Esta tarde, la Comisión de Constitución y Reglamento aprobó, por mayoría, un dictamen por el que se allana a las observaciones realizadas por el Poder Ejecutivo al proyecto de Ley del Derecho a Consulta de los Pueblos Indígenas.

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Ejecutivo observó Ley de Consulta / (23/06/2010)
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La sesión de la Comisión, presidida por Mercedes Cabanillas (PAP), sometió a votación un texto que acepta los cuestionamientos del Ejecutivo y en que se indica que “la finalidad de la consulta es alcanzar un acuerdo entre el Estado y los pueblos indígenas u originarios a las medidas legislativas o administrativas del Ejecutivo que les afecten directamente, a través de un diálogo intercultural que garantice su inclusión en los procesos de toma de decisión”.

Votaron a favor del dictamen de allanamiento nueve legisladores: Alda Lazo (AN), José Vargas (PAP), Raúl Castro (UN), Javier Bedoya (UN), Javier Valle Riestra, Santiago Fujimori, Mauricio Mulder, Wilder Calderón y Martha Moyano.

En contra lo hicieron los congresistas Daniel Abugattas (GPN), Marisol Espinoza (GPN), Víctor Mayorga, Víctor García Belaunde y Edgard Reymundo. Se abstuvo el congresista Aldo Estrada.

EL DEBATE

Durante la sesión, el congresista Santiago Fujimori (GPF) sostuvo que el Convenio 169 es una herramienta de solución de conflictos “en donde se diferencia el concepto de consulta del de participación”. “Ahí se establece consulta, solo cuando se trata de traslado y tierras. Es un exceso instaurar un derecho a veto o la obligación de consultar todos los temas”, expresó.

A su turno, Mauricio Mulder (PAP) afirmó que las observaciones realizadas por el Poder Ejecutivo apuntan a la integración y no a la segregación.

De opinión diferente fue María Sumire (GPN), quien aseveró que “el Convenio 169 es de obligatoria implementación. Se trata de un tratado sobre derechos humanos con rango constitucional. Las observaciones del Ejecutivo son inconstitucionales y representan un pésimo antecedente jurídico para el Congreso y el país”.

El legislador Víctor Mayorga (GPN) manifestó que el derecho al veto no es una figura que se encuentre fuera de la legislación internacional o nacional. “Existe derecho al veto en las Naciones Unidas y el propio Ejecutivo lo tiene cuando observa las leyes. De lo que se trata es que esté regulado”.

“Por ejemplo, cuando se quiere que un ducto de gas pase por debajo del santuario de Megantoni en Cusco, los pueblos y las comunidades tienen derecho a que se les pida su opinión, se les consulte e incluso que puedan vetar esa decisión, pues les afecta directamente”, precisó.

Sin embargo, la congresista Martha Moyano (GPF) señaló que no pueden existir imposiciones de una cultura a otra, y solicitó que el dictamen incluya una disposición que indique que el INDEPA es el organismo que se encargará de organizar las consultas.

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Foto: Congreso de la República