PIACI. La norma también ordena actualizar el Sistema Nacional de Carreteras (SINAC), excluyendo los proyectos que atraviesen Reservas Territoriales o Indígenas.

Por otro lado, se aprobó el Decreto Legislativo 1374, el cual otorga facultades al Ministerio de Cultura para sancionar a quienes infrinjan la Ley 28736, Ley para la protección de los PIACI. De esta manera, el Ministerio de Cultura no solo puede velar por estas poblaciones y las reservas en las que viven, sino que también puede fiscalizar y sancionar a quienes ingresen ilegalmente a las Reservas Territoriales y Reservas Indígenas.

“El reto es seguir trabajando en la protección de los PIACI y para ello hay que seguir fortaleciendo a nivel normativo y con monitoreo en campo, para reducir amenazas. Es importante que no solo el Ministerio de Cultura sino el Estado en general asuma la responsabilidad de proteger a esta población que se encuentra en extrema vulnerabilidad”, concluyó Silvana Baldovino.